QUEJA AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ SOBRE LOS CENTROS DE MENORES

Chamizo estudia la situación

CGT denuncia desatención de los niños acogidos por la Junta.

10/01/2007 ANA ROMERO, DIARIO DE CORDOBA

La sección sindical de CGT en la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social ha enviado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sobre la situación de los centros de protección de menores de la Junta en Córdoba. Como ya informó este periódico, CGT denuncia desatención de los niños acogidos en estos centros por la falta de plantilla de los mismos, al tiempo que critica el "incumplimiento de la normativa por parte de la dirección política y técnica de la Delegación y una nefasta política de gestión de personal".

En el texto de la queja al Defensor, al que ha tenido acceso este diario, se afirma que ninguno de los tres centros de menores tiene proyecto educativo y se destaca que "por motivos de compensaciones de horarios los sustitutos están solos en los centros, contando con el apoyo de la poquísima plantilla con experiencia que aún permanece en los mismos". Según CGT, con esta situación "la finalidad de estos centros se desvirtúa, porque sin proyecto educativo ni personal no tienen sentido", al tiempo que señalan que "los centros se mantienen por la dedicación de los trabajadores, a pesar de las trabas que se ponen desde la dirección política y técnica".

También se asegura en la queja que se están vulnerando los derechos fundamentales de niños en riesgo social, ya que "no son atendidos en algo tan fundamental como una evaluación para determinar necesidades educativas especiales". Otra crítica se refiere a la ausencia de un médico pediatra en el centro de primera acogida, en el que residen 12 bebés y siete niños más mayores, "lo que provoca numerosas salidas a consultas médicas que dejan aún más mermada la escasa plantilla".

El escrito añade que el jefe de servicios generales y personal de la Delegación ha asegurado a la sección sindical que "los centros se privatizarían en 2008". A este respecto, fuentes del sindicato critican que "debería garantizarse un servicio público de calidad pero asistimos a una labor continuada para destruirlo y justificar la privatización".