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Ley Rhodes
El Congreso aprueba por una holgada mayoría absoluta la primera ley de
protección a la infancia frente a la violencia
La norma recoge que el
plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a
correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, establece la
obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la
revictimización y elimina la aplicación del falso Síndrome de Alienación
Parental, entre otras medidas.
Varios niños juegan en un parque infantil en una imagen
de archivo. —
Salvador Sas
/
EFE
Pilar Araque Conde, 15
de abril 2021
El Congreso ha dado luz verde por 268 votos a
favor, 57 en contra y 16 abstenciones la ley orgánica de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la
primera norma en el ámbito estatal que protege a los menores frente a las
distintas formas de violencia. La iniciativa legislativa, impulsada por el
Ministerio de Derechos Sociales con Pablo Iglesias al frente, "se ha
enriquecido" durante su tramitación en la Cámara Baja con la incorporación
de más de 200 enmiendas, de las cuales más de 70 han sido transaccionadas.
El texto de la nueva Ley Rhodes,
bautizada así por el pianista James Rhodes —víctima de abusos
sexuales cuando era niño—, prohíbe la aplicación del falso Síndrome de
Alienación Parental (SAP), una teoría acientífica que se utiliza en
procesos de separación para retirar la custodia de los hijos a las madres;
elimina la posibilidad de la guarda conjunta en caso de que existan indicios
de violencia de género; e incluye un nuevo artículo específico para proteger
a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito
familiar.
"Pronto esta ley esencial va a ser una realidad
efectiva y va a proteger un derecho fundamental: el de los niños y niñas que
viven en nuestro país a tener una vida segura, libre de violencias, una vida
que les permita ser felices", ha enfatizado la ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030,
Ione Belarra,
que ha pronunciado sus primeras palabras desde la tribuna de oradores como
responsable de este departamento.
"Ninguna persona tiene
derecho a violentaros, a agrediros, a haceros daño. Ninguna persona, ya sea
un adulto o un compañero/a de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestro
cuerpo sin vuestro consentimiento. Si alguien os hace daño en casa, pedid
ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en
casa. Tenéis derecho a una vida digna, segura y feliz sin que nadie os haga
daño, tampoco a través de las redes sociales. Si alguien trata de haceros
sentir culpables por lo que os ha pasado quiero que escuchéis atentamente
mis palabras: nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid ayuda
porque alguien va a ayudaros", ha sostenido.
Belarra ha recordado algunos datos
"escalofriantes" sobre la violencia hacia la infancia, "una realidad que
genera mucho malestar y que demasiadas veces no hemos querido ver como
sociedad". En esta línea, en el año 2019, el 46,2% de las víctimas de los
delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron menores de edad
(7.250 víctimas identificadas), según fuentes del Ministerio de Interior. En
2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia contra menores en el
ámbito familiar, aunque las alertas por sospechas superaron las 16.700
notificaciones.
La ministra de Derechos Sociales también ha
puesto el foco sobre los abusos hacia niños encubiertos en el seno de la
Iglesia católica, unas declaraciones que han despertado el recelo de la
bancada del grupo popular. "Sé que esto es una verdad incómoda pero no
estamos aquí por la comodidad, estamos aquí para hacer algo por los niños y
niñas", ha respondido Ione Belarra.
Lucía Muñoz, la
portavoz de Unidas Podemos en la ley de infancia, ha pedido a su socio
de Gobierno, el PSOE, que reconsidere su decisión de votar en contra de dos
enmiendas transaccionadas para reforzar la prohibición de los desahucios
a familias con menores a cargo (el actual redactado del texto trata ese
asunto de forma muy escueta) e impedir la entrada de los niños a los
espectáculos taurinos. Estas propuestas, ha añadido, se alcanzarán
cuando el grupo socialista "decida cumplir con las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño".
La diputada del PSOE Sonia Guerra ha
afeado el negacionismo de Vox (también) sobre esta violencia hacia
los niños y adolescentes, a pesar de los datos contundentes en relación a
este problema multidimensional. El partido de extrema derecha ha votado en
contra de la norma porque, según sus palabras, "amenaza a la familia" y
"mancha la infancia de ideología del género". Sin embargo, la parlamentaria
socialista ha señalado que su oposición a la ley obedece a la "defensa de
los verdugos", como ocurre con la violencia machista.
Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, ha
sacado a la palestra la lacra de una de las peores formas de violencia en
este país que afecta especialmente a los menores: la pobreza. Un reto
que tendrá que enfrentar esta iniciativa legislativa, pensada a su vez para
garantizar la protección de esta población. "Hay que avanzar en medidas
sociales a la infancia".
La portavoz de EH Bildu
en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha explicado que los cinco diputados
del grupo se han abstenido porque la norma "obvia la violencia
institucional" y convierte a los servicios sociales en "agentes de la
autoridad". También porque la ley supone una "invasión de competencias".
Este último argumento ha sido el mismo que ha esgrimido el PNV para
justificar su voto en contra. Si bien, la ley ha recibido un amplio
respaldo, superando la mayoría de tres quintos de la Cámara Baja. El texto
pasará ahora al Senado para una segunda revisión y, en caso de que se
incorporen enmiendas al texto, la ley tendrá que volver al Congreso para ser
ratificada.
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