La
Plataforma por los Derechos Trans ha hecho pública su condolencia a los
familiares de Alan, un joven de 17 años que se ha quitado la vida en
Barcelona tras sufrir acoso escolar por su condición de transexual.
Había sido uno de los primeros autorizados a cambiar su nombre en el DNI
en Cataluña. En este contexto, la plataforma ha recordado que según
estudios realizados por Newton Massachusetts Education Development
Center y National Center for Transgender Equality/National Gay & Lesbian
Task Force, ambos hechos públicos en 2010, el 83 % de los menores
transexuales piensa en el suicidio y el 41 % lo intenta.
"Es responsabilidad de toda la sociedad evitar situaciones de
discriminación, pero los poderes públicos tienen la obligación de
garantizar el libre desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos,
social, familiar y educativo", apunta este colectivo en un comunicado.
Por ello, desde la Plataforma recuerdan que la Constitución española
establece en su artículo 10, que la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la
personalidad, son fundamento del orden político y de la paz social.
Por su
parte, tanto el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos como el 8 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales proclaman el derecho
a la vida privada, "en la que nadie debe ser objeto de injerencias
arbitrarias". La jurisprudencia española y de otros países, y el propio
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoce estos derechos y valores
a las personas cuya identidad sexual no coincide con la que se les
asignó erróneamente al nacer.
"Los menores también son titulares del derecho a la identidad sexual.
Fueron excluidos expresamente de la Ley 3/2007 registral de cambo de
nombre y sexo, lo que lejos de atender a su interés superior tal y como
impone a los órganos legislativos la Convención sobre los Derechos del
Niño, se les obstaculiza el respeto a sus derechos fundamentales, que
son menoscabados al obligarles a exponer públicamente que su nombre y
sexo registral no coinciden con el que sienten y muestran", expone la
plataforma en su escrito.
También
cita la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, tras su reforma por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, que establece, como uno de los principios rectores de la
actuación de los poderes públicos en relación con los menores, el libre
desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad
sexual. "Como se ha expuesto, sólo reconociendo el derecho a la
identidad sexual autopercibida, será posible que el desarrollo de la
personalidad de los menores conforme a su identidad sexual sea
verdaderamente libre", agrega la plataforma.
Por ello, exige "urgentemente" un cambio en la Ley 3/2007, que incluya a
los menores y se elimine cualquier procedimiento o requisito médico, que
coarte la identidad libremente determinada. "La sociedad, los medios de
comunicación, las familias, los poderes públicos, han de velar por los
derechos, el respeto y la diversidad de la ciudadanía, si no, estaremos
construyendo una sociedad enferma, y la transfobia en una enfermedad que
mata", agregan. Finalmente, exigen a los políticos un consenso en la
tramitación urgente de una Ley Estatal de Transexualidad y de contra
los delitos por LGTBifobia.