La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Podemos, Irene Montero, y la diputada por Navarra, Ione Belarra, han presentado la propuesta de Podemos para la creación de una Comisión Legislativa Permanente de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CPDIA) esta mañana, en el Congreso de los Diputados. En su comparecencia ante los medios, han estado acompañadas por la socióloga especialista en derechos de la infancia y evaluadora de políticas Marta Martínez y la especialista en políticas de infancia y protección de la infancia Àurea Ferreres, asesoras de Podemos en esta materia, y por los miembros del Equipo de Infancia de Podemos Adrián Bustos y David Penado.

La iniciativa ha sido presentada en Registro y a los distintos grupos parlamentarios, así como a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la infancia.

Estas entidades vienen alertando desde que comenzó la crisis de la más que preocupante situación que vive la infancia en nuestro país, y reclaman para este colectivo la atención que merece tanto dentro como fuera de las instituciones.

Se calcula que el 30,5% de niñas, niños y adolescentes de nuestro país están en riesgo de pobreza (2015), y el 35,8%, en riesgo de exclusión social. España tiene la segunda tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, sólo por detrás de Rumanía.

En España existen 8.300.000 niñas, niños y adolescentes (el 17,9% de la población), que no votan, pero cuyos derechos están reconocidos por el marco legislativo nacional e internacional, y, por tanto, deben poder ser ejercidos de manera real y efectiva sin distinción de ningún tipo.

Desde Podemos creemos que la infancia y la adolescencia deben encontrar un compromiso permanente y al más alto nivel en las instituciones públicas, especialmente en el Congreso de los Diputados.

Por eso proponemos la creación de una comisión, un espacio de trabajo estable y permanente en el Congreso de los Diputados que tenga como objetivos y funciones:

1. Blindar las partidas presupuestarias dedicadas a infancia.

2. Apostar por un Pacto de Estado por la Inversión en la infancia, con un paquete específico de medidas urgentes contra la pobreza infantil y la exclusión social, e igualar la inversión a la media europea (en España es del 1,4%; la media europea se sitúa en el 2,3%).

3. Poner en marcha una Ley Integral de Protección contra todas las Formas de Violencia hacia la Infancia.

4. Enmarcar desde un enfoque global el trabajo de las diferentes instituciones que tienen competencias en el sector.

5. Asegurar que se concede a las políticas de infancia la importancia que merecen.

6. Concentrar los debates encaminados a elaborar políticas públicas que garantizan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

7. Trabajar en la promoción de una cultura de defensa de los Derechos de la Infancia como imperativo ético y de derecho, de acuerdo a los estándares internacionales más elevados.

8. Hacer posible la transversalización de la mirada de la infancia al resto de políticas desarrolladas desde las instituciones.

9. Garantizar que todo el desarrollo legislativo está alineado con el Interés Superior de la Infancia y el enfoque de los derechos del niño.

10. Velar por el adecuado seguimiento y evaluación independientes de la inversión en la infancia y los recursos específicos, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación.

11. Abrir un diálogo permanente con la sociedad civil d el conjunto del Estado, en especial con las organizaciones de infancia, a fin de que las propuestas de los niños y niñas y los problemas que afectan a la infancia y adolescencia española puedan ser incluidos en la agenda permanente del Congreso.

12. Ejercer la necesaria función de control al Gobierno en materia de infancia e informar con carácter previo los proyectos de ley que regulen materias que afectan al bienestar de la infancia.