LA TRIBUNA

Tegucigalpa (Honduras)
 

Según Casa Alianza: Un fiasco la reducción de la violencia

12 diciembre, 2013

A pocos días de concluir la administración del Presidente Porfirio Lobo Sosa, está claro que su estrategia para la reducción de la violencia fracasó, establece un informe de Casa Alianza.

Así lo muestran las muertes violentas de 3,706 niñas, niños y jóvenes menores de 23 años registradas a la fecha, en su gobierno; lo que representa el 42 por ciento de las 8,902 sucedidas en los últimos 15 años, establece el cómputo que lleva Casa Alianza.

En los últimos años, prácticamente, el Ejecutivo se desentendió de la agenda de seguridad, cediendo el espacio al titular del Congreso Nacional (Juan Orlando Hernández) quien convirtió este doloroso problema en un tema electoral.

Preocupa que la estrategia del nuevo gobierno contemple profundizar un esquema de militarizar la sociedad y la seguridad. Una estrategia de tal naturaleza es inadecuada, incompleta, ineficiente e ineficaz para reducir violencia, aunque sea un buen negocio para unos pocos.

El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, pone a su disposición el presente informe correspondiente a noviembre 2013, en el afán de mantener viva la conciencia colectiva sobre la deuda que el Estado tiene con la niñez y juventud hondureña.

Casa Alianza Honduras es una organización no gubernamental, con una trayectoria de 26 años en la atención y protección de los niños, niñas y jóvenes que viven en graves situaciones de riesgo y desamparo en Honduras.

En el marco de la actividad de la organización nace el Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras, con el propósito de visibilizar la realidad de la infancia y la juventud en el país y promover la investigación y el estudio de estas desde un enfoque específico de derechos humanos.

En ese sentido, Casa Alianza, a través del observatorio, realiza una labor permanente de verificación y análisis de derechos con base en lo establecido en las leyes fundamentales del Estado de Honduras y en los convenios internacionales sobre los derechos de los niños, niñas y jóvenes; a la par que desarrolla un registro periódico de las ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas perpetradas contra menores de 23 años.

Asimismo, se realiza una labor continua de incidencia ante las autoridades de gobierno y se participa en la elaboración de propuestas de políticas públicas, orientadas a mejorar las condiciones de respeto a los derechos fundamentales de la población infanto-juvenil.

El informe también se analiza la situación de los derechos de los niños y niñas en Honduras en lo relacionado a los derechos fundamentales, según los mecanismos de protección internacionales y nacionales de los derechos del niño, entre estos: derecho a la vida, educación, alimentación, salud y protección, incluyendo en esta última categoría la infancia migrante, justicia penal juvenil, violencia contra la infancia, entre otros temas.

Una vez analizadas las situaciones reportadas, se hizo una relación a los derechos que en estas se vulneran, según la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y las leyes específicas del Estado en educación, seguridad y salud.

Entendiendo como ejecución arbitraria o sumaria “la privación arbitraria de la vida como resultado de una sentencia impuesta mediante un procedimiento sumario, en el que no se han respetado las garantías mínimas estipuladas en los acuerdos 6, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte aprobadas por el Consejo Económico y Social en la resolución 1984 del 25 de mayo.

La privación de la vida de civiles por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad en violación de las leyes que rigen el estado de guerra o de conflicto “armado”.

“También son consideradas como tales las ejecuciones u homicidios extralegales, dado que esta privación de la vida se produce al margen del proceso judicial o legal y a la vez es ilegal con arreglo a las leyes nacionales e internacionales. La privación de la vida como resultado de homicidios perpetrados por orden de un gobierno o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia, sin un proceso judicial legal”.

En términos jurídicos, el derecho a la educación es un derecho fundamental, esencial para ejercer todos los demás, incluyendo el derecho a tener una educación de buena calidad, sin discriminación y sin exclusión, goza de una triple protección: de la Convención de los Derechos del Niño, Constitución de la República de Honduras y del Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras.