El Defensor del Pueblo advirtió el
pasado viernes al Ministerio del Interior de que el acuerdo entre
Marruecos y España, al que se sigue aferrando Fernando Grande-Marlaska
para defender las devoluciones de menores desde Ceuta, exige cumplir la
legislación española e internacional en cada uno de los retornos
practicados. En la argumentación de su recomendación, publicada este
miércoles, Francisco Fernández Marugán ya alertaba al ministro de que
las expulsiones de los niños y adolescentes, tal y como se han llevado a
cabo en los últimos días, no son legales.
"A la vista de las actuaciones
realizadas, esta institución está en condiciones de afirmar que el
procedimiento seguido en el día de hoy para devolver a Marruecos a un
grupo de menores, cuyo número se desconoce, no cumple con los requisitos
legalmente establecidos", indicó Fernández Marugán en el texto del
recordatorio enviado el viernes a Interior, en el que pedía la
suspensión de estas repatriaciones. Al Defensor le preocupa "muy
especialmente" el "incumplimiento de la obligación de escuchar al menor,
y la ausencia de informe previo de los servicios de protección de
menores y del ministerio fiscal".
Tanto el ministro del
Interior como el presidente de Ceuta han defendido la base legal de su
operativo de retorno de menores apelando al acuerdo con Marruecos de
2007. Según su tesis, las devoluciones de menores no tienen por qué
cumplir el estudio individualizado de los casos exigido en la Ley de
Extranjería, algo que niega el equipo de expertos del Defensor del
Pueblo. La institución recuerda que, en primer lugar, el pacto bilateral
exige el cumplimiento de la legislación española.
"Tras la entrada en
vigor del Reglamento en extranjería en el año 2011, y tras la doctrina
sentada por el Tribunal Constitucional no existe duda alguna respecto al
procedimiento que se ha de seguir", zanja Fernández Marugán.
La tesis de Marlaska y
Vivas
El presidente del
Gobierno de Ceuta puso en duda este martes que las condiciones en las
que España y Marruecos pactaron iniciar el viernes la repatriación de
niños migrantes solos al país vecino deban someterse a la Ley de
Extranjería y señaló que esa es una disyuntiva "jurídica" que espera que
los tribunales resuelvan de aquí viernes, el plazo en el que los
retornos forzosos han quedado suspendidos.
"El acuerdo solo dice
que los gobiernos se pondrán de acuerdo en cómo llevarlas a cabo,
siempre cumpliendo el bien de interés del menor. En ningún sitio dice
que haya que tener entrevistas individualizadas", insistía el presidente
local. El acuerdo con Marruecos, sin embargo, no exime del cumplimiento
de la legislación, según ha concluido un juzgado ceutí y reiteran las
fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es.
Grande-Marlaska, por su
parte, defendió de nuevo este martes las devoluciones de menores
aferrándose al pacto con Marruecos. "Cuando existe una realidad con un
país en concreto se firma un convenio" y después se da "la discusión
técnico-jurídica del procedimiento", dijo en una entrevista con RNE.
Interior ha pedido ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo que inadmita el recurso
presentado por la Asociación Española de Inmigración y Ayuda al
Refugiado contra el retorno de los menores no acompañados desde Ceuta.
La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha alegado que no es la
administración competente en este trámite y que estos hechos ya están
siendo analizados por un juzgado de Ceuta.
La Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al
Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio
de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad
fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007
firmado con Rabat.
"El escrito cuya copia
se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del
Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores
respetando sus intereses o derechos", responde Interior en un recurso
que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la
línea de
lo defendido por Interior estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien
procedió a solicitar el retorno de los menores.
PRODENI