Se las llama crisis migratorias,
pero quizás fuera más adecuado hablar de
dejadez, de falta de previsión ante situaciones
que se repiten punto por punto con la única
diferencia del tiempo y del lugar.
La que ahora
vive Canarias es, en realidad, la misma
crisis que atravesó el sur de la península en
2018. Es solo un desplazamiento de esta
hacia una ruta más larga, más peligrosa y
mortífera; un traslado hacia un territorio más
pequeño, más alejado y con menos recursos para
hacerle frente de una manera respetuosa con los
derechos humanos.
Dentro de estas crisis siempre
hay subcategorías que van aflorando. La de los
menores que migran solos —sin compañía de
padres, madres o adultos de referencia— es una
de las más preocupantes. Son niños, aunque las
instituciones eviten verbalizar esta realidad
bajo el acrónimo Mena (menores
extranjeros no acompañados).
Las islas acogen y tutelan a 2.065
menores migrantes, según los últimos datos
de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Gobierno Canario. En
enero solo acogían a 540, es decir, que el
número se ha multiplicado casi cuatro en
apenas diez meses, desbordando el sistema
insular de protección de la infancia.
La tutela de estos menores es la
única competencia migratoria que recae sobre
Gobierno canario, que se reconoce sobrepasado
ante una situación que no tiene precedentes,
explicaba este miércoles en el Pleno del
Parlamento regional la consejera Noemí Santana
(Podemos). Ni durante la llamada crisis de los
cayucos de 2006 llegaron tantos menores no
acompañados a las islas.
Por esta razón y ante un
escenario que prevé más llegadas, el Ejecutivo
urge no solo al traslado a la península de los
migrantes sino también de estos menores,
apelando a la "solidaridad interterritorial" para
proteger los derechos de la infancia.
Santana ha explicado que han
tenido que recurrir a apartamentos turísticos
para alojar a 455 menores, ya que la red de
centros de menores de los Cabildos (que detenta
la guarda de estos menores) se quedaron pequeños
hace meses. Tampoco son ya suficientes las
plazas en "dispositivos de emergencia" que la
Consejería ha improvisado durante el año. Según
sus datos, se han acondicionado 21 de estos
dispositivos en instalaciones alquiladas o
cedidas por ayuntamientos: 11 en Gran Canaria,
siete en Tenerife, dos de Fuerteventura y uno La
Gomera. Todos, subrayan a Público fuentes
de la Consejería, con fondos propios del
Gobierno canario. Santana también criticó en el
Pleno el desmantelamiento de las instalaciones
con las que se hizo frente a a crisis migratoria
de hace 15 años. Tal vez, dijo con ironía,
"pensaron que Canarias había cambiado de
ubicación geográfica".
Por eso, el Ejecutivo insular ha
pedido ayuda a Madrid y a Bruselas "para seguir
dando una acogida digna" a los menores mientras
hace un llamamiento a otras comunidades
autónomas para que acojan a una parte de los que
van llegando.
Mismo escenario sin soluciones
El escenario es muy parecido al
que se vivía en octubre de 2018, año de récord
de llegadas de pateras a las costas andaluzas y,
por consiguiente, de llegada de menores no
acompañados. Entonces las regiones que pedían
"solidaridad" en la acogida, fondos adecuados y
un protocolo estatal marco eran sobre todo Andalucía,
Melilla y Catalunya.
La solución que el Gobierno
central puso sobre la mesa fue una partida
extraordinaria de 40 millones de euros
mientras que la cifra de menores que otras
comunidades se ofrecieron a tutelar para aliviar
la situación en Andalucía no llegó a los 120.
Quedó pendiente la mejora del efímero Protocolo
Marco de actuaciones sobre menores extranjeros
no acompañados, que data de 2014 y que el
Gobierno se comprometió a modificar.
Diez millones extra para Canarias
En esta ocasión, el Gobierno
central, a través de la Vicepresidencia de
Derechos Sociales y Agenda 2030, anunció un fondo
extraordinario de diez millones de euros
para financiar gastos derivados de la atención y
acogida de menores no acompañados en las islas
que llegará antes de fin de año. Canarias ha
hecho "un esfuerzo extraordinario para
ofrecerles una acogida digna, enfrentándose ya a
graves dificultades para abordar esta situación
en solitario, por lo que hemos acordado actuar
de forma urgente", aseguró el secretario de
Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez
(Unidas Podemos).
Sin embargo, lamentan fuentes de
la Consejería canaria de Derechos Sociales,
todavía no tienen noticias de los fondos de
emergencia europeos que han solicitado y que
contribuyeron a dar acogida digna a los menores
que llegaron durante la crisis de los cayucos de
hace 15 años.
También recuerdan que sigue
pendiente la concreción de un reparto solidario
de la acogida entre las comunidades autónomas.
El Ejecutivo central también ha comprometido a
trasladar a las comunidades autónomas, a través
del Consejo Territorial de Servicios Sociales,
la necesidad de un reparto equitativo de estos
menores. Pero "falta un protocolo articulado
para estas situaciones y todo depende de la
voluntariedad de las regiones", asumen fuentes
de la Consejería canaria.
Durante la crisis de 2006, varios
centenares de menores migrantes fueron acogidos
por otras regiones, pero "somos conscientes de
que la crisis sanitaria y económica de la
pandemia hacen que la situación no sea la misma
y todo sea más difícil", apuntan. A pesar de que
autonomías de como Euskadi, Extremadura,
Castilla y León y la ciudad de Barcelona se han
ofrecido a ayudar a Canarias en esta obligación,
hasta antes de final de año no creen que se
pueda hablar de cifras definitivas que, según la
consejería, estarán entorno a un centenar de
traslados.
El pasado año, Unicef
denunció el creciente vacío del sistema de
protección de los menores migrantes y hacía un
llamamiento para la elaboración de un Plan
Nacional de Acción que diera respuesta a un
fenómeno que ya es estructural. Este mismo
organismo de la ONU ha insistido recientemente
en que la situación apenas ha mejorado a nivel
nacional.