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Fiscalía, Ministerio de Derechos Sociales y ONG cuestionan la legalidad de
la repatriación de los menores de Ceuta
El Fiscal de Menores indaga sobre el
procedimiento ordenado por Marlaska y la orden sin firmar que llegó a la
Delegación del Gobierno de Ceuta. Organizaciones no gubernamentales se
dirigen a la ONU antes de pedir al juzgado que decrete la suspensión del
dispositivo pactado entre España y Marruecos
Miembros de la policía
nacional comienzan el traslado de menores desde el centro de menores Santa
Amelia, en Tetuán este sábado. EFE/ Reduan Dris
Gonzalo Testa, 14
de agosto 2021
La Fiscalía ha pedido por
escrito al Ministerio del Interior que
justifique una por una las devoluciones a Marruecos de cada niño o
adolescente no acompañado que la Policía está trasladando en furgonetas
desde Ceuta en un operación pactada por Marruecos e iniciada el viernes, que
ya ha trasladado a una treintena de menores.
El Ministerio de Derechos
Sociales que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, advierte
a Marlaska de que el procedimiento elegido puede acarrear graves
consecuencias y que en todo caso la responsabilidad única será de
Interior, después de que se le hubiesen ofrecido fórmulas para pactar un
protocolo y se le ignorase.
Y tres ONG, Save The
Children, Andalucía Acoge y Gentium, han presentado al Comité de los
Derechos del Niño de la ONU una comunicación individual con solicitud de
medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores
marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo
reclamando la suspensión urgente de las repatriaciones.
El Ministerio de Interior,
entretanto, guarda silencio. Un portavoz oficial dijo a este medio la tarde
noche del viernes que ese departamento no iba a ofrecer ninguna explicación
sobre este asunto.
Pero la presión para que se
frene este polémico dispositivo de dudoso encaje legal y fruto de un acuerdo
con Marruecos va en aumento. El mero trámite de la Fiscalía ya da por hecho
que Interior se ha saltado el artículo 35 de la ley de Extranjería, donde se
establece que cada repatriación de menores debe contar con el aval del
Ministerio Público y basarse en informes caso por caso. Según ha podido
saber elDiario.es, los planes del Ministerio contemplan un primer listado de
150 niños y adolescentes que retornarán a su país. Los treinta primeros ya
han sido metidos en furgonetas para iniciar el camino de regreso.
Ni la Fiscalía, ni el
departamento de protección del menor ni las ONG saben con qué criterio se
han hecho esas listas. Pero las repatriaciones siguen en marcha, a razón de
15 menores por día.
En el escrito de las ONG, a
cuyo contenido íntegro ha tenido acceso elDiario.es, piden a la ONU que,
"con el fin de evitar daños irreparables en las víctimas", solicite
urgentemente a España "la adopción de medidas provisionales consistentes en
la suspensión de cualquier acto o actuación iniciado o que prevea iniciar
dirigido a su expulsión a Marruecos".
"Ninguno de los menores
[devueltos a su país de origen] fue preguntado sobre su voluntad de volver a
Marruecos, ni contó con asistencia letrada, ni tampoco con ninguna de las
garantías previstas para el procedimiento de repatriación […] y la Fiscalía
de Ceuta tampoco fue informada, sin poder escuchar o asistir a ningún niño
antes de su expulsión", alerta el escrito.
El Decanato del Colegio de
Abogados de Ceuta ha "confirmado" a los denunciantes que sus letrados no
ofrecieron asistencia alguna a los afectados por el procedimiento, que
tildan de "arbitrario" y contrario a la Convención de los Derechos del Niño
de 1989 que explícitamente exige respetar el acuerdo suscrito entre España y
Marruecos en 2007 sobre retorno de menores migrantes solos en el que
supuestamente se ampara Interior para dar cobertura legal a la operación de
repatriación iniciada.
Las ONG apelan a la ONU
mientras siguen preparando un escrito al Juzgado de Guardia de Ceuta
solicitando la adopción de medidas cautelarísimas para suspender la
operación, aunque asumen que en cualquier caso su dictamen no se produciría
hasta el próximo miércoles.
"La celeridad y falta de
garantías y procedimiento escrito con el que se produce el procedimiento de
expulsión de los menores hacen ineficaz cualquier recurso previsto en el
derecho interno del Estado que permita a las víctimas evitar la expulsión
inminente a Marruecos, momento en el que el daño ocasionado será ya
irreparable", concluye su texto.
En el oficio remitido al
Secretario de Estado de Seguridad la Fiscalía pregunta también qué
salvaguardas se introdujeron en este operativo para preservar los derechos
de los menores, pide los expedientes individuales y se les escuchó antes de
proceder a su devolución en virtud de un convenio firmado con las
autoridades del reino alauí.
El operativo, según la
orden sin firma remitida el pasado martes por la Secretaría de Estado de
Seguridad de Interior a la Delegación del Gobierno de Ceuta y al Ejecutivo
local, se ampara en el Acuerdo firmado en marzo de 2007 en Rabat "sobre
cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores
no acompañados, su protección y su retorno concertado", pacto que Marruecos
jamás ha aceptado aplicar desde Ceuta y Melilla, territorios que considera
propios.
Su aplicación satisface a
los sectores más pragmáticos de Ceuta que valoran que el país vecino trate
por fin a la ciudad "como una parte más de España" e incluso haya aceptado
la presencia de autoridades locales en reuniones bilaterales de alto nivel
en la frontera, así como el hecho de que "los niños van a estar mejor en sus
casas que hacinados". Enfrente, ONG y colectivos que trabajan con esos niños
y adolescentes solos y que reclaman un respeto "estricto" a la legislación
española.
Interior inició las
repatriaciones por los 234 jóvenes que permanecían acogidos hasta este
viernes en el polideportivo Santa Amelia, colectivo con el que Save The
Children todavía no ha podido entrevistarse de manera personal para conocer
sus perfiles. Una cuarta parte de sus primeros 354 contactos directos con
los menores albergados en los módulos prefabricados de Piniers ha recogido
testimonios que aseguran escapar de situaciones de violencia física, abusos,
explotación o malos tratos.
La materialización de las
primeras repatriaciones forzosas propició este viernes por la tarde "algunas
fugas" de los espacios en los que la Ciudad acoge a los 750 niños y
adolescentes solos que continúan en Ceuta, pero "menos" de las que temían
algunas las autoridades locales. "El perfil de estos chicos es distinto al
que estábamos acostumbrados: son más pequeños y su respuesta a las medidas,
mejor, a pesar de que las condiciones de acogida son muy precarias",
advierten quienes tratan con ellos a diario. El Gobierno de Ceuta ha
asegurado que "no se han registrado incidencias relacionadas con fugas
masivas de menores alojados en el polideportivo".
Dirigentes locales
advierten de que "tener a casi 800 niños en casetas de obra o literas
militares en un polideportivo no puede ser mejor para el interés superior de
los niños que facilitar que vuelvan a sus casas con el compromiso expreso de
las autoridades marroquíes de localizar a sus familias para reagruparlas o,
en caso de que sea imposible, darles atención pública".
Los menores que son
repatriados están siendo trasladados a una infraestructura con 200 plazas de
reciente construcción ubicada en Martil, cerca de Tetuán, a unos 40
kilómetros de Ceuta, que gestiona 'L'Entraide Nationale'. El ritmo de 15
devoluciones al día pactado con España pretende dar tiempo al país vecino a
digerir su llegada mientras localiza a sus padres, sobre los que no se
prevén abrir procedimientos judiciales por abandono, atendiendo a lo
"excepcional" de la situación vivida en mayo, cuando las Fuerzas de
Seguridad del Reino alauita consintieron que unos 12.000 compatriotas
entrasen irregularmente en la ciudad española.
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