Público
La Comunidad de Madrid negó a una niña de ocho años un trasplante de médula por ser extranjera
La familia acudió a la Justicia y le dio la razón. La sanidad pública madrileña se destendió del caso y, tras la operación, quieren que los implicados
paguen los costes de la intervención, que oscilan entre 30.000 y 130.000 euros.

Un manifestante porta un cartel durante una concentración en la que se entregó un manifiesto al Ministerio de Sanidad contra la exclusión sanitaria, frente al Ministerio de
Sanidad el 7 de abril de 2022, en Madrid (España)
EUROPA PRESS
José Carmona
Madrid, 03 de noviembre 2022
"¿Iban a dejar morir a una
niña?", cuestiona la madre por teléfono. La
Justicia tuvo que intervenir para permitir que
una menor de 9 años, nacida en España pero sin
la nacionalidad al ser su madre guineana,
pudiera recibir un trasplante de médula ósea, permiso que fue denegado por la Comunidad de
Madrid, que alegaba "turismo sanitario" y se
amparaba en una ley formulada por el Gobierno de
Mariano Rajoy y no revocada del todo por Pedro
Sánchez.
Finalmente, la niña, enferma de
anemia de Fanconi (una afección rara por
la que la médula ósea no produce la cantidad
necesaria de plaquetas, glóbulos blancos y
glóbulos rojos) fue operada el pasado 21 de
septiembre. Todo salió bien aunque los próximos
meses serán ajetreados. "Es imposible que
volvamos a Huelva [donde residían desde que
aterrizó en España, dos meses antes de que
diagnosticaran la enfermedad de su hija], pero
con médicos cada cinco días tengo que buscar
un empleo para quedarme en Madrid", asegura esta
mujer, que ahora está afincada en una casa que
paga gracias a la ayuda de su cuñada, residente
en Bélgica.
Carmen [nombre ficticio para
proteger su identidad] dejó Guinea y puso rumbo
a España de forma definitiva en septiembre de
2021. Ella, que había cursado sus estudios
universitarios en Huelva, tenía una oferta de
trabajo por la que dejó su vida en su país
natal. Su relación con España había sido
continuada desde entonces, tanto que su hija
nació en Valencia. Sin embargo, cuando los
médicos encontraron la dolencia en su hija, tuvo
que solicitar la tarjeta sanitaria para la
menor, que fue rechazada tras tres meses de
espera. "Mi hija nació aquí. Yo misma he vivido
en España mucho tiempo y estudié en Huelva, soy
educadora social. Mi vínculo con España es
muy fuerte, porque aquí tengo todo", relata
enfadada a Público.
La Comunidad de Madrid negó la
operación al no tener residencia fija en España.
Aunque podría haber dado el visto bueno, que
luego la Justicia acabó ordenando, el Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS)
se amparaba en una reforma impuesta por el
Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, momento
en el que la universalidad de la sanidad pública
fue borrada del mapa. Hace unos meses, el
Gobierno de coalición aprobó una reforma que
amplía derechos para recuperar ese concepto
dentro de los servicios sanitarios, pero con una
conflictiva letra pequeña
en torno a posibles privatizaciones.
Finalmente, el Juzgado de los
Social nº23 daba la razón a la familia guineana
y declaraba "el derecho de la demandante a la
asistencia sanitaria, condenando al Servicio
demandado a estar y pasar por esta declaración a
todos los efectos", apunta la sentencia. "No sé
en qué se basaban los del SERMAS cuando dicen
que no iban a curar a mi hija", confiesa con
rabia Carmen.
Juan Rubiño, abogado de la
familia que ha ayudado a defender el caso, pone
el foco en el PSOE y su falta de contundencia a
la hora de reformar la ley, no tanto en la
gestión de la Comunidad de Madrid y del PP: "Son
varias normas las que acogen que todos los niños
deben ser atendidos por los servicios
sanitarios, y no hace diferencias entre
nacionales y extranjeros. Para que tengamos
supuestos de exclusión sanitaria de menores es
que las normas están disperas y la que debe ser
clara no lo es".
Entre otras normas que no evitan
este tipo de situaciones, el letrado se fija en
un Real Decreto de Pedro Sánchez: "El Real
Decreto de Sanidad Universal de 2018 promulgado
por el PSOE debería haber sido más claro. Las
comunidades entienden este derecho de forma
restrictivia y ahora el Gobierno debería
reconocer su error y reconocer el derecho de
menores y embarazadas, que algunas comunidades
establece exclusiones sanitarias", asevera.
El litigio comenzó en febrero de
2022 y la gravedad de la enfermedad no impidió a
la Comunidad de Madrid negarse a tramitar la
operación. Una vez finalizado y con la Justicia
de parte de la familia, el SERMAS ha vuelto a
insistir y pide que se reconsidere la resolución
para que los pacientes tengan que abonar el
coste de la operación, que oscila entre 30.000 y
130.000, cifras inasumibles para cualquiera y
a la vez insignifcantes para una Consejería de
Sanidad que gestiona presupuestos milmillonarios.
La operación ha pasado pero la
historia no ha terminado. Ahora queda la
recuperación, la reinsercción en la sociedad y
la integración de una familia sacudida por lo
inesperado. "La niña está con altibajos, es un
proceso muy duro. Los dolores suben y bajan y
los primeros seis meses son de sufrimiento. Pero
gracias a Dios come y no está postrada en una
cama", relata la madre antes de colgar para
continuar con el día a día.
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