Algeciras Acoge denuncia que el chaval, de 16 años y procedente de Argelia, sigue en el centro después de que el Comité de Derechos del Niño haya solicitado a España su traslado a un centro de menores. Desde 2019 ha habido 16 soluciones contra España por este motivo.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU solicitó el pasado viernes la puesta en liberta y el traslado a un centro de protección de la infancia de un menor argelino de 16 años que lleva días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, esperando ser devuelto a su país de origen tras llegar en patera a Almería el pasado 11 de febrero.

La organización Andalucía Acoge ha llevado el caso ante el comité después de haberlo puesto en conocimiento de la dirección del CIE y del juzgado de control del centro, las únicas autoridades que pueden ordenar la puesta en libertad del menor.

Según esta organización, el chico cuenta con copia de su pasaporte y de su partida de nacimiento en la que consta que tiene 16 años. Esa circunstancia debería haber sido suficiente para que el juzgado no ordenara su internamiento. La normativa de los CIE impide expresamente que los menores acaben allí.

Sin embargo, según Andalucía Acoge, un juzgado almeriense ordenó el ingreso del joven en el CIE de Algeciras el pasado 13 de febrero, tras pasar dos días en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE). El chico aseguró que era menor y se le realizaron las pertinentes pruebas oseométricas para determinar su edad. Una radiografía de su muñeca izquierda determinó que tenía 19 años, por lo que se decidió que permaneciera en el centro.

No obstante, según el Comité de Derechos del Niño, el Defensor del Pueblo y numerosas resoluciones judiciales españolas, estas pruebas presentan un margen de error de hasta dos años por encima o por debajo de la edad real.

Ante esta situación y tras agotar la vía interna, Andalucía Acoge elevó el caso a la ONU. El viernes, el Comité solicitó al Estado español que el chico no fuera devuelto y que se derivara a un centro de protección de menores mientras el Gobierno presenta alegaciones a esta decisión.

Tres días después de que se conociera esta resolución —de obligado cumplimiento, ya que España es firmante del convenio internacional de protección de la infancia desde 1990—, el menor continúa internado en el centro, junto a personas migrantes mayores de edad, incumpliendo así el protocolo interno del CIE y el protocolo de protección de menores.

"Graves deficiencias"

Para Andalucía Acoge, esta situación "evidencia las graves deficiencias en la aplicación del protocolo establecido en España para la determinación de la edad de posibles menores". Jesús Mancilla, portavoz de Algeciras Acoge, critica que las autoridades "den certeza absoluta a las pruebas radiológicas a pesar de que las resoluciones dicen que son poco fiables". El Tribunal Supremo ha sentenciado en varias ocasiones que los documentos de identidad de los menores deben prevalecer sobre unas pruebas de determinación de edad imprecisas.

Mancilla recuerda que la normativa nacional e internacional señala que mientras dure el procedimiento de determinación de la edad, los presuntos menores deben esperar el resultado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores, y nunca en CIE. Pero no es eso lo que ha sucedido. Achaca esta situación a las "enormes carencias" que existen en la recepción de migrantes llegados en patera al puerto de Almería, donde este chico "no contó con atención legal individualizada" a la que tenía derecho.

16 resoluciones de la ONU contra España

No es un caso aislado. Desde 2019, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha emitido más de 16 decisiones contra España por casos como este. Mancilla incide en que ya el año pasado se detectó un caso idéntico al de ahora y que el juzgado ordenó la puesta en libertad del menor tras la decisión del comité. Solo en el CIE de Algeciras hubo al menos tres menores de edad internados en 2020, a pesar de que el CIE no estuvo funcionando durante buena parte del año.

La presencia de menores o posibles menores en los CIE españoles es una de las críticas habituales del Defensor del Pueblo en sus informes anuales. Considera que esta situación está "íntimamente relacionada con las deficiencias de los procedimientos de determinación de la edad".

En 2018, el Ministerio del Interior reconoció que al menos 89 menores migrantes fueron encerrados en CIE, casi el doble que durante el 2017. El Defensor del Pueblo aseguró en su informe de 2019 que las quejas por esta razón habían aumentado, aunque no precisaba el número.