Jairo Vargas, Madrid
19 de noviembre 2020
Sandra y Lucía (nombres ficticios a petición de
las afectadas) no se esperaban que el último
trámite para obtener la nacionalidad española de
sus hijos acabaría con una humillación por
parte de los agentes de Policía y con una
propuesta de multa de 501 euros para la
primera y con la apertura de un expediente de
expulsión por estancia irregular en España
para la segunda. Pero eso fue lo que sucedió
recientemente en la comisaría de Policía
Nacional de Paterna, en València.
Ambas son de Colombia, un país que no reconoce
como nacionales a los niños nacidos fuera de su
territorio. Pero ninguna de las dos conocía este
detalle, como tampoco sabían que, en su caso,
podían solicitar la nacionalidad de sus hijos por
valor de simple presunción, una fórmula
recogida en el artículo 17 de Código Civil que
busca proteger el interés superior del menor. En
este caso, evitar que se queden sin
nacionalidad, convertirse en apátridas.
Después de reunir los documentos, iniciar el
trámite en el Registro Civil y con la resolución
favorable del juez, solo tenían que acudir a la
comisaría con todos los papeles para expedir el
DNI de los hijos. Pero algo no debió de gustarle
a los agentes que las atendieron, tal y como
denuncia València
Acull (València Acoge), la organización que
las ha asistido en este duro proceso en el
consideran haber recibido un trato xenófobo
por parte de los policías.
A Sandra, de 33 años, ese trámite le supuso la
propuesta para sanción por estancia irregular en
España de 501 euros. Llegó hace dos años al país
junto a su marido, ambos procedentes de
Medellín. Él es solicitante de protección
internacional, ya que es un desplazado por el
conflicto entre el Estado colombiano y las
guerrillas. Ella no pidió asilo, "no era mi
caso", explica a Público por teléfono.
Por eso no tiene permiso de residencia y ha
sobrevivido durante este tiempo cuidando de
personas mayores. A los pocos meses de llegar,
se quedó embarazada de su segundo hijo, que
ahora tiene ocho meses. Es el tiempo que ha
tardado en tramitar su nacionalidad.
Cuando acudió a comisaría y pidió expedir el
DNI, un Policía le pidió que saliera de la cola.
"Me dijo que mi hijo no tenía derecho tener el
DNI, que no era español, que era colombiano",
relata la mujer. Cuando el agente comprobó que
Sandra estaba en situación irregular, se lo
advirtió a otro funcionario que la condujo a una
sala y comenzó a hacerle preguntas sobre su
trabajo, su domicilio y el tiempo que llevaba en
España.
"Me dijo que no me iba a hacer el DNI ese día
porque ya era tarde, pero que me iba a dar una
carta de expulsión", relata la mujer. Según
denuncia, el funcionario afirmó que podía
detenerla por no tener permiso de residencia,
pero que sabía que no tardaría mucho en tener
sus papeles. "Es una tontería que te haga una
orden de expulsión cuando, de aquí a un día o
dos o una semana, tu hijo va a tener la
nacionalidad y me vas a pedir el [permiso de
residencia] familiar comunitario. Entonces, te
vamos a poner una multa", le dijo el
funcionario, según dos fragmentos de la
conversación que la mujer pudo grabar con su
teléfono móvil.
Sandra intentó explicar su situación, que
contaba con una resolución favorable del juez,
que ahora se encontraba sin empleo y recibiendo
ayuda de Cáritas y que su marido era solicitante
de asilo. "Como todos, como todos", le responde
el agente, que le recrimina que ambos intentan
aprovecharse de la legislación. "Ley española
dice que no debería ser así, que tu hijo sea
español, pero tú te aprovechas una vez más de la
ley de tu país. Pues es lo que hay, ahora tienes
que pagar una multa", se escucha al funcionario,
que le informa de que puede presentar
alegaciones y buscar un abogado, aunque le
recomienda que no lo haga porque "le va a costar
dinero" y la razón de la sanción es clara.
"Has estado trabajando, no has estado
cotizando, no has estado pagando una
Seguridad Social, si te has puesto enferma has
ido al médico... Al final es lo que hay, tú
te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo,
pero te has estado aprovechando de unos
beneficios. Pues oye, ahora te toca pagar 500
euros. Después de todo lo que has recibido,
pagar 500 euros tampoco es tanto. Llora todo lo
que quieras, di que esto es racismo, que es
xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado
aprovechando de aquí durante equis tiempo y es
lo que hay", se escucha en la grabación con el
llanto de Sandra y de su bebé de fondo.
"Me sentí tan humillada y asustada que no quise
volver otro día a por el DNI. Pero al final fui
y lo conseguí, por que es un derecho. No pueden
tratarte así por ejercer tus derechos",
argumenta la mujer.
"Tu hijo es colombiano, no puede tener DNI
español"
Pocas semanas antes, Lucía, de 25 años, vivió un
episodio similar en la misma comisaría, aunque a
ella no se le ocurrió grabar la conversación.
Nunca logró expedir el DNI en esa comisaría,
tuvo que ir a otra después de que le incoaran un
expediente de devolución por estancia irregular.
Ya le costó iniciar los trámites en el Registro
Civil, donde amenazó con poner una queja cuando
le dijeron en repetidas ocasiones que el trámite
que pedía no existía. Había tardado cerca de una
año en conseguir el visto bueno del juez para la
nacionalidad de su hijo, que ahora tiene un año
y medio. "Yo desconocía todos los aspectos
legales. Tuve que asesorarme en el consulado de
mi país aquí", comenta a Público también
por teléfono.
"Me hicieron ir dos veces porque el primer día
tenían dudas", subraya. Cuando llegó el segundo
día a la ventanilla, la mujer que la atendía le
dijo que dos policías querían hablar ella. Lucía
asegura que la llevaron a una sala aparte y que
le dijeron: "No te voy a dar el DNI porque tu
hijo no es español. Tu eres colombiana, el padre
es colombiano y no puedes venir a otro país para
hacer documentos españoles cuando estas en
situación irregular". Lo recuerda bien, dice,
porque se lo repitieron varias veces.
"Me decía que los documentos que tenía del
Registro Civil no era válidos. Y eran documentos
de un juez", sentencia la mujer. Afirma que
primero le dijeron que estaba detenida, luego
que podían ponerle una multa y después le
dijeron que le abrían una expediente de
expulsión. "Me fui de allí asustada, me pasé
toda la tarde llorando y toda la noche sin
dormir", relata.
Volvió al Registro Civil, donde le recomendaron
ir a otra comisaría. "Es que no se que creían
que hubiera ido a realizar este trámite y que me
hubieran hecho esto. En la otra comisaría me
dijeron que no tenían derecho a tratarme así. Al
final me dieron el DNI de mi hijo", relata. "He
pasado mucho miedo pero he querido denunciar
esto porque sé que hay muchas madres como yo,
que tienen miedo de que les pase algo así", dice
Lucía. Ahora está más tranquila, ya que su
abogada ha conseguido que se archive el
expediente de expulsión.
No es la primera vez que se dan circunstancia
parecidas en esta comisaría. Paco Simón,
portavoz de Valencia Acoge, recuerda que en el
calabozo de esta misma comisaría fue encerrada
en febrero de 2019 para ser deportada de forma
exprés Carmen
Leigue, una mujer boliviana de 63 años que
llevaba 17 viviendo en València, en situación
irregular y trabajadora de cuidados, como estas
dos denunciantes. Fue la presión ciudadana la
que logró paralizar su deportación.
La organización exige que cesen este tipo de
prácticas en la comisaría de Paterna y en
cualquier otra dependencia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y que se permita
que cualquier persona pueda acudir a denunciar
como víctima de un delito o a realizar trámites
administrativos sin miedo a represalias. También
pide que se adopten "medidas disciplinarias
contra los agentes implicados en las
irregularidades cometidas en estos dos casos".
PRODENI