Ha pasado más de un año
desde la devolución, sin procedimiento, de decenas de menores desde
Ceuta a Marruecos, pero aún no está claro el origen del operativo, que
está siendo investigado por un juzgado de Ceuta. La vicepresidenta y
consejera de Presidencia y Relaciones Instituciones del Ejecutivo de
Ceuta, María Isabel Deu, aseguró ante la Fiscalía de la ciudad autónoma
que “la jefa del área de menores siempre manifestó que había que aplicar
la repatriación de la ley de extranjería”, es decir, defendió que se
aplicase el procedimiento marcado por la normativa española, algo que
finalmente no ocurrió en la repatriación de 56 de los niños y
adolescentes llegados durante la crisis migratoria de mayo de 2021.
Así consta en la
declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que prestó Deu en
calidad de “testigo” ante la Fiscalía de Ceuta el 10 de diciembre de
2021. A raíz de esta y otras declaraciones que se realizaron en el marco
de las diligencias que llevaba el Ministerio Público, se presentó el
pasado junio ante los Juzgados de la ciudad autónoma una denuncia por
presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra la
delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la propia Deu.
La titular del Juzgado
de Instrucción número 2 de Ceuta admitió a trámite la denuncia formulada
contra ambas al entender que “omitieron de forma voluntaria y consciente
las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el
ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los
presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”.
Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 7 de septiembre.
Según explicó la
vicepresidenta de Ceuta a la Fiscalía, “la jefa del área de menores
siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de
extranjería” y “solicitó que se expusiera al Ministerio del Interior
dicho procedimiento”. Deu, de acuerdo a lo que declaró ante al
Ministerio Público, consideró que las “dudas jurídicas” que se
plantearon “no eran trascendentes” y que quedaron “solventadas” en una
de las reuniones celebradas aquel agosto.
Así, la vicepresidenta
local aseguró que no tenía dudas de la “competencia y capacidad por
parte de Marruecos para reagrupar a los menores con sus familiares” y
señaló que creía que el acuerdo firmado con el país vecino era “el
apropiado, dada la situación de urgencia”. Finalmente se apostó por el
acuerdo de 2007. Sin embargo, dicho pacto obliga a cumplir la
legislación nacional e internacional, que incluye el seguimiento de un
procedimiento administrativo.
La ahora investigada
insistió en que “los equipos de protección estaban desbordados porque el
centro de menores estaba colapsado”. Por ello, a raíz de un decreto de
emergencia, contrataron los servicios de entidades “con mucha
experiencia en este tipo de cuestiones” y se reunieron con alguna ONG
“para ver la vulnerabilidad que pudiesen tener los menores”.
Según indicó,
“localizaron a familiares de los menores y se entrevistaron con ellos
para determinar su vulnerabilidad”. Ella, sin embargo, reconoció que “no
le constaban quiénes eran las familias de origen” ni conocía los
expedientes porque no tenía acceso, aún cuando dijo haber pedido los
documentos.
Al hilo, Deu explicó que
desde el Ejecutivo local “entablaron conversaciones con el Gobierno de
España y pidieron el impulso del acuerdo del año 2007 y el retorno de
los menores a sus hogares con sus familias, que lo solicitaron a la
Delegación de Gobierno”. En este sentido, precisó que mantuvieron
“contacto directo” y diario con el Ejecutivo central a través de la
vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Sociales y el
Ministerio del Interior.
Encuentro en la frontera
En el marco de su
declaración, Deu indicó que les convocaron a un “encuentro” en la
frontera el 11 de agosto con las autoridades españolas y marroquíes con
la finalidad de “ver cómo se iba a hacer ese retorno y comprobar que los
menores no tuvieran una situación de vulnerabilidad”.
A dicha reunión,
subrayó, acudió el jefe de la Delegación de Gobierno, el secretario
general, la vicepresidente y la jefa del servicio del área de protección
de menores. Allí se trató “cuál era el trámite a seguir para que el
menor se reuniese con su familia” y se concretó que “tenían que recibir
posteriormente los datos de los familiares de los menores retornados”.
Según explicó Deu al
Ministerio Público, la jefa del área del servicio de protección “no se
mostraba conforme con el procedimiento de repatriación del acuerdo de
2007”. La propia Deu, sin embargo, consideró que era “apropiado” ponerlo
en marcha por la “situación extraordinaria”, aunque no se hubiese
aplicado en el pasado.
Así, procedieron al
retorno de los menores que tenían “más edad” y que “no se encontraban en
situación de vulnerabilidad”. Deu dijo no haber recibido informe alguno,
pero indicó que “a diario” veía que “menores que eran vulnerables eran
enviados a la península, a otra comunidad, y que los que se quedaban en
Ceuta se protegían”.
Deu aseguró que “se
hicieron entrevistas individualizadas de todos los menores” y que “había
mucho personal dedicado a ello”, algo que ha sido negado por la Fiscalía
y por ONG como Save The Children. Según defiende Deu, posteriormente,
los menores fueron “identificados en la frontera por las autoridades
marroquíes”. Según aseguró, allí también se les entrevistaba, les
tomaban las huellas y “localizaban a los familiares para devolverlos”;
en caso contrario “los ingresaban en un centro”.
“Lo que le consta es que
hubo despedidas con aplausos, salida de los menores con sus objetos
personales que posteriormente se metían en el autobús de forma
voluntaria”, relata el Ministerio Público en la transcripción de su
declaración. En el marco de su comparecencia, sin embargo, Deu aseguró
que “algunos interpusieron habeas corpus” --es decir, que pidieron
comparecer ante un juez de forma inmediata para que decidiera sobre su
detención-- y fueron llevados al Juzgado.
PRODENI