Correo electrónico que advierte al Fiscal de Ceuta de que la devolución
de menores a Marruecos no es acorde a la ley
“Según han afirmado,
había un autobús preparado y su intención era trasladar a los menores
acogidos en los establecimientos a un centro de Río Martil, para ser
acogidos y luego proceder a la búsqueda de sus padres, sin establecer
ningún tipo de procedimiento. La reunión finalizó sin concretar los
términos en los que se iban a producir las repatriaciones”, alertó la
responsable del Servicio de Protección en un correo electrónico
adelantado por
El Confidencial y al que ha accedido elDiario.es . “A la vista de
que el procedimiento no es acorde con la legislación nacional, europea e
internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos”,
zanjó.
La Fiscalía de Menores
de Ceuta se enteró así de un operativo de retorno que, como entidad
encargada de la vigilancia de la protección de los niños de la ciudad,
debía conocer en base a la normativa. Cuando el fiscal supo de la cita,
inició diligencias de protección y pidió información tanto a la
Delegación -que no contestó- como al Ejecutivo local, que tildó la
reunión de “informal” y no modificó sus planes, según fuentes jurídicas.
Se trata de una de las
diligencias incluidas en el sumario de la investigación abierta por el
Juzgado de instrucción número 2 de Ceuta,
tras la denuncia presentada por la Fiscalía por un presunto delito
continuado de prevaricación administrativa en el marco de la devolución
de menores de Ceuta, contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos;
y la vicepresidenta de la ciudad, Maribel Deu.
El 13 de agosto del
2021, el día siguiente de las alertas enviadas a la Fiscalía, Interior y
el Gobierno local arrancaron el dispositivo que pretendía trasladar a
Marruecos a los menores marroquíes llegados a Ceuta durante la crisis
diplomática hispano-marroquí. Durante los siguientes tres días, la
operación devolvió a 56 adolescente sin procedimiento, sin llevar a cabo
un estudio individualizado de cada caso auspiciado por la Fiscalía, como
marca la legislación.
Petición de amparo
Dos días después, el
domingo 15 de agosto, la jefa del área de Menores de Ceuta volvió a
recurrir por escrito al fiscal de Menores. La funcionaria incidió en la
falta de participación del Servicio de Protección en las devoluciones.
Según recalcó, se estaban produciendo devoluciones “sin garantías” y
solicitaba amparo a la Fiscalía para “evitar la vulneración de los
derechos de los menores”.
“Pongo en su
conocimiento que en modo alguno he intervenido, ni ningún miembro del
servicio de protección en la ejecución de estas devoluciones de menores
bajo la guarda de la Ciudad de Ceuta a Marruecos sin garantías”, indica
un segundo correo electrónico al que ha accedido elDiario.es.
Todas las advertencias
lanzadas por la responsable del Servicio de Protección fueron ignoradas
tanto por su superior, la vicepresidenta y consejera de Presidencia
Maribel Deu, como por la Delegación del Gobierno -que depende del
Ministerio del Interior en todo lo referente a migraciones-. En su
declaración ante la Fiscalía, Deu reconoció que “la jefa del área de
menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la
ley de extranjería”, es decir, defendió que se aplicase el procedimiento
marcado por la normativa española en vez del acuerdo con Marruecos, en
el que se amparaba el Gobierno para justificar la legalidad del
operativo (pero que también incumplía dicho pacto, dado que obliga a
respetar la normativa nacional e internacional).
Según explicó Deu al
Ministerio Público, la trabajadora del servicio de protección “no se
mostraba conforme con el procedimiento de repatriación del acuerdo de
2007”. La vicepresidenta de Ceuta, sin embargo, admitió que sí consideró
“apropiado” ponerlo en marcha por la “situación extraordinaria”, según
la declaración prestada por la consejera ceutí en calidad de testigo
ante la Fiscalía de Ceuta el 10 de diciembre de 2021.
Después de que las ONG
Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces denunciasen estos retornos en
los tribunales, la Justicia frenó la devolución de nueve menores
marroquíes, como medida cautelar. La decisión del juzgado ceutí
desencadenó la suspensión temporal del operativo hasta que meses
después, el tribunal ordenó el cese definitivo de este tipo de
expulsiones de menores y ordenó el retorno a España de los adolescentes
trasladados a Marruecos durante aquellos días.
La titular del Juzgado
de Instrucción número 2 de Ceuta admitió a trámite la denuncia formulada
contra ambas al entender que “omitieron de forma voluntaria y consciente
las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el
ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los
presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”.
Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 7 de septiembre. La Red
Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado -que, junto a la Asociación
para el Desarrollo Integral L' Escola AC, conforman la acusación popular
en la investigación judicial- ha recordado este miércoles que el sumario
del caso desprende que el Gobierno de España “a través de varios
ministerios, conoció, impulsó, aprobó y acordó con Marruecos esta
actuación”.