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DESALAMBRE
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Una jueza ordena a la Comunidad de Madrid acoger a un
adolescente migrante al que echó a la calle dos días antes del estado de
alarma
Fronteras
El joven fue expulsado del
centro de acogida de Hortaleza después de que la Fiscalía decretase su
mayoría de edad, pero no tuvo opción de apelar la decisión debido a las
restricciones ligadas al estado de alarma
Gabriela Sánchez
13 de mayo 2020
Uno de los menores tutelados por la Comunidad de Madrid que vive en la
calle | Pedro Armestre/ Save The Children
Dos días antes de la declaración
del estado de alarma, cuando la Comunidad de Madrid había anunciado el
cierre de los colegios y empezaba a pedir a sus ciudadanos que se quedasen
en casa, la Administración regional dejó en situación de calle a S.H.J, un
adolescente extranjero no acompañado acogido en el centro de menores de
Hortaleza, después de ser declarado mayor de edad por la Fiscalía. Este mes,
un juzgado ha ordenado al Gobierno madrileño la readmisión del menor
gambiano en el sistema de protección ante las circunstancias ligadas a la
crisis de la COVID-19, según la resolución a la que ha accedido eldiario.es.
Tras pedir la activación medidas
cautelares por parte de la Fundación Raíces, el juzgado de primera instancia
número 80 de Madrid acordó el siete de mayo la suspensión de la resolución
administrativa de marzo por la que la Comunidad de Madrid acordó el cese de
la tutela del menor.
En este sentido, la jueza ha
obligado a la Comisión de Tutela del Menor de la Consejería de Políticas
Sociales al reingreso inmediato del adolescente en sistema de protección a
la infancia hasta que, al menos, el joven pueda apelar en un procedimiento
judicial el decreto por el que la Fiscalía de Madrid concluyó a principios
de marzo su mayoría de edad. Debido a las restricciones ligadas al estado de
alarma, el adolescente no ha tenido la oportunidad de recurrir la decisión
en los juzgados.
El pasaporte y el acta de
nacimiento de S.H.J. marcan que nació el 5 de marzo de 2003 en Gambia. A su
llegada a Madrid, después de pasar por un centro de menores en La Línea de
la Concepción, el joven ingresó en el sistema de protección de la Comunidad,
en el centro de Hortaleza. La Fiscalía le impuso la realización de pruebas
médicas, algunas invasivas como la exploración de sus genitales, a lo que el
menor de edad se negó, ha expuesto ante el juzgado la Fundación Raíces.
Según recoge la resolución
judicial, la Fiscalía decretó la mayoría de edad del adolescente el 05 de
marzo de 2020 en base a la "forma de tramitación y emisión del pasaporte no
era la adecuada"; a la negativa del joven a someterse a las pruebas de la
edad; al supuesto hecho de que el adolescente, "al entrar en España, mintió
a la policía sobre su país de origen y minoría de edad" y a la consideración
de que su "apariencia física no era la de un menor de edad".
La jurisprudencia del Tribunal
Supremo determina que un menor migrante solo puede someterse a las pruebas
de la determinación de la edad en casos en los que este se encuentre
indocumentado o en aquellos casos en los que se ponga en cuestión la
fiabilidad del pasaporte y se dude razonablemente de la edad del menor.
Según denuncia la Fundación Raices, la Fiscalía no desvirtuó "mediante
prueba objetiva la validez del pasaporte que acredita la edad e identidad
del menor" ni consultó con las autoridades gambianas su veracidad" antes de
imponer la realización de pruebas médicas para concluir su edad, que cuentan
con un amplio margen de error.
Como consecuencia de la decisión
de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid dio de baja al chaval en el sistema
de protección y le expulsó del Centro de Primera Acogida de Hortaleza el 12
de marzo, según ha documentado Raíces. La Consejería de Asuntos Sociales
dejó al adolescente en la calle en plena crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus "sin proporcionarle una mínima alternativa", recoge la
organización especializada en infancia.
Por aquel entonces, el Gobierno
regional ya pedía a la población madrileña la permanencia en casa, dos días
después de haber anunciado el cierre de los centros educativos por la crisis
sanitaria. Durante este tiempo, el menor, "ha tenido que ingeniárselas por
sí solo y, aunque ha solicitado plaza a varias organizaciones, le han
rechazado por ser menor y por estar saturadas por la COVID-19", relata la
Fundación.
"Solo ha conseguido refugiarse
durante las últimas semanas en un piso ocupado, en condiciones de extrema
precariedad, sin luz ni agua, saliendo diariamente para acudir a los baños
públicos a asearse y a conseguir comida de cualquier manera, a riesgo de ser
sancionado por las autoridades", denuncia Raíces.
El menor vivió en Gambia hasta
que migró a Europa con 15 años. Después de atravesar varios países en su
camino a España, el adolescente llegó a Algeciras en patera el 4 mayo de
2019.
El 24 de marzo, días después de
la expulsión del menor gambiano, la Comunidad de Madrid anunció que no
expulsaría a ningún adolescente de sus centros de acogida en caso de cumplir
18 años o ser declarados mayores de edad por la Fiscalía. El Ministerio de
Asuntos Sociales y Agenda 2030 emitió el 27 de marzo un documento técnico en
el que recomendaba asegurar la protección de los jóvenes tutelados en estas
circunstancias. " Ninguna de esas decisiones llegó a tiempo de proteger a
S.H.J., que ha tenido que acudir al auxilio judicial para ser protegido",
sostiene su abogada, Paloma García de Viedma.
"Es urgente que el Gobierno
revise su actuación y modifique de manera inmediata un procedimiento de
determinación de la edad que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico,
de las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, de todas las guías de buenas prácticas europeas en esta
materia y en contra de la Convención de los Derechos del Niño”, denuncia la
presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.
"El Estado español de manera
sistemática niega la validez de estos documentos sin prueba alguna en
contra, situando a los niños en una absoluta indefensión, al no permitirles
acreditar su verdadera edad por ninguno de los medios a su alcance",
concluye Reyzábal.
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