Por Claudio Altamirano
18 de noviembre 2020
El abuso sexual y maltrato infantil son infamias que se sostienen en
el poder y en la perversión de un modelo cultural y social que conjuga
la indefensión de las víctimas, la perversión de los abusadores, el
silencio cómplice del entorno y la inacción de las autoridades que,
precisamente, están allí para cuidar, defender y proteger las infancias.
Los abusos y la explotación de niñxs y adolescentes han sido y son
un problema estremecedor que no distingue país, raza, cultura o
condición social. Por lo mismo y por iniciativa de la Fundación de la
Cumbre Mundial de la Mujer -FCMM-, desde el año 2000, el 19 de
noviembre, fue establecido como el Día Mundial para la prevención del
abuso infantil. La propuesta está dirigida fundamentalmente a
evidenciar la problemática, a denunciarla, a promover acciones de
resguardo y protección estatal, eficaces frente a las conductas
agraviantes.
En mi experiencia como maestro de una escuela pública del Bajo
Flores, tuve que afrontar el dolor de saber que una de mis alumnas de
tan solo 7 años era víctima de abuso sexual. Este delito, que
vulneraba derechos esenciales de la niña y su integridad sexual, como en
la mayoría de los casos, sucedía dentro del ámbito familiar, en la
relación de poder ejercida por un adulto familiar que se sostenía en la
sinergia de machismo, indiferencia y complicidad que rodean este tipo de
abusos, en
escenarios cada vez más perversos que logran avergonzar a las víctimas y
forzarlas a guardar silencio.
El testimonio de lo sucedido fue plasmado en el video documental: "Se
Alumbra la Vida" con el propósito de concientizar, salir del
ocultamiento y promover compromisos efectivos con los derechos de niños,
niñas y adolescentes. El documental subrayaba la acción de los
trabajadores de la educación y de la escuela, como uno de los pocos
"espacios públicos" capaces de detectar, defender, denunciar y exigir el
accionar de los entes responsables para atender y resolver los casos
planteados, en favor de las infancias.
Por ese entonces, el sistema educativo no se había planteado la
necesidad de la educación sexual ni del empoderamiento de los abusados.
No existía una guía que orientara la intervención de los educadores en
defensa de las víctimas, no teníamos pautas, indicaciones y/o
sugerencias para la acción institucional en situaciones de presunción o
certeza de abuso sexual infantil intrafamiliar, extrafamiliar y hasta
escolar. No se habían desarrollado estructuras institucionales que
tuvieran como función la defensa de los niños, niñas y adolescentes. El
sistema de protección era débil e incipiente. Hoy sabemos que lxs niñxs
o adolescentes víctimas de abuso no suelen contar lo que les ocurre. Si
lo hacen, como ocurrió con mi alumna, es porque encuentran en la escuela
y en sus docentes un espacio que habilita la confianza, que les permite
sentir que se los puede proteger, defender, respetar.
Como adultos responsables, debemos estar atentos a las señales que
los especialistas indican como de atención: cambios de conducta
repentinos, enojos injustificados, decaimiento, desconexión con el medio
social, pesadillas o problemas para dormir, ansiedad, no querer quedarse
solos con una persona en particular, en fin los signos que un maestro
atento puede advertir como señal de que “algo” serio está pasando. Los
niños y niñas pueden no verbalizarlo pero sus actitudes son signos
inequívocos que debemos aprender a reconocer. La vergüenza, el temor
a que no le crean, a que lo estigmaticen, a quedarse solo, a la pérdida
de afecto y a las amenazas, son motivos por los cuales un niño, niña o
adolescente tiene dificultades para contar la agresión de la cual fueron
o son víctimas.
Hoy sabemos más, nos animamos más, nos sabemos más responsables si no
actuamos frente al desamparo. No prejuzgamos ni demonizamos pero estamos
alerta. Sabemos que el abuso infantil y adolescente puede ocurrir en el
ámbito familiar por parte de personas directamente vinculadas a la
víctima o por alguien cercano, en las casas de parientes o amigos, en la
escuela, en el hospital o en otras instituciones, o también por grooming
—a través de Internet—.
En el campo educativo es insoslayable dar continuidad a la
elaboración de materiales pedagógico-didácticos que aborden
adecuadamente y en función de las edades las temáticas referidas a la
defensa de los derechos de lxs niñxs y adolescentes. La Educación Sexual
Integral es un aliado esencial para prevenir los abusos sexuales.
Por lo tanto, debemos exigir la aplicación efectiva de la misma en todos
los Nivel es del Sistema Educativo, como política de cuidado y
prevención. En el año 2020, la sexualidad ya no puede ser un tema tabú.
Es vital seguir promoviendo la construcción de espacios educativos de
confianza, entornos protectores donde se enseñe a los chicxs y
adolescentes el conocimiento sobre los riesgos a los que pueden estar
expuestos, generando espacios seguros que brinden escucha atenta y
activa para prevenir cualquier forma de violencia.
De esta manera, ellxs podrán apropiarse de herramientas que le
permitan cuidarse, saber cuáles son sus derechos, qué hacer cuando algo
no les gusta o les genera incomodidad y cómo pedir ayuda cuando no
puedan resolverlo en forma autónoma. No hay edades específicas para
hablar estos temas si hay estrategias de abordaje que compatibilicen el
proceso educativo con la evolución psicosocial de los estudiantes.
Abordar este tema es hablar del respeto por las diferencias, del
conocimiento de nuestro cuerpo y el de los otrx, es cuidarnos y cuidar a
los demás. Para ello sigue siendo necesario alentar y sostener las
propuestas de capacitación que permitan a todos los educadores en el
sistema educativo fortalecer su rol, sentirse más seguros brindándole
las herramientas de reflexión y de intervención necesarias.
Las nuevas generaciones docentes cuentan con la oportunidad de
apropiarse de estos conocimientos en su formación inicial, por eso
apoyamos la necesaria inclusión de la temática en todos los niveles de
formación y actualización docente. Es nuestro deber visibilizar y
condenar toda acción u omisión que conlleven directa o indirectamente a
formas de violencia, abuso, acoso, hostigamiento y/o maltrato hacia
niñxs, jóvenes y adolescentes. Ante estas vulneraciones de derechos,
estamos obligados a pronunciarnos y a tomar las medidas que sean
necesarias para proteger la niñez en cualquier ámbito y en cualquier
nivel.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño es Ley nacional.
Sus artículos 19 y 34 obligan a los Gobiernos y a las Organizaciones de
la Sociedad Civil a jugar un rol activo en la protección concreta de
estos derechos y a actuar contra toda forma de abuso infantil. Como
ciudadanas y ciudadanos no podemos mirar para otro lado frente a los
hechos concretos. Necesitamos construir con urgencia y
colectivamente una agenda que proteja los derechos de los niños y niñas
y los adolescentes en cualquier rincón del país.