Durante
una comparecencia parlamentaria en la Comisión de
Protección de la Infancia del Parlamento de
Andalucía, Maeztu ha presentado los datos del
Informe del Menor de 2019 y una catarata de
reflexiones sobre las denuncias y quejas. "El
informe no se limita a exponer quejas, ofrece
también un camino para la solución", ha apostillado.
Los
datos del Informe del Menor de 2019 señalan que la
Defensoría de Maeztu desarrolló 5.585 actuaciones,
2.454 fueron quejas y 3.131 consultas. De las 2.454
quejas, 1.789 se iniciaron en el mismo año, 29 de
ellas lo fueron de oficio, y el resto eran de años
anteriores.
En la
identificación de los principales problemas
descritos en el Informe del Menor 2019, Maeztu ha
apuntado el derecho a la salud, ámbito donde ha
identificado "las carencias de la atención
pediátrica en zonas rurales", que se traducen en que
sean "los facultativos de Medicina de Familia
quienes asuman la atención a menores de edad".
Maeztu
ha señalado que "la salud mental ha empeorado con el
Covid", por lo que ha esgrimido "la falta de
unidades de hospitalización de larga y media
estancia", a lo que ha sumado la ausencia de
"unidades de tratamiento de anorexia".
En el
derecho a la educación, el Defensor del Menor ha
aludido al alumnado de necesidades educativas
especiales y "la escasez de profesionales" para su
atención, y se ha preguntado por la mejora de esa
atención con un cambio de la ratio y el aumento de
profesionales. En este ámbito ha apuntado que en
2019 se ha empezado el informe especial de educación
rural.
En el
apartado del Informe sobre la protección de menores
extranjeros no acompañados, Maeztu, ha aludido al
rechazo a la instalación de centro de atención en
Sevilla, y que las actuaciones institucionales se
concretaron en la visita de la consejera de
Igualdad, Rocío Ruiz, el propio Defensor, y la
Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía al
centro, así como la investigación de la Fiscalía por
si los hechos fueron constitutivos de un delito de
odio y de un comunicado del Defensor contra la
criminalización de los menores.
Maeztu
ha dado cuenta de la elaboración de un nuevo
protocolo de evaluación de la edad de los menores y
ha estimado que el protocolo nacional "va a servir
de referencia para que los fiscales no decidan a ojo
si son menores o no".
En el
Sistema de Justicia Juvenil, Maeztu ha aludido al
fallecimiento de un menor en el centro Tierra de
Oria en Almería por la aplicación de medidas de
contención mecánica, de la que ha apuntado que, con
independencia de las actuaciones judiciales y de la
investigación de oficio del Defensor del Pueblo
estatal, su Defensoría ha reclamado a la Consejería
de Justicia de la Junta "la suspensión de la
práctica de la sujeción mecánica" a la espera de la
reforma del Reglamento que desarrolla la Ley
Orgánica en la que trabaja el Gobierno.
ACCESO DE LOS NIÑOS A LA PORNOGRAFÍA:
FENÓMENO EN AUGE
Maeztu
se ha detenido en capítulo VI del informe, dedicado
al acceso de los niños a pornografía, para "llamar a
la reflexión" tras sostener que se trata de "un
fenómeno en auge" por cuanto si antes "era de
difícil acceso, ahora no" por el hecho de que basta
"tener un móvil con acceso a Internet".
Tras
lamentar "la escasez de estudios que aborden este
fenómeno", ha aludido a un informe elaborado en
Baleares que apunta que "la edad de acceso a los
contenidos pornográficos es a los 14 años", Maeztu
ha desglosado que la educación sexual de los menores
a través de la pornográfica arrastra consigo
consecuencias como "la cosificación de la mujer, que
se convierte en un objeto sexual disponible, emulan
las praácticas observadas, el incremento del riesgo
de las agresiones, o la dependencia del consumidor,
sin madurez psicológica".
Maeztu
ha pedido la colaboración de las empresas
suministradoras de acceso a Internet, al tiempo que
ha advertido de la brecha digital en la formación de
los padres que dificulta el control de éstos sobre
los contenidos vistos por sus hijos y ha requerido
de la escuela "reflexionar junto al alumnado de las
consecuencias del mal uso de la red" y que "analice
las relaciones afectivas y sexuales".
El
socialista Felipe López, quien ha considerado la
presencia del Defensor del Menor en el Parlamento
como "un signo de calidad democrática", ha abogado
por "mejorar las condiciones de las familias", punto
en que ha reivindicado la contribución del Gobierno
con una iniciativa como el Ingreso Mínimo Vital, que
ha presentado como "una forma de mejorar las
condiciones de las familias y de los menores".
El
parlamentario del PP, Francisco José Palacios, ha
aludido al incremento del 8% de las denuncias
planteadas al Defensor del Menor, que ha considerado
obedece a que "los ciudadanos confían más en la
institución", y ha expresado su expectativa sobre el
informe anunciado sobre el impacto de la pandemia
después de haber conocido el adelanto de datos como
el aumento del maltrato infantil en el hogar.
La
diputada de Cs, Ana María Llopis, ha expresado que
"me ha gustado del informe el anexo sobre
problemática de carencia de información sexual" y ha
centrado su intervención en "la brecha de
desigualdad para llevar la educaciòn a distancia
porque no todas las familias tienen los mismos
recursos".
ADELANTE: POCO ANÁLISIS DE LAS
DENUNCIAS DE LOS MENORES
La
diputada de Adelante Andalucía, María Isabel Mora,
ha planteado al Defensor del Menor que "se haga un
resumen por materias con el análisis de cada tema y
recomendaciones" y ha considerado que "las mayores
lagunas" residen en justicia juvenil. Aquí se ha
lamentado del "poco análisis de las denuncias de los
menores" y ha pedido "una investigación indepediente
para no dar por bueno el punto de vista de la
administración".
Mora,
que ha llamado la atención sobre el hecho de que "el
abandono educativo en Andalucía sea mayor que la
media española" y ha reclamado "un pacto educación
para no depender de cambios legislativos", ha
planteado "las grandes lagunas en el sistema de
protección de los menas", así como que ha apreciado
"la falta de referencia a los problemas de los
menores extutelados".
Maeztu
ha escuchado de la diputada de Vox, Ana Gil, una
apelación sobre "las medidas de protección para los
menores de 10 años" por considerar que se trata de
"la etapa más frágil de todas" y ha demandado
"colaboración con la Consejería de Igualdad" para
contrarrestar "una burocracia interminable para las
posibilidades de ser adoptados".
PRODENI