Público
Los pediatras de atención
primaria piden cambios en la ley contra la violencia en la infancia
Un documento difundido por
la asociación que engloba a estos profesionales, recuerda que la violencia
hacia la infancia es una "vulneración intolerable de los Derechos Humanos" y
un "verdadero problema de salud pública". Pide que se incorpore a la ley una
atención especial a las víctimas de violencia de género y que se elimine el
Síndrome de Alienación Parental.
Marisa Kohan
30 de julio 2020
La
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha elaborado
un documento en el que realiza comentarios y recomendaciones al anteproyecto
de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia. Un texto que aprobó
el Consejo de Ministros el pasado nueve de junio y que en estos momentos
se encuentra en fase de recepción de enmiendas.
Desde su presentación, el proyecto de ley ha recibido
críticas desde diversos colectivos e instituciones que van desde
organizaciones feministas y de defensa de la infancia, hasta el Defensor del
Pueblo. Entre los principales 'agujeros' que presenta la ley, se ha
resaltado la falta de un enfoque de género (tal como adelantó
este diario el día de su presentación) pasar de puntillas sobre el
abuso sexual intrafamiliar o no acometer la prohibición
del uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Desde su
presentación, ministerios como el de Igualdad y
el de Justicia han
anunciado revisiones del texto.
Ahora son los pediatras
de atención primaria los que aportan su visión para mejorar una ley que
se ha considerado "histórica", por ser de las pocas normas en el mundo que
acomete las violencias hacia la infancia y adolescencia de una forma
integral.
En su comunicado, los pediatras de atención primaria
reafirman que "la violencia en la vida de las personas menores de edad es
una vulneración intolerable de los Derechos Humanos" y que tiene
"efectos devastadores en el desarrollo de la persona, tanto durante la
infancia como en la vida adulta". Tal es la incidencia de estos efectos,
afirman desde la AEPap, que "representan un verdadero problema de salud
publica".
En el comunicado recuerdan que "uno de cada cuatro menores
sufre cualquiera de las tipologías de maltrato infantil, que uno de cada
cinco sufre algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años y
que uno de cada diez es víctima directa de violencia de género por su
condición de ser hijo/a de una madre víctima de dicha violencia".
"En nuestro trabajo diario atendemos menores víctimas de
muchos tipos de violencia. La mayor dificultad que encontramos es que se
reconozca su condición de víctima", afirma el comunicado de la AEPap, y
resalta que éste reconocimiento es el "primer paso para poder protegerles de
esta lacra y que puedan recuperar su proyecto de vida".
Maltrato institucional
En su nota, los pediatras de atención primaria explican que
la falta de formación y de coordinación entre médicos que intervienen en la
violencia contra los menores, así como la falta de aplicación de las
leyes protectoras vigentes, "acarrean un maltrato institucional que
invisibilidad y revictimiza a las víctimas". Por ello abogan por la
aplicación de la legislación vigente, así como la implementación de los
puntos del pacto de Estado contra la violencia machista.
Reconocen que, aunque hay cambios importantes y bienvenidos
en el proyecto de ley "para los adultos que en su infancia y adolescencia
fueron víctimas", se necesitan medidas urgentes para proteger a las
personas menores que "están sufriendo hoy la violencia ante nuestra
mirada".
Por todos estos motivos y debido al conocimiento que la
práctica de su profesión les brinda, realizan una serie de recomendaciones
para mejorar los vacíos en la protección de las víctimas que presenta el
proyecto de ley.
Entre ellas, resaltan la necesidad de asegurar que el bien
superior del menor deje de ser un concepto teórico y se convierta en una
realidad mediante la aplicación de las leyes vigentes de protección a la
infancia. También reclaman formación obligatoria en psicología evolutiva a
todo profesional que trabaja con menores.
Subrayan la importancia de "oír, escuchar y tener en cuenta"
a los menores en las decisiones que les afecten y evitar su revictimización
obligándoles a relatar las violencias que han vivido una y otra vez y
exigen no basar las exploraciones en un término "tan subjetivo y
excluyente como es el de la madurez", tal como está recogido en el
anteproyecto de ley.
Atención especial a las víctimas de violencia de género
Los médicos de atención primaria piden que se visibilice de
formal "muy específica" en la nueva ley los daños sufridos por las personas
menores cuyas madres sean víctimas de violencia de género, y que según
nuestra legislación son también víctimas directas de dicha violencia. Debido
a su alta incidencia en la salud y bienestar de los menores, exigen que
la ley especifique medidas cautelares de alejamiento de los agresores,
tanto en los casos de mujeres que hayan denunciado dicha violencia, como en
los casos en los que sin haber denunciado, las madres hayan obtenido la
condición de víctimas de esta violencia por otras instituciones no
judiciales.
Recomiendan, además, que la ley recoja de forma explícita
la violencia sexual incestuosa sufrida por los menores a manos de sus
progenitores, debido a su "invisibilidad, ocultamiento social y
gravedad" y entienden que el nuevo texto debería incidir en un manejo
específico de esta violencia debido a la "fragilidad de la víctima en un
contexto de enfrentamiento del testimonio de un/una hijo/a menor frente al
progenitor agresor".
Según las estimaciones de organizaciones como Save the
Children, en nuestro país se
denuncia tan solo el 15% de los casos abusos a menores y de éstas el 70% no
supera la fase de investigación, con lo que nunca llega a juicio.
Rechazar el uso del SAP en todas sus formas
El documento hecho público por la AEPap pide que la nueva
ley rechace todas las formas de aplicación del Síndrome de Alienación
Parental (una supuesta patología que no está reconocida por ninguna
institución médica o psicológica y que se
utiliza en el sistema judicial para culpabilizar a las madres), incluyendo
la "introducción de la figura del Coordinador de Parentalidad que
persigue forzosamente una vinculación con un progenitor que el/la hijo/a
rechaza". Afirman que en cualquier caso es vital investigar "minuciosamente"
las causas de dicho rechaza.
Por último
recomiendan que la ley especifique claramente la manera en que debe llevarse
a cabo el registro de las violencias en la história clínica y que ésta se
realice de forma común en todo el territorio español, así como la necesidad
de promover "la creación de Juzgados específicos de Violencia contra la
Infancia y Adolescencia".
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