El País
El deporte español ante el gran reto de la
protección a los menores
El Consejo Superior de
Deportes insta a las federaciones a cumplir con las obligaciones de la Ley
de 2020 e implementar los nuevos protocolos para prevenir delitos y
garantizar el amparo a las víctimas
Entrenamiento de gimnastas menores en club de Gimnasia
Artística de Pozuelo, que incorpora metodologías para prevenir los
abusos. / KIKE PARA
Eleonora Giovio / Faustino Sáez
Madrid, 10 de
enero 2021
El último caso (conocido) de abusos sexuales a menores en el deporte
se cerró a finales de noviembre con
una condena de 15 años y medio de prisión para Carlos Franch, exentrenador
de un club de gimnasia artística de Betxí, un pueblo de 5.700 habitantes
en la provincia de Castellón. Franch se aprovechó de su relación de
superioridad derivada de su condición de entrenador para abusar de
gimnastas menores de dos generaciones diferentes a lo largo de más de 20
años. Las denuncias realizadas en 2017 fueron 12, pero sólo en tres
casos los delitos no habían prescrito. Ni la federación de gimnasia
valenciana ni la española (RFEG) abrieron una investigación interna
cuando las menores denunciaron a Franch a la Guardia Civil.
Estaban obligados a hacerlo por los protocolos para la prevención,
detección y actuación frente al acoso y abuso sexual que el Consejo
Superior de Deportes (CSD) adoptó en 2013 y que ha actualizado a finales
de 2020 para adaptarlos a la nueva Ley Orgánica de protección integral a
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el 9 de
junio por el Gobierno para su tramitación parlamentaria. Ese nuevo
protocolo se está aplicando ahora mismo en el CSD en el procedimiento
abierto para investigar las denuncias de dos gimnastas de rítmica del
Centro de Alto Rendimiento de León por insultos y trato vejatorio.
La llamada Ley
Rhodes, en reconocimiento al pianista y activista británico James
Rhodes, víctima de abusos en su infancia, endurece las penas, modifica
los plazos de prescripción de los delitos —que se empieza a aplicar
cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como antes, para facilitar la
denuncia que suele hacerse en edad adulta— y apuntala un marco
legislativo apenas sostenido por el Convenio de Lanzarote, firmado por
los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y en vigor desde julio de
2010. Más allá de ese texto, la
actuación de las organizaciones españolas hasta 2019 frente al acoso y
el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limitaba a
campañas de concienciación, sin seguimiento, ni legislación para
proteger a los niños de manera efectiva. Una lacra mundial cuya gestión
queda casi siempre en manos del coraje de los propios supervivientes.
Ahora el CSD y las Federaciones afrontan el reto de implementar de
manera efectiva los protocolos y las medidas que garanticen el amparo.
También, según dicta la nueva ley, tendrán que hacerlo todas aquellas
entidades que realizan actividades deportivas con menores de forma
habitual. El reto es erradicar la violencia, el abuso y el acoso desde
la iniciación (clubes, escuelas municipales) hasta la alta competición.
La Ley Rhodes dedica un capítulo especial (el IX) al deporte y al
ocio. Obliga la red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación
Deportiva, a las Federaciones y Escuelas municipales a contar con
protocolos de actuación frente a la violencia que incluyen prevención,
detección precoz e intervención. Obliga a implantar un sistema de
monitorización para asegurar el cumplimiento de esos protocolos. Y
recoge, por fin, la petición de expertos y víctimas de abusos en el
deporte para hacer obligatoria la figura clave del delegado de
protección.
Hay países como Reino Unido que lleva tiempo empleándola y destacando
su importancia primordial. Él o la delegada de protección es la persona
encargada de velar por la seguridad de los menores, de garantizar que el
lugar de entrenamiento sea un lugar sano, donde reine la exigencia
física, pero no tengan cabida insultos, vejaciones, menosprecios,
abusos, ni ningún tipo de acoso. Es
el primer mecanismo de control: la pieza que se encarga de que se
implementen los protocolos, de escuchar a los menores, sus avisos sobre
cualquier tipo de abuso, y de trasladar sus denuncias a las autoridades
competentes si son constitutivas de delito.
En la legislación anterior, la figura del delegado de protección no
era obligatoria. Era requerida por protocolos precedentes, pero, en la
mayoría de los casos, si existía la ejercía personal interno a las
federaciones y sin ningún tipo de formación específica. Se cubría el
organigrama por protocolo, no de manera efectiva. Para la prevención o
gestión de casos de abusos y acoso es fundamental la presencia de
delegados formados que sepan observar, detectar señales y actuar ante
ellas. El CSD obliga ahora a que esa figura tenga formación específica y
se ha comprometido a dársela no sólo a sus delegados, sino también a los
de las Federaciones. Se ha decidido externalizar esa formación y, a
falta de la firma del contrato, el CSD prevé iniciarla durante este mes
de enero, coordinada por Bárbara Fuertes, al frente de la subdirección
general de deporte y mujer.
“Es importante que se cambien hábitos, que las federaciones se
acostumbren a contar con especialistas en este ámbito, que se desarrolle
y consolide un tratamiento diferenciado para los menores y las mujeres.
Hay inercias que tienen que cambiar. El elemento educativo es clave, la
ejemplaridad que le corresponde al CSD, también”, afirma Joaquín de
Arístegui, director general del Consejo Superior de Deportes desde
junio. El CSD ha dispuesto la presencia de dos delegados de protección
en el CAR: uno para los menores residentes en la Blume y otro para los
que entrenan en sus instalaciones como externos o invitados. Además, ha
decidido acotar zonas específicas para que los menores estén
especialmente protegidos. “Donde el delegado pueda cumplir mejor su
función”, matiza Arístegui.
¿El delegado de qué?
En otoño, con la Ley ya aprobada desde hace meses, algunas
federaciones respondieron con sorpresa y desconocimiento a la llamada de
este periódico para preguntar por la figura del delegado de protección:
—”¿el delegado de qué?”—. Otras dieron por hecho que, al tener delegado
de protección de datos, “seguramente” tendrían “también el de protección
de menores”, extraviado en cualquier caso en el organigrama. La
Federación de natación, en cambio, sí lleva años tomándose muy en serio
esta figura y formándola para las tareas específicas.
“Somos un país de vanguardia en muchas cosas. En la protección del
menor y en la inclusión de la mujer tenemos que llegar a serlo también.
Y para eso el CSD utilizará todos sus recursos de persuasión y
actuación”, explica Arístegui. “Tenemos que extremar las medidas. Ser
ejemplares en controlar pequeños hábitos y comportamientos que en otros
tiempos se habían podido normalizar, pero ya no tienen cabida. Somos un
entorno social”, añade José Hidalgo, Presidente de la Asociación del
Deporte Español (ADESP) —que agrupa a todas las federaciones de deportes
olímpicos, no olímpicos y adaptados, salvo la de fútbol—. “Tenemos que
tener una sensibilidad distinta. Hay mucho por hacer y el deporte puede
servir para la concienciación social. Queremos hacer bandera de la
protección del menor, como herramienta ejemplarizante, y tiene que haber
una guía clara de actuación para atajar este problema”, completa
Hidalgo, que asume que, hasta la fecha, la voluntad va por delante de la
asunción de medidas y que muchas federaciones tienen “los deberes por
hacer”.
Los protocolos de 2013 que no se aplicaron en el caso de Betxí obligaban,
además, a adoptar una serie de medidas de prevención, y dejar claras, por
ejemplo, las funciones del entrenador (que no es un masajista). Describían
los riesgos potenciales asociados a las actividades deportivas y las
posibles medidas preventivas. En el pabellón de gimnasia de Betxí nadie
sabía nada de estas normas. Tampoco sabían, por ejemplo, que no había que
cerrar con llave la sala de fisioterapia; ni que había que indicar el
horario en que se utilizaba esa sala y por qué profesional. No estaban
colgadas en ningún sitio. A pesar de ser de obligado cumplimiento. Es más,
durante el juicio a Carlos Franch, Lucía Guisado, seleccionadora nacional de
gimnasia artística (llamada a declarar como testigo), negó incluso que
existiera el protocolo (las Federaciones están obligadas a colgarlo en su
web para recibir las subvenciones del CSD). “En 2017 [año en que las niñas
denunciaron] no había un protocolo; se puso en marcha después [en realidad
lo estaba desde 2013]”, declaró en el juicio oral.
Esos protocolos ahora se han renovado. De 10 páginas se ha pasado a 22.
Se detallan las situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la
violencia sexual (y se hace especial hincapié en el llamado grooming,
es decir, la relación de desequilibrio de poder y dependencia que se genera
entre entrenadores y deportistas y las relaciones abusivas que implica), se
detallan las medidas preventivas, a quién y cómo pedir ayuda, los protocolos
de actuación, el comité asesor, la atención a las víctimas y la evaluación,
seguimiento y registro de los casos.
El CSD ha hecho los deberes y los ha implantado en los Centros de Alto
Rendimiento y de Tecnificación (en los que tiene competencia). La actuación
de las Federaciones es desigual y va a rebufo. “Nuestro protocolo [para el
CAR] fue aprobado el 21 de septiembre. Después, las federaciones son
entidades privadas sobre las que nosotros debemos ejercer la tutela y
supervisión de las funciones públicas delegadas”, analiza Txus Mardaras,
subdirector de promoción e innovación del CSD.
El Consejo mandó su protocolo a las federaciones para que estas pudieran
inspirarse en él y aportar o incorporar sugerencias. En las páginas web de
las federaciones más importantes, sin embargo, ni siquiera está todavía
colgado el nuevo protocolo. Siguen todas con el antiguo y muy escondido.
Al CSD le consta que “varias federaciones ya lo han adoptado”, otras
“esperan a que se convoquen las juntas para hacerlo”. Recuerdan que para ser
beneficiarios de las subvenciones del CSD “deben tenerlo adoptado y
publicado” y esperan que así sea “próximamente”.
“No queremos entornos cerrados”
”Aquí recibimos deportistas seleccionados por sus respectivas
federaciones y lo primero que hacemos es tener una entrevista con sus
padres. De los 2.432 usuarios de las instalaciones, aproximadamente el 21%
son menores y cada vez son más jóvenes porque el alto rendimiento empieza
antes. Buscamos el vínculo con la federación a través de sus tutores, a los
que les damos una beca de residencia. A las federaciones les pedimos que se
involucren en la vida diaria del deportista. Hay federaciones, como
gimnasia, que tienden al aislamiento, por su exigencia. No
queremos entornos cerrados. El tutor vela por la buena integración de
los niños”, prosigue Mardaras.
Los tutores José Ramón López y Karima Sánchez supervisan
una clase en la Residencia Blume. / INMA FLORES
Una demostración del “aislamiento” que reina en algunas federaciones es
que Karima Sánchez (la tutora que reside en la Blume, igual que José Ramón
López) no puede entrar al pabellón para ver los entrenamientos de gimnasia
femenina; sí los de masculina. Los tiene que ver desde fuera, a través de la
cristalera. ¿Por qué? “Cada entrenador establece sus normas y a lo mejor
quiere más intimidad en los entrenamientos”, responde ella, contratada por
la propia Federación de gimnasia.
En la residencia y en el CAR hay menores de cinco deportes: golf,
gimnasia, judo, tenis de mesa y triatlón. Son 200 en total, que se entrenan
y estudian en las instalaciones, y 42 internos, que viven y duermen en la
residencia. “Hacemos un reporte mensual a las federaciones de todo lo que ha
sucedido durante el mes, (si alguien ha suspendido, si alguien se ha puesto
enfermo y hemos tenido que ir a urgencias, si alguien se ha saltado las
normas…) así tienen un control de todo lo que pasa aquí dentro. La
federación transmite toda la información al CSD y ese mismo informe se
utiliza para informar a los padres”, exponen Karima y José Ramón.
La aprobación de la Ley de Protección a la infancia llega tarde para las
víctimas de abusos, pero no para todos los menores que se desarrollan en
todos los ámbitos, también en el deportivo. El reto de las instituciones, en
la aplicación de un texto que nace con vocación de transformación social, es
romper el silencio, ventilar los entornos claustrofóbicos, desmontar las
dependencias nocivas, determinar sin excusas la línea entre disciplina y la
humillación, sensibilizar desde la educación, abordar la lacra como una
estrategia de protección global desde la base de la pirámide e invertir en
la formación de formadores. La comunicación como prevención. La denuncia de
cualquier indicio de violencia contra los menores ya es obligatoria por ley,
especialmente entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto
habitual con menores. El deporte español, de los clubes de barrio al CSD,
pasando por las federaciones, se enfrenta al compromiso inaplazable de la
protección a los menores. Para que el futuro crezca sano.
Joaquín de Arístegui: “Ante cualquier duda, abrir una investigación”
PRODENI