El decreto antidesahucios llega a su fin sin evitar que una mujer y cuatro niños se queden en la calle

El Ministerio de Transportes prepara nuevas medidas continuistas ante el retraso de la Ley de Vivienda, pero la responsabilidad seguirá recayendo en jueces y servicios sociales municipales

Los nietos de Cruz tras ejecutarse el desahucio Olmo Calvo

La policía nacional ejecutó este miércoles el desahucio de Cruz Rey, su marido y sus cuatro nietos menores de edad, ordenado por el juzgado de primera instancia nº6 de Madrid. Sucedió en Vallecas, en unos bloques nuevos pegados a la autopista M-40, hacia las doce del mediodía.

Los menores, dos niñas y dos niños de entre 9 y 16 años, salieron de la urbanización antes que su abuela cargados con varias mochilas, la jaulita de un hámster, asustados y llorando. Minutos antes, representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, del Sindicato de Inquilinos y de varios partidos de izquierda —ERC, Bildu, Compromís, Más País, BNG y la CUP— pedían delante del Congreso una moratoria del actual decreto antidesahucios del Gobierno, aprobado durante la pandemia y que termina el próximo 9 de agosto.

Con los datos en la mano se puede afirmar que ese decreto no ha funcionado. En el primer trimestre de 2021 hubo más desahucios por alquiler que en el mismo período de 2020 aunque menos que en 2019. En los últimos años, los desahucios por alquiler de enero a marzo se situaron entre 9.000 y 10.000. En 2021 hubo 7.862. "Aunque el decreto es insuficiente, en algunos casos sí ha evitado el desahucio", sostiene Lucía Delgado, portavoz de la PAH. "Por eso pedimos una moratoria definitiva y que se obligue a bancos y a fondos a hacer alquileres sociales".

Teniendo en cuenta todos los lanzamientos, tanto por alquiler como por hipoteca, que no se ejecutaron en 2020 debido a la pandemia, las organizaciones prevén un auténtico aluvión el próximo otoño. "Va a ser escalofriante. Estamos aquí porque no lo podemos permitir", añade Delgado.

Fuentes del Ministerio de Transportes avanzan que trabajan en un nuevo decreto con medidas sobre desahucios. Este decreto sustituirá al de la pandemia y recogerá las medidas que deberían ir en la Ley de Vivienda, sobre la que los dos partidos del Gobierno aún no han llegado a un acuerdo. Ni la PAH ni el Sindicato de Inquilinos conocen su contenido. Unidas Podemos pide que incluya la suspensión de desahucios para familias vulnerables mientras no haya alternativa que no sea una vivienda, que el juzgado tenga que solicitar obligatoriamente un informe a servicios sociales y aumentar los criterios de vulnerabilidad.

El de Cruz, su marido y los niños es uno de esos casos en los que las medidas del Ejecutivo no han servido de nada. Hay muchos más. Algunos, como el de Segundo en Barcelona, terminaron en suicidio.

Cruz está a cargo de sus nietos porque su hija falleció hace años. Vivían en un piso en Puente de Vallecas que dejó de pagar cuando llegó la pandemia y ella y su marido se quedaron sin trabajo. Eran solicitantes de una vivienda social desde hacía tiempo, pero aún no les había sido concedida. Se mudaron al piso objeto del desahucio, a cinco kilómetros al sur, el pasado mes de enero. Ahí vivía hasta entonces su otra hija, Marily Alejandra, que se marchó cuando le salió un trabajo de interna en Guadalajara.

Según explican fuentes de la PAH que han seguido el proceso e intentado parar el lanzamiento, el propietario (Liberbank) vendió el piso con Marily dentro. Con el coronavirus, ella dejó de pagar y el nuevo propietario, de pasarle los recibos del alquiler hasta que la demandó por impago. Como ella encontró trabajo y techo en otro sitio, no luchó el caso pero le dejó el piso a su madre y sobrinos.

El nuevo propietario y demandante es Global Tarasca, una empresa inmobiliaria en la que Liberbank tiene una pequeña participación (3%) y cuyo accionista mayoritario es Candra, que a su vez pertenece a un fondo con sede en Irlanda. Altamira, una gestora de activos, es apoderada de Global Tarasca. Fuentes cercanas a Liberbank aseguran que el activo ya no es suyo, si bien desde los colectivos por la vivienda indican que un representante del banco acudió a la comisión judicial previa al desahucio. Global Tarasca ha dicho a elDiario.es que no tiene nada que comentar sobre el caso.

"El juzgado ha dicho: ni está demostrada la vulnerabilidad ni esta señora vive aquí, porque tardó en empadronarse", sostiene Diego Sanz, portavoz de la PAH en Vallecas. Desde el colectivo también denuncian el papel de los servicios sociales, la administración encargada de emitir los informes de vulnerabilidad. Técnicamente, las personas vulnerables —con cierto límite de ingresos— no pueden ser desahuciadas en ningún caso hasta el 9 de agosto, pero deben acreditar dicha vulnerabilidad. Cruz y los niños tenían un informe de cuando vivían en Puente de Vallecas, desactualizado. Según fuentes de Servicios Sociales, un día antes del desahucio Cruz acudió al centro pidiendo un nuevo informe que incorporara una situación de discapacidad. Servicios Sociales le transmitió "la imposibilidad de recibir nuevos informes, porque la fecha de lanzamiento estaba resuelta sin posibilidad de aplazamiento".

El Gobierno amplió las condiciones de su decreto antidesahucios en diciembre para dar cabida a aquellas personas que no tuvieran contrato de alquiler. El caso de Cruz encaja en este supuesto: sin título, vulnerable económicamente, con menores a su cargo y en el piso de un propietario que muy probablemente tenga más de diez viviendas (posee un patrimonio de 12 millones de euros, según sus últimas cuentas).

Sin embargo, esto tampoco ha servido para que el juez decida frenarlo. Es más, en el auto menciona la "advertencia expresa" de que "no se volverá a suspender el lanzamiento", porque este era el tercer intento. Los colectivos por la vivienda llevan tiempo señalando a los jueces que ordenan los desahucios, asegurando que en muchas ocasiones no cumplen con lo establecido en los decretos.

Fuentes de los Servicios Sociales de Madrid indican que la familia "está siendo atendida" y que "se les ha ofrecido una prestación de alojamiento alternativo que, al parecer han rechazado. También se ha activado el Samur Social, como en todos los casos de lanzamientos".

"La alternativa era un albergue temporal", aclara Sanz. "La familia lo ha rechazado. También ha rechazado la plaza del Samur porque es temporal, no te dicen dónde, ni cuánto tiempo, ni si toda la familia se puede ir junta. La presencia del Samur Social facilita el desahucio porque el juez entiende que existe alternativa".

A su salida, Cruz indicó a los medios que se quedarán en casa de una amiga y ha pedido al propietario que piense en los niños. "No tienen padre, no tienen madre, yo soy la abuela y me hago cargo de ellos. Le pido que pare este desahucio", dijo en un vídeo. "Aquí están los niños viendo este espectáculo, pero a usted no le importa el dolor ajeno ni destrozar familias".