La
prestación por desempleo se agotó rápido y a los pocos
meses del despido ya no pudieron hacer frente al pago
del alquiler del piso. La deuda se fue acumulando y el
pasado mayo un juzgado ordenó el lanzamiento, fijado
para dentro de poco más de dos semanas. El marido de
María M. ya ha encontrado un trabajo como electricista,
por el que le pagan un sueldo de unos 1.000 euros, pero
el problema ahora es la situación del mercado
inmobiliario.
Con
esa cruda realidad se ha dado de bruces una familia que
tiene a su cuidado a cuatro niños de entre tres y seis
años, dos de ellos con unas necesidades especiales
valoradas con una dependencia de grado tres, que se
define así en la baremación oficial: necesitan ayuda
para realizar varias actividades básicas de la vida
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra
persona o tienen necesidades de apoyo generalizado para
su autonomía personal.
Que en
Málaga la vivienda está cada vez más cara, que
cada vez es más difícil encontrar un piso en alquiler a
un precio asequible no ya en el centro, sino también
en los barrios más alejados del corazón económico y
turístico de la ciudad, era de sobra conocido, era
vox populi. Pero ahora, además, un organismo que
depende del ayuntamiento de la capital, el
Observatorio del Medio Ambiente Urbano, lo ha dejado
escrito en un papel, lo ha identificado y denunciado en
los informes periódicos que elabora sobre el mercado
inmobiliario de Málaga.
"Una
ciudad dual" con una gentrificación "a gran escala"
En el
informe del segundo trimestre de este año, el
Observatorio municipal señala que desde 2015 se ha ido
modificando el mercado de la vivienda en Málaga hasta
crear una "ciudad dual": una en la que "con esfuerzos"
se puede acceder a la compra o alquiler de una vivienda
y otra paralela que "no está destinada" a los
malagueños, sino a inversores externos o "simplemente
compradores de otras zonas de España o Europa que
consideran una buena inversión la compra de un inmueble
en la capital de la Costa del Sol".
Y
aunque el Observatorio del Medio Ambiente Urbano admite
que los niveles de construcción están "muy alejados" del
boom inmobiliario de los primeros años de este
siglo, advierte de que "la espiral de precios está
rozando los dos dígitos al año", con incrementos de
hasta el 9,8%, "uno de los más elevados de España".
Esa
situación es la que está dificultando aún más, según el
informe, el acceso a la vivienda de una parte
considerable de la población de Málaga, en la que se
suma el "factor mediterráneo" a la presión inmobiliaria
que sufren otros municipios españoles.
"Con
algo más del 20% de las personas de la ciudad en
situación de vulnerabilidad social, con un
porcentaje de desempleo similar, y una renta familiar
que supone el 80% de la media española no parece que
estemos en el paraíso deseado que tanto se vende en los
últimos tiempos", subrayan los autores del informe sobre
la base de unos datos que representan la realidad de
familias como la de María M., que ahora se enfrenta al
desahucio de su vivienda por impago del alquiler.
Esa
realidad, el continuo aumento de los precios de la
vivienda, tanto de alquiler como de compra, está
provocando, a juicio del Observatorio municipal, el
traslado de un número considerable de población
residente en la capital hacia otros municipios del área
metropolitana de Málaga, lo que califica como "una
situación de gentrificación a gran escala", un
proceso de sustitución de la población original
residente por otra nueva de mayores recursos.
"Curiosamente" ese proceso de gentrificación se ha
ido produciendo en los ámbitos donde se ha llevado a
cabo una renovación urbana cofinanciada con los
fondos Feder, añaden los autores del informe, quienes
afirman a continuación: constituye "una paradoja que la
ayuda europea destinada a fomentar la cohesión social de
áreas entonces degradadas, hayan contribuido finalmente
al abandono de un número importante de la población
residente que se pretendía potenciar".
A esa
gentrificación ha contribuido el gran aumento del
número de pisos turísticos en la capital malagueña.
Según los datos del Observatorio del Medio Ambiente
Urbano, desde 2015 casi se ha cuadruplicado el número de
plazas turísticas, hasta superar las 54.000, de las
cuales más de 40.000 son de viviendas y apartamentos. Y,
como consecuencia de ese proceso, ha aumentado la
población residente que tiene que dejar sus casas en
buena parte de los barrios de la ciudad, incluido los
periféricos como el de La Luz, donde vive la familia de
María, donde se registra ya una pérdida de población
autóctona del 20%, según el informe municipal.
"Lo
que quiero es poder pagar un alquiler"
María
no conoce este estudio, pero sí sufre mucho de lo que en
él se habla. Durante un año su familia ha tenido que
salir adelante con las ayudas a las que tiene derecho
por la discapacidad de sus hijos y a la infancia, los 17
euros al mes que le correspondía por el Ingreso
Mínimo Vital de acuerdo con sus ingresos de 2020 y
la mano que le echa su madre.
"No
quiero que me regalen nada", recalca. "Lo que quiero es
poder pagar algo acorde con lo que ganamos ahora, un
alquiler de 400, de 500 euros, para que podamos vivir
dignamente, no vivir en la miseria. Que llevamos toda
la vida trabajando y no recibimos nada. Es indignante".
La
falta de ingresos se agrava aún más cuando hay dos niños
con un grado de discapacidad del 65% a los que atender.
Los pequeños mellizos de María van a un colegio público
del barrio, y dos días a la semana, a un servicio de
atención temprana, pero el resto del tiempo requieren un
cuidado permanente en una casa que ahora atraviesa una
situación muy complicada a causa del inminente
desahucio.
"Son
niños que necesitan mucha atención, mucho cuidado,
muchísimas necesidades. Y todo esto les está
afectando, claro, les está transmitiendo nerviosismo,
aunque no queramos, porque por mucho que quieras estar
tranquilo delante de ellos, no puedes. Y lo están
viviendo fatal", se lamenta la madre.
La
Asociación Autismo en Positivo, a la que pertenece
María, fue la organización que convocó el pasado
miércoles una concentración a las puertas del
Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de exigir una
solución para esta familia antes de que tenga que
abandonar su piso a causa del lanzamiento judicial.
Su
presidenta, Rocío Calderón, madre también de un
niño con espectro autista, sabe perfectamente lo que
cuesta atender a un menor con esta discapacidad y los
esfuerzos que requiere, el doble si son dos, como en el
caso de María.
Y un desahucio como al que se enfrenta esta familia es,
a juicio de Rocío Calderón, notoriamente perjudicial
para esos niños.
"Lo
más importante para ellos es la estabilidad. Tienen
que tener una rutina, un orden, saber lo que va a
ocurrir, porque si no les crea crisis sensoriales. Y
esto que está pasando la familia supone para ellos un
gran estrés", explica la responsable de Autismo en
Positivo.
La
incertidumbre por la posible pérdida del hogar se suma
en este caso a las dificultades que padecen la mayoría
de las familias con niños del espectro autista, que
deben afrontar con sus recursos económicos la
atención que requieren para impulsar el desarrollo y la
autonomía de sus hijos, una atención que no forma
parte del catálogo público de servicios educativos y
sociales.
Según
Calderón, hay muchas familias que ahorran en comida o en
otras necesidades para afrontar los costes que acarrea
el pago de psicopedagogos, logopedas y otros
profesionales que ayudan a mejorar la autonomía de estos
niños y que pueden suponer un gasto de más de mil euros
al mes.
Una de
las principales reivindicaciones de estas familias es la
ampliación del servicio gratuito de atención temprana
más allá de los seis años contemplados actualmente.
"La atención temprana debería ser gratuita hasta la edad
que se necesite, porque los seis años marcan una edad de
cambios esenciales en la infancia, que luego quedan sin
atender", afirma Rocío Calderón.
El
problema, a juicio de la responsable de Autismo en
Positivo, radica en la falta de inversión pública de
administraciones como la Junta de Andalucía, que
declaran un superávit en sus cuentas y luego no lo
gastan en programas sociales para atender siquiera
necesidades acuciantes de familias sin recursos, como la
de María. "Es muy desesperante. Y cada día que pasa sin
trabajar con un niño así es un día perdido para
siempre", se queja.
Los
grupos del PSOE y de IU en la oposición en la
Corporación malagueña también han apoyado a la familia
de María y sus concejales se sumaron a la concentración
de protesta de esta semana para exigir que se le dé una
solución habitacional.
La
manifestación parece que obtuvo buenos resultados,
porque el equipo de Gobierno municipal se comprometió
con la familia a encontrarles una alternativa, en
principio mediante la concesión de una ayuda para pagar
el alquiler en otra vivienda o en la misma en la que
residen ahora, si convencen al propietario de que les
prorrogue el contrato.
Los
socialistas, que criticaron que el Gobierno municipal
hubiese reaccionado a un problema tan grave sólo después
de haberse convocado una manifestación de protesta,
consideran que no se trata de un hecho aislado: "El
caso de María es uno de tantos en nuestra ciudad, de
aquellas familias que no pueden afrontar la subida de
los precios del alquiler que está convirtiendo a Málaga
en una de las capitales donde más se ha incrementado el
coste del arrendamiento en el último año y que ya lidera
la subida de precios de la compraventa interanual en
España", explica su viceportavoz, Begoña Medina.
"¿Cómo
es posible que una casa de 80 metros cuadrados en la
barriada de La Luz con tres habitaciones cueste de media
860 euros", se cuestionó.
21.000
personas esperan una vivienda pública
La
concejala de IU Remedios Ramos, que es miembro
del Consejo Rector del Instituto Municipal de la
Vivienda, aporta otros datos relevantes: en Málaga había
en 2021 unas 21.000 personas inscritas en ese órgano
como demandantes de vivienda pública en régimen de
alquiler, y de ellas alrededor de 2.000 se hallaban en
situación de exclusión.
"Lo
que nos encontramos es ante una burbuja causada por
el boom de los pisos turísticos, que hace que
Málaga sea el tercer municipio donde más ha subido el
precio del alquiler de la vivienda en España y el quinto
en compra. Y esto origina que la dificultad para
alquilar una vivienda en Málaga sea dramática", afirma
Ramos.
De
esta forma, muchos propietarios prefieren destinar sus
viviendas a pisos turísticos porque obtienen más
beneficios con esa actividad, y ya no sólo las del
centro de la ciudad, también las de barrios más
periféricos como el de La Luz, donde, según la portavoz
municipal de IU, se están pidiendo 900 y 1.000 euros
al mes por arrendar propiedades bastante antiguas.
Remedios Ramos sostiene que esta situación obedece a una
falta de intervención desde el ámbito de la
administración pública para regular un mercado
inmobiliario que se encuentra desbocado, a la escasa
inversión en vivienda pública y a una estrategia de
desarrollo económico "anticuada", basada en el modelo
desarrollista de los años sesenta y setenta.
"Málaga
puede morir de éxito y nosotros lo que propugnamos
es un turismo sostenible, que aporte riqueza", no que
eche a la gente de sus casas, explica la representante
de IU en el Instituto Municipal dela Vivienda.
El
notable incremento de los precios de alquiler en la
ciudad complica también la efectividad de las ayudas que
concede el ayuntamiento a las familias en situación
vulnerable para pagar la renta.
María
se pregunta cómo va a pagar el alquiler de un piso
cuando le piden 900 euros mensuales, si ahora tan sólo
cuentan con un ingreso de 1.000 por el trabajo de su
marido, aunque a ella le hayan prometido un trabajo en
una empresa del ayuntamiento de ayuda a domicilio tras
la manifestación del miércoles.
Y la
portavoz de IU también se lo cuestiona, porque, según
ella, la mayoría de propietarios rechazan a inquilinos
con ayudas municipales, sabiendo que con las viviendas
turísticas pueden ganar más dinero.
En su
informe del pasado mes de junio, el Observatorio del
Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento concluía que
"la política de la vivienda sigue siendo una asignatura
pendiente de las administraciones públicas" y
advertía de que "el supuesto empuje de Málaga tiene
diversos claroscuros", entre ellos que el acceso a la
vivienda y la cohesión social impida el
desplazamiento/substitución de parte de su población por
nuevos residentes".
Sin
embargo, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga
desde hace 22 años, sostiene que el problema de la
vivienda en su ciudad se debe a factores muy distintos.
Tras
conocer los resultados del informe de un organismo
dependiente de su ayuntamiento, achacó la tensión
inmobiliaria a un compendio de falta de formación de la
población malagueña y llegada de trabajadores
cualificados, con mayor nivel de ingresos.
De la
Torre llegó a criticar que el Observatorio no hiciese
estudios en los que se comparase el nivel de estudios y
el nivel de ingresos de la población. "Les instaremos a
que se inspiren en el Banco de España", dijo.
PRODENI