Una trabajadora estacional marroquí recolecta fresas en una
explotación en Lepe, en Huelva.. - JAVIER FERGO
"Este hábito de pasarse la pelota debe terminar", han
afirmado varios Relatores Especiales de Naciones Unidas en una nota
dirigida a España y que hace referencia a la inacción empresas y
Gobierno de nuestro país para proteger los derechos de las mujeres
migrantes trabajadoras de la fresa en Huelva, que durante la
pandemia han visto desprotegidos sus derechos.
Estos representantes de los derechos humanos han
afirmado que todas las autoridades son responsables de
garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones, incluido
el acceso a una atención sanitaria adecuada y que cumplan con las
normas internacionales.
En la nota, emanada de la oficina del Relator
Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
(Olivier De Schutter), y suscrita por otros seis Relatores
Especiales sobre distintas áreas de los derechos humanos, afirman
que "los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las
violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas,
a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como
un deber de las autoridades públicas, no suyo".
Y expresan categóricamente que "este hábito de
pasarse la pelota debe terminar", porque el "incumplimiento por
parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede
justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no
apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las
normas internacionales de derechos humanos".
La nota afirma que tanto el Gobierno como las
empresas españolas deben mejorar de inmediato las pésimas
condiciones de los trabajadores migrantes desatendidos empleados
como "trabajadores esenciales" para recoger fresas durante la
pandemia de COVID-19. La misiva explica que mientras España se
encontraba confinada para detener la propagación del virus, miles de
trabajadores migrantes fueron puestos a trabajar sin que s tomaran
ni siquiera las medidas básicas de higiene, sin materiales de
protección y compartiendo herramientas.
El escrito afirma que a pesar de que se alertó a "las
autoridades competentes", éstas han "permanecido en silencio".
La oficina del Relator sobre extrema pobreza y
derechos humanos se ha puesto en contacto con los Gobiernos
español y marroquí y las empresas interesadas para pedir
aclaraciones sobre estas cuestiones.
La comunicación, que partió de este Relator Especial,
ha sumado el respaldo de otros Relatores Especiales del Sistema de
Naciones Unidad como: Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las
formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y
consecuencias; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la
salud física y mental; Sr. Balakrishnan Rajagopal,Relator Especial
sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a
un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación
en este contexto; Sr. Felipe González Morales, Relator Especial
sobre los derechos humanos de los migrantes; Sr. Léo Heller, Relator
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el
saneamiento; Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a
la alimentación.
Denuncia presentada por varias organizaciones
Esta comunicación a España llega poco después de que
a principios de junio ocho
organizaciones de nuestro país remitieran un escrito diez organismos
distintos de Naciones Unidas debido a la diversidad de
violaciones que derechos que se estaban cometiendo contra estar
trabajadoras altamente vulnerables.
En ella advertían que la pandemia de la covid-19 ha
expuesto a estas trabajadoras a nuevas formas de explotación "debido
a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras, así como a
una mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente la
violencia sexual, debido a las mayores dificultades de acceso a la
sanidad y a la justicia".
Estas nuevas violaciones de derechos vienen a agravar
la ya tremenda vulnerabilidad y desprotección en la que se
encontraba este colectivo antes de la pandemia y que se ha hecho
visible en los medios de comunicación desde hace un par de años y
algunos de cuyos casos fueron denunciados a los juzgados, con
resultados inciertos.
Su objetivo, tal como explicó entonces a Público
Aintzane Márquez, abogada de Women's Link Worldwide, organización
que ha liderado la demanda, era que estos organismos emitieran
una "una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes
en España y en Marruecos y a las empresas implicadas para que
tomen medidas eficaces que aseguren el respeto de los derechos de
las temporeras marroquíes".
Ahora "Women´s Link, como el resto de organizaciones
firmantes consideramos que es un gran paso que las relatorías
hayan emitido un comunicado de manera tan rápida. Nos demuestra
que es un tema que genera mucho interés y preocupación entre los
organismos de Naciones Unidas. Esperamos que, más adelante, tras la
contestación de los estados y de las empresas, los relatores se
vuelvan a pronunciar".
PRODENI