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DIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 20 DE NOVIEMBRE 2.006
Hace 17 años (20 de Noviembre
1989) Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, un
cambio revolucionario respecto a la Declaración Universal de 1959 hasta
entonces vigente, al haber introducido y desarrollado la concepción de niño y
niña como “persona sujeto de derechos” y establecido el principio de su
interés superior sobre cualquier otro, lo que años después recogía nuestra
legislación al hacer descansar como concepción jurídica fundamental “las
necesidades de los menores como eje de sus derechos y de su protección”
(Exposición de motivos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
1/96 de 15 de Enero)
 Desde la asociación PRODENI
aprovechamos cada año esta efemérides para citar aquellos aspectos o
cuestiones que entendemos afectan negativamente a la infancia española, centrándonos
en particular en alguno de ellos. Esta vez queremos fijarnos en uno de los
derechos fundamentales recogidos en la Convención de 1989, el derecho a
expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten (Art. 12) y
que nuestra legislación recoge como “el derecho a ser oído”.
La Ley de Protección Jurídica
del Menor de 1996, considera que el niño o niña debe ser tratado como un
sujeto participativo con capacidad de influir activamente en la transformación
de la sociedad. A tal efecto deberían dirigirse los esfuerzos de los adultos
(familias, docentes, aparato judicial, administrativo...) para que eso fuera una
realidad cotidiana. ¿Cuál es el momento actual después de 17 años de
Convención y diez de la ley anteriormente citada?. Bajo nuestro punto de vista
queda mucho por hacer, pues a diario comprobamos serias resistencias, entre
otros, en el ámbito familiar, en el educativo, en el aparato administrativo y
en el judicial... a la aceptación del niño o niña en su papel de “persona participativa de pleno derecho”,
y observamos serias fracturas en la comunicación de los adultos con
ellos, apareciendo entre ellos conductas alienantes y disruptivas, que derivan
en el desarrollo de actos cada vez más violentos, acoso escolar, fracaso
educativo, incremento de denuncias de padres contra hijos, desesperación de
muchos profesores... En paralelo, no pocas resoluciones administrativas y
judiciales son vulneradoras de derechos, como el de ser oído, por ejemplo, un
claro indicador de que el espíritu de la Convención y la letra de ley no han
calado todavía, de forma general, en la conciencia de quienes administran y
juzgan en materia del menor.
Para PRODENI, un día de los
Derechos del Niño debería ir acompañado de una profunda reflexión sobre qué
carencias y qué necesidades condicionan la aplicación de esos derechos, pues
en no pocos lugares e instituciones las actividades en torno a esa fecha se
reducen a una suerte de actos festivos y celebraciones vacías de contenido crítico
y comprometido, o, si cabe, se llega a hablar de los niños y niñas del tercer
mundo eludiendo los problemas de los de aquí, una forma hipócrita de
justificar la ausencia voluntaria de autocrítica, o
la triste evidencia de que no se tiene nada que decir.
Con referencia a este día
apuntamos algunos ámbitos de reflexión:
EN LA FAMILIA:
 Entre otros: Poco diálogo. Padres
muy ocupados. Poco control sobre lo que hacen los hijos, extensivo al uso de las
nuevas tecnologías. Creciente capacidad de consumo no controlado de los hijos.
Carencia de límites básicos en normas y conductas. Desorientación de las
familias ante los conflictos. Incremento de las rupturas conflictivas de pareja.
Violencia doméstica. Escasa relación con los centros educativos. Limitadas
posibilidades de socialización de los hijos fuera de los centros escolares.
Asimismo, disminuye el control de los padres sobre consumo de alcohol y otros
productos, como el hachís. El consumo de alcohol y de drogas reduce la edad de
los que se acercan a ello. El consumo de cocaína se cuadriplica en sólo 8 años.
Unos treinta mil menores fuman hierbas todos los días en España. El 63% de los
adolescentes bebe alcohol a menudo. Más de un millón de niños y niñas españoles
(13,3% de la población infantil viven en situación de pobreza relativa). Un
millón de niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual a lo largo de su
infancia...
Según determinadas encuestas más del 70% de los padres reconocen no saber lo
que hacen sus hijos con las nuevas tecnologías. Dos millones de niños y niñas
ven la televisión en España después de las 12 de la noche (en torno a un
30%). Más de 5.000 denuncias presentaron los padres contra los hijos en las
Fiscalías del Menor por agresiones y amenazas en 2.005, y sigue aumentando.
Unos 188.000 niños y niñas sufren violencia doméstica...
EN EDUCACIÓN:
 Sensación de fracaso. El 30%
de los alumnos abandonan la enseñanza obligatoria. Uno de cada cuatro alumnos
sufren acoso escolar, o sea, un millón y medio, de los cuales unos doscientos
cincuenta mil de forma severa (Estudio Cisneros, sobre una encuesta a 25 mil
alumnos) pero las Administraciones educativas minimizan el impacto mediático de
estas noticias porque sería como aceptar el fracaso del sistema. Los profesores
se rebelan y más de la mitad considera que se siente intimidado e insultado por
los alumnos. España suspende en calidad de enseñanza con respecto al resto de
los países europeos...
AMBITO ADMINISTRATIVO.
PROTECCIÓN DE MENORES.
Largo tiempo en la tramitación de
los expedientes. Menores tutelados no son informados de sus derechos, como el de
poder comunicar con el Fiscal del Menor o el Defensor del Pueblo. Se suele
vulnerar el derecho a ser oído. No son tenidos en cuenta. Excesiva dependencia
de empresas y entidades privadas en la custodia de menores (centros y pisos de
acogida) cuyos técnicos suelen ser personal laboral no estable, muy joven y con
escasa formación y experiencia, sobre los que cae la responsabilidad de emitir
informes que determinan el futuro de los menores tutelados, aunque las
decisiones las dicten los equipos técnicos oficiales. No existe una coordinación
estatal centralizada de los servicios autonómicos de protección de menores que
ofrezca una visión globalizada, ni una base de datos que facilite una
intervención sobre menores cuyas familias se trasladan de comunidad autónoma.
Frecuente intervención judicial contra la repatriación ilegal de menores,
generalmente por no haber sido oídos. Caos en la coordinación entre
comunidades autónomas en materia de menores inmigrantes acogidos. Oposición
general en la Administración a facilitar el ejercicio por los menores del artículo
9, 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/96 de 15 de Enero
que les faculta para poder nombrar a una persona que legalmente los represente,
distinta de las partes en conflicto. Ni siquiera ese derecho se les menciona,
como en el caso de poder comunicar con el Fiscal y el Defensor del Pueblo.
ÁMBITO JUDICIAL
En derecho de familia, observamos una cierta involución en
los juzgados sobre el derecho del menor a ser oído, cada vez se le tiene menos
en cuenta y está teniendo que intervenir el Tribunal Constitucional, pues el
principio del “interés superior del niño” suele quedar en un segundo plano
con referencia a los intereses de las partes en conflicto. Juzgados de Familia
solamente hay en capitales de provincia y no en todas, por ejemplo en Andalucía
únicamente en cuatro, en Castilla la Mancha en ninguna... El resto de
territorio provincial, o en la totalidad de la provincia donde no hay juzgado de
familia en la capital, compete a cada juzgado de primera instancia e instrucción
de proximidad. No existe formación específica para ser juez de familia, se
accede por el concurso de traslados, ni se le forma después. Lo mismo ocurre
con los magistrados de las Audiencias Provinciales que deciden sobre menores. En
reforma (delincuencia juvenil) se incrementan las quejas de malos tratos en los
centros. Los centros son regidos generalmente por empresas privadas con personal
mal pagado y de contratos temporales. Los Fiscales del Menor que instruyen ven
cada año incrementado su trabajo y en algunos puntos están desbordados, muchos
menores permanecen más de un año en centros a la espera de juicio.
SOBRE LA VIOLENCIA
Los responsables políticos están
inquietos por el ruido de fondo que supone la profusión de noticias en los
medios acerca de la violencia en general, y en particular la que afecta a
menores, pues además de la denominada “doméstica” que no cesa de
incrementarse, nos está desbordando la “escolar” y la de “hijos contra
padres”, por no hablar de la de “las pandillas” o, incluso, la denominada
violencia política - “kale borroca”- entre otras.
Largos años transcurrieron de violencia contra las mujeres
hasta que la institución política dispuso planes y programas que, sin embargo,
no han cortado la espiral. El mismo tratamiento le espera a “la escolar” y
la que afecta a los hijos contra los padres, que tendrán que seguir incrementándose
para que desde las altas instancias y de las más bajas (municipios) se les
preste la debida atención, pues aún cuando aparezcan promesas y
pronunciamiento de tal o cual medida, suele responder más a la urgencia de
salir del paso ante la presión mediática que a una verdadera voluntad de
atajar el problema. De hecho ninguna de las buenas intenciones anunciadas parte
de un reconocimiento institucional de la gravedad del problema.
Respecto a este asunto, desde
PRODENI, hemos escrito al Gobierno con la siguiente propuesta: Que por parte del
Gobierno se lleve a cabo una iniciativa de creación de una comisión de estudio
sobre la violencia en España que analice a fondo causas, motivaciones,
influencias, extensión y evolución de la misma en cada uno de los ámbitos
donde se manifiesta (menores, mujeres, escuela...) que culmine, a lo largo de
2.007 en la elaboración de un libro blanco que sirva de base para la preparación
de un plan integral a varios años que desarrolle programas, intervenciones...
en diversos planos: generales (medios de comunicación, televisión,
publicidad...) y sectoriales, con participación de todas las administraciones,
en particular los ayuntamientos.
Consideramos un fracaso el actual
enfoque que dirige su atención a una determinada expresión sectorial de la
violencia, a aquella en concreto que más agobia a los responsables políticos
por la presión mediática del momento, excluyendo a las demás. Como ejemplo
citamos la “violencia doméstica” cuyo plan integral específico cierra toda
la intervención en el entorno más próximo de la mujer víctima, a la que se
ha prestado incluso la creación de juzgados especializados que al no poder
cubrir toda la geografía del país ha generado un problema de discriminación
de unas de unas mujeres sobre otras... Sin embargo, esa acción de choque, que
puede resultar beneficiosa a los efectos de la protección inmediata de la mujer
víctima, no puede resolver la cuestión de fondo, que es la erradicación de
dicha violencia mientras no se actúe en marcos mucho más amplios y en cada ámbito
de forma específica, partiendo, como decíamos antes, de un criterio
globalizador de la violencia como fenómeno. Lo mismo podríamos decir respecto
a la “violencia escolar”. Es decir, resultará a todas luces inútil
intentar conseguir la erradicación de un tipo de violencia centrándonos en un
ámbito específico con exclusión de los demás. A tal efecto, hemos dirigido
un escrito al Gobierno, del cual esperamos una respuesta y vamos a iniciar una
campaña de escritos a diferentes instituciones y grupos políticos porque
estamos convencidos de que la única manera de tratarlo con eficacia es
enfocando el problema globalmente, desde una centralidad que dirija las diversas
estrategias.
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