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EUROPA PRESS
20/11/2009
Prodeni
dice que la Junta "incumple la legalidad" al no promover ni el Consejo
Regional ni el Plan Integral de Infancia
Igualdad niega el
derecho de los menores tutelados a pedir ayuda a la Fiscalía y al Defensor del
Menor, según la asociación
SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación Pro Derechos del Niño y la
Niña (Prodeni) aseguró hoy que la Junta de Andalucía "incumple la legalidad" al
no promover el Consejo General de la Infancia y los Consejos Provinciales
aprobados hace once años por la Ley Andaluza del Menor 1/98, y por dejar "sin
efecto desde hace tres años el Plan Integral de Infancia que estuvo en vigor
entre 2003 y 2006".
Según un escrito al que tuvo acceso Europa
Press y que la asociación ha dirigido a la consejera de Igualdad y Bienestar
Social, Micaela Navarro, estos "incumplimientos" de la normativa perjudican "la
calidad del sistema de Protección de Menores", por lo que Prodeni exigió a la
Junta que dichos consejos sean puestos en marcha "después de once años de haber
sido creados".
Asimismo, la asociación criticó que
el "único" Plan Integral de Infancia impulsado por la Junta de Andalucía, que
estuvo en vigor de 2003 a 2006, lleve tres años "caducado", ya que la carencia
de ambos órganos de participación, "además de resultar un incumplimiento de la
propia ley andaluza, perjudica seriamente al propio sistema de protección de
menores, pues son instrumentos de coordinación y participación absolutamente
necesarios".
De hecho, según Prodeni, la Ley andaluza
del menor 1/98 aprobó, entre otros, la creación de dos órganos colegiados de
participación y coordinación de las instituciones públicas y privadas,
"incluidas las integradas por menores para el asesoramiento, planificación y
seguimiento de la aplicación de los derechos infantiles".
Por ello, la organización insistió en la
necesidad de que "se active, en el menor tiempo posible, un nuevo Plan Integral
de Infancia".
NEGACIÓN DE
DERECHOS
Por otro lado, también en relación con los
derechos de la infancia, aunque en este caso concreto respecto a la situación de
los menores tutelados en Andalucía, Prodeni afirmó que la Junta muestra
"desinterés por cumplir sus propias leyes y normativas, pues niega información
sobre sus derechos a los menores tutelados, que además no saben --porque se les
oculta-- que pueden pedir comparecencia con el Ministerio Fiscal o con el
Defensor del Menor cuando tengan problemas y lo necesiten".
Así, según recordó la asociación a Navarro
en el citado escrito, "hace tiempo que Prodeni viene advirtiendo que el sistema
de Protección de Menores de la Junta de Andalucía excluye a los niños y niñas
bajo tutela del conocimiento de sus derechos, y eso a pesar de leyes como la
Convención de Derechos del Niño de 1989, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor, La Convención Europea del Ejercicio de los Derechos del
Niño, de 1996, La ley andaluza 1/98 de 20 de Abril de Derechos y Atención al
Menor, y la posterior normativa que en nuestra tierra se ha venido desarrollando
sobre menores tutelados y acogimiento residencial".
Por ello, y pese a que reconoció "los
logros y avances conseguidos hasta hoy" en el veinte aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño, reclamó también a la administración
andaluza que no excluya del régimen de acogimientos familiares "la remuneración
a las familias, un sistema que se están extendiendo en otras comunidades
autónomas y que responde a experiencias ya consolidadas en algunos ámbitos
europeos".
"No es cuestión de plantear lo positivo o
lo menos positivo de la medida, pero entre dotar a las familias acogedoras de
una remuneración para que ejerzan con profesionalidad y dedicación exclusiva la
tarea de colaboración en el acogimiento, y la actual situación de no darles ni
un solo céntimo para colaborar en los gastos que la familia acogedora tiene, hay
un paso intermedio, y es apoyar económicamente a aquellas familias acogedoras
que demuestren ciertos gastos que el cuidado, manutención y servicios, se supone
gravan su economía e, incluso, a veces, ponen en riesgo la permanencia del
acogimiento", concluyó Prodeni.
MEDIDAS PARA
FAMILIAS ACOGEDORAS
En esta línea, Prodeni también pidió al
Ejecutivo andaluz que tome "medidas a favor de las familias acogedoras" de los
niños tutelados por la Administración por considerar, entre otros aspectos, que
la nueva normativa de la Consejería de Educación respecto a los precios públicos
de los centros educativos andaluces dejan "fuera del baremo de gratuidad a los
menores tutelados, tanto en familias acogedoras como extensas".
Así pues, son estas familias de acogida
las que deben asumir los gastos educativos de aula matinal, comedor y
actividades extraescolares que los menores requieran, "cuando hasta este curso
era todo gratuito para estos niños", explicó la organización.
Y ello, según Prodeni, teniendo en cuenta
que "el Parlamento de Andalucía aprobó a finales de junio de este año una
proposición no de ley para el impulso del acogimiento familiar como medida de
protección".
Por esa razón, la organización lamentó la
"descoordinación" entre las consejerías de Igualdad y Educación respecto a las
matrículas de los menores en los colegios porque, a su entender, "cuando ya
comenzado el curso una familia recibe niños en acogimiento, al ir a
matricularlos se suele encontrar con la respuesta de que ya se ha pasado el
plazo para inscribirlos, o si son varios hermanos, teniendo que colocarlos en
distintos colegios, lo que perjudica seriamente la dedicación de la familia a
estos niños".
Debido a esta "rigidez burocrática" para
los menores tutelados, tal y como la denominó la asociación, Prodeni pidió a
Navarro que "coordine y resuelva estos asuntos en el Consejo de Gobierno".
Además, le reclamó ayudas económicas para
las familias acogedoras "por los gastos extraordinarios que les supone atender a
los niños de acogida, pues al no recibir ninguna remuneración por la
colaboración, muchas de esas familias se encuentran apuradas y puede repercutir
en la calidad de la atención".
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