|
20 de Noviembre 2005
DÍA
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – ANDALUCÍA
Aparte
de lo expuesto en el comunicado anterior, general y abierto también a Andalucía,
queremos centrarnos en este día en dos aspectos como son:
1.
Vulneración de derechos de los menores tutelados
2.
Crisis
inmigración de menores no acompañados
1º.-
Debemos constatar un año más que en Andalucía no se respeta el derecho
de los menores tutelados a recibir información acerca de su derecho a poder
comunicar con el Ministerio Fiscal, con el Defensor del Menor de Andalucía, tal
como dispone el Decreto 42/2002, 12 de Febrero de Régimen de desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa, en su artículo 17, apartado 4.
“La
Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Fiscalía y
el Defensor del Menor de Andalucía, pondrá a disposición de los menores
sujetos a medidas de protección los medios adecuados para que puedan plantear
directamente ante aquellos sus problemas y necesidades, o presentar, en su caso,
las quejas y reclamaciones que consideren conveniente para la defensa de sus
derechos.”
Ni
siquiera les es de aplicación lo que indica el artículo 11 del citado decreto:
“A los menores sujetos a
medidas de protección se les asignará un profesional al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, cuyo nombre se le dará a conocer,
que será su interlocutor en el procedimiento correspondiente, en el
establecimiento de las medidas y en su ejecución y seguimiento.”
Una
parte de los menores tutelados permanecen bajo acogimiento residencial, otros
bajo fórmula de pisos o casa de acogida, y aproximadamente un 50% disfruta del
acogimiento familiar mucho más humano y rehabilitador. Pues bien, en los datos
que hemos podido recabar de menores consultados bajo distintas formas de
acogida, incluida la familiar, NO SE INFORMA A LOS MENORES DE ESE DERECHO.
Con
fecha 1 de Junio de 2004, PRODENI remitió a la Junta de Andalucía un informe
sobre deficiencias observadas en el sistema de protección de menores (ver en página
web de la asociación). En dicho informe hacíamos mención de la vulneración
del derecho aquí comentado. No hubo respuesta, pero tampoco corrección de la
irregularidad denunciada. Es decir, transcurrido más de un año de aquel
informe la vulneración de derechos sigue exactamente igual. Algo que no nos
explicamos porque es difícil de comprender que quien dispone que los menores
tutelados gocen de unos determinados derechos sea el mismo que les impide ese
ejercicio.
Venimos
pidiendo a la Junta que cada menor tutelado que tenga
suficiente juicio sea informado de sus derechos, tanto de forma verbal,
como a través de dípticos, folletos, carteles... que deben estar a su
disposición en los centros y pisos de acogida donde residan. Asimismo pedimos
que se les facilite el ejercicio de sus derechos cuando así lo requieran,
debiendo estar, como decimos, debidamente informados.
En
alguna ocasión desde PRODENI hemos conseguido acercar este conocimiento a
menores afectados de procedimiento judicial y administrativo, en algunos casos
cuando estaban en centros de menores, con las lógicas dificultades pues se nos
negaba el acceso a los mismos y el derecho a que fueran informados. En tres
ocasiones incluso les hemos facilitado el nombramiento de un abogado como
representante legal, función que se impuso legalmente a la Administración y
que con reparos ésta tuvo que aceptar. No obstante, la Administración siempre
ha procurado cumplir de forma restrictiva con lo que, finalmente, la relación
del menor con su abogado no ha tenido toda su eficacia. Pero sabemos que si por
voluntad política se produjera un impulso, entonces el ejercicio de ese derecho
podría estar más al alcance de los menores y se garantizaría su eficacia. Por
eso, planteamos ahora al Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado que
promuevan el desarrollo de la figura del artículo 9. 2 de la Ley de Protección
Jurídica del Menor 1/96, y concedan a todos los menores con suficiente juicio
incursos en procedimientos administrativos y judiciales el derecho a un abogado
por el turno de oficio.
2.-
La Consejería Para la Igualdad viene reclamando ayuda del Estado para atender
la avalancha de menores inmigrantes no acompañados que nos llegan en patera
desde Marruecos. Asimismo reclama la devolución o repatriación de buena parte
de ellos por considerar que tienen familias estructuradas y porque las propias
familias los envían a España (nada que ver con los niños de la calle). También
reclama, junto al Gobierno la creación de centros de menores en Marruecos para
que asuman la atención de los que se repatríen desde aquí.
Entendemos
y compartimos que el problema desborda las previsiones de la Consejería y que
se produce un hacinamiento en muchos centros para atender a los llegados. Y
entendemos y compartimos que otras administraciones como la Administración
central e incluso la Unión Europea tienen que colaborar con la Junta de Andalucía
aportando recursos económicos. Lo que no compartimos es que se aluda a que
estos menores proceden de familias estructuradas para precipitar su repatriación
y desahogar así nuestras impotencias e ineficacias.
Las
familias de donde vienen los menores viven sumidas en la miseria. De hecho los
mismos padres empujan a sus hijos menores a embarcarse en las pateras a
sabiendas de que es la única oportunidad que tienen en sus vidas de sobrevivir
con alguna dignidad, pues de quedarse lo harían para siempre con las mismas
carencias y pobreza del resto de su familia. Es lógico pensar que actúen así
en consonancia como lo hacen en otras partes del mundo padres que echan a
sus hijos a la calle porque saben que en el abandono callejero van a encontrar más
posibilidades de supervivencia que quedándose en la miseria del hogar. No cabe
pensar con sano juicio que unos padres empujen a sus hijos a las pateras para
que se jueguen la vida sino es para apartarlos de un mundo sin futuro y
aventurarlos a una oportunidad que puedan hacer extensiva a otros miembros de su
familia con las ayudas económicas que con el tiempo logren. De hecho, según
reconoce la Consejería, las familias de estos niños los rechazan cuando se
pretende la repatriación. Y esa circunstancia de rechazo de sus hijos debiera
ser suficiente argumento para que España entienda que se trata de hijos
abandonados a los que hay que proteger. Por otro lado, con la creación de
centros de acogida en Marruecos también subvertimos los criterios de
solidaridad, pues estamos mostrando a los menores marroquíes carentes de
recursos que la oportunidad de acudir a centros profesionales donde adquirir una
formación y una salida de futuro, tiene que pasar por una viaje ilegal a España
antes que por una simple solicitud de admisión desde Marruecos, no viable
porque estos centros son para los repatriados, con lo que queda más que
evidente una situación clara de discriminación.
Nuestra
propuesta pasa porque mientras las condiciones familiares y sociales del entorno
del que proceden los menores no cambien queden estos en España, estudiándose
caso a caso, pero buscándoles salidas en el acogimiento familiar entre familias
de su misma cultura, promoviendo el acogimiento entre parientes, amigos, y otras
familias marroquíes que colaborarían con la Junta en un programa de
acogimiento elaborado al efecto, con apoyo económico del Gobierno y de la Unión
Europea. Y, por supuesto, creemos con las demás ONG que se ya se han
pronunciado, que la intervención de la Unión en esa parte del mundo, así como
en el África subsahariana debe promover políticas de solidaridad y desarrollo
que hagan posible que nadie tenga que jugarse la vida para vivir con dignidad.
|
