Un año más
asistimos a la efeméride de la Convención de los derechos del Niño y
de la Niña y un año más hacemos recuento de todo lo que queda por
caminar para alcanzar el horizonte legislativo y ético que marca la
Convención. Un horizonte que es como una especie de sistema métrico de
la humanización (o deshumanización) de la sociedad a la que
pertenecemos, una cinta reactiva que hace subir los colores a un
sistema económico y político que el pueblo ya no acepta más porque
vulnera sus principios más básicos.
Como en el
movimiento clásico de una ola marina, dos fuerzas opuestas están a
punto de entrar en colisión: la de las grandes estructuras de poder
por una parte, la de las personas atacadas en sus derechos más
básicos, por la otra. El nuestro es un Estado lleno de víctimas:
personas sin vivienda, sin trabajo ni posibilidad de encontrarlo, bajo
la mirada escrutadora de instituciones que, lejos de dedicarse a la
protección ante el riesgo de exclusión, actúan a modo de medios de
control y penalización de las personas. Pero incluso partiendo de esta
premisa no podemos obviar una cosa, allí donde haya víctimas las
personas menores de edad lo van a ser en mayor medida, de forma más
severa, con menos posibilidades de remover su situación, con menos
alternativas para actuar social y políticamente para promover un
cambio, frecuentemente polivictimizados-as porque son el último
escalón social, junto con las personas discapacitadas y ancianas
(¿productividad?).
Vemos como van
cayendo las garantías en nuestro esquema político, social y económico.
Los niños y las
niñas de hoy no tienen igual acceso a la educación ni a la sanidad; su
derecho a la vivienda se está pervirtiendo en el “derecho” a ser
ingresados-as en centros o dados en acogimiento si sus familias no
pueden asumir la pérdida de la vivienda (desempleo prolongado,
desahucio realizado por entidades para la pura especulación);
El derecho a que
se obre en base a su interés superior es la mayor de las falacias
porque, tal y como se pone en práctica su interés superior no es lo
que asegura el disfrute de sus derechos, sino lo que mejor le parece a
quien tiene que tomar las decisiones que afectan a los niños y las
niñas;
Los niños, niñas
y adolescentes siguen siendo silenciados-as, desautorizados-as,
tratados-as de poco veraces y fiables (piensa el ladrón…, las personas
adultas mentimos en una porcentaje muy superior, los niños y las niñas
no mienten, sobre todo cuando piden ayuda porque son víctimas);
Su acceso a la justicia sigue
siendo precario por la persistencia de prejuicios que impiden la
defensa de sus derechos e intereses; por la escasa e incorrecta
formación de los equipos profesionales que sirven información a los
juzgados para la toma de decisiones (puntos de encuentro, equipos
forenses, equipos técnicos de menores), todos ellos sin formación
específica en el área de atención a víctimas o testigos menores de
edad y por supuesto tampoco en cuanto a la Convención de los Derechos
del Niño y de la Niña; por la inexistencia de una formación específica
de profesionales del ámbito jurídico en cuanto a los derechos de los
niños y de las niñas en los procedimientos judiciales; por la
pasividad de una Fiscalía que en demasiadas ocasiones vemos permanecer
ajena a los intereses de las víctimas menores de edad en los
procedimientos civiles.
Mientras tanto, esperamos la
llegada de reformas legislativas que se anunciaron como clave para el
avance de la CDN, pero que llevan encubierta la perpetuación y la
justificación jurídica de una gran cantidad de prejuicios que impiden
el disfrute de derechos de los niños y las niñas en procedimientos
judiciales. El otro proyecto de ley que va a modificar radicalmente el
panorama de derechos de la infancia –la ley de custodia compartida,
con su aplicación de tábula rasa con salvedades en casos extremos–
parte de una contradicción con dos de los que el Comité de Derechos
del Niño y de la Niña considera derechos básicos: el derecho a que se
obre en base al interés superior del niño y de la niña (de cada uno-a
de ellos-as, no como algo genérico) y el derecho a ser escuchados en
cualquier asunto que tenga relevancia en su vida (recientemente, la
sentencia STS 4233/2014 establece el obligado cumplimiento de este
derecho).
En este escenario
no hay lugar para la celebración, sino para la reflexión: es
perentorio paralizar el avance de las macroestructuras que están
imponiendo la pérdida de derechos de las masas populares, es preciso
restaurar los derechos de nuestros niños y niñas no sólo porque tienen
derecho a un futuro o porque ellos-as son el futuro, sino porque es
hoy cuando son niños y niñas, mañana ya no lo serán más. La pérdida
del momento presente en espera de un futuro esperanzador puede
significar que la futura persona adulta sea despojada de una fase
esencial en su desarrollo, su infancia. La persona adulta victimizada
en su infancia se mantiene en suspenso en ese momento a lo largo de
toda su vida, siempre y cuando su situación de víctima no fuese
correctamente resuelta.
Nuestros niños y niñas tienen
derecho a la infancia, a una infancia digna, y es un deber de cada uno
y cada una de nosotras, incluido el Estado y sus instituciones, lograr
que esto sea así.
Asociación Galega contra o
Maltrato a Menores (AGAMME)
Ferrol, a 20 de noviembre de 2014
