PÚBLICO
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20.11.2016
LA INFANCIA OLVIDADA
Isabel Serra
Portavoz del CC de Podemos Madrid y diputada de la Asamblea de Madrid
Hoy, el día que se celebra el día internacional de la infancia, hay varios
adolescentes que están durmiendo entre cartones en el barrio de Hortaleza a
pesar de estar tutelados por la Comunidad de Madrid y por tanto bajo su
protección, supuestamente. Un hecho gravísimo que se da a la vez y el mismo día
en el que se repetirá cientos de miles de veces las palabras “el interés
superior del menor”.
Pero lo que pasa en Hortaleza no es nuevo. El
desamparo y la vulneración de los derechos de la infancia es algo demasiado
común en nuestra sociedad y más en los últimos años. Lo demuestra el dato de
Eurostat que se publican hoy, que dice que en nuestro país la pobreza
infantil no deja de crecer y se sitúa ya en un 34,4%. ¿Cómo es posible que
esta no sea la prioridad de cualquier gobierno o cualquier institución?
¿Cómo es que no hay movimientos sociales por la defensa de los derechos de
la infancia?
No es únicamente porque datos como el de la pobreza
infantil muestren un problema más estructural que afecta al conjunto de la
población y que sólo es posible cambiarlo acabando con las políticas de
austeridad y llevando a cabo un cambio de modelo social y económico. No es
eso. Vivimos en una sociedad tremendamente discriminatoria hacia la
infancia, y la vulneración de sus derechos no se reduce a un factor
económico o a una consecuencia de la desigualdad social. Es una cuestión
cultural que se concreta en un colectivo específico. Los niños y las niñas,
o adolescentes, son siempre los y las más olvidadas, las invisibilizadas,
las que no tiene voz. Desde luego más si son pobres, si son mujeres, si son
inmigrantes, pero también por ser pequeños en edad. Y esta invisibilización
también la han sufrido siempre por los partidos y las organizaciones “de
izquierda” y por los movimientos sociales. Total, no pueden votar, ni
tampoco hay una educación que les haga vincularse al espacio público y
participar de él, organizarse. La sociedad no está, o no quiere estar,
preparada para ello.
Cuando se aprueba la Ley orgánica 5/2000 reguladora
de la responsabilidad penal de los menores hay todo un discurso preparado
por el Partido Popular que criminalizaba a los chicos y chicas adolescentes.
En esos años comenzó a hablarse de la violencia intrafamiliar de los hijos e
hijas hacia sus padres, para que calase cada día más en la sociedad que si
hay chavales conflictivos es responsabilidad suya, propia, y muy a costa de
sus familias.
Si hay chavales que están todavía más olvidados y
olvidadas, esas son las que están dentro de centros. Desde ese año han
sucedido varios casos de muertes –algunas por suicidios y otras no- dentro
de los centros. Algunos son de reforma, es decir, para menores infractores,
y otros de protección, dentro de los cuales están los centros terapéuticos
para “menores con trastorno de conducta” donde todos los “habitantes”
reciben medicación como “solución” a sus problemas sociales. Recursos muy
cuestionados por organizaciones sociales como Amnistía Internacional u
organismos como el Defensor del Pueblo que concluyeron después de una
intensa investigación que se vulneraban sistemáticamente los derechos de
estos chicos y chicas. Recursos privatizados y gestionados por empresas, en
su mayoría, que provienen en algunos casos de fundaciones o sectas
reconvertidas para poder concursar por las ofertas de los servicios públicos
del gobierno del PP, y que ingresan nada menos que entre 2000 y 4000 euros
al mes por plaza a día de hoy. Sólo en la Comunidad de Madrid estamos
hablando de 85 centros y de en torno a 3000 chicos viviendo en ellos.
Pues bien, a pesar de los avances que impulsaron
estas denuncias, que han tenido su efecto incluso en la reforma de la Ley de
Protección de Infancia y adolescencia del año 2015, hoy un 42% de los y las
menores tuteladas están institucionalizados en grandes centros, algo que
contradice todas las recomendaciones de organismos internacionales. Y
mientras tanto las instituciones siguen criminalizando a estos chavales,
culpabilizándoles y responsabilizándoles de su situación. Dicen a día de
hoy desde el gobierno de Cifuentes que si estos chicos de Hortaleza están en
la calle es porque quieren. Que son conflictivos, que inhalan disolventes,
que tienen problemas mentales o que vienen de delinquir en sus países. Todas
estas calificaciones las he oído en las últimas semanas. Y no es casualidad
que en medio de la crisis de refugiados sea además el discurso que
diferencia entre dos tipos de menores, los nacidos en España o quienes
vienen del extranjero sin padre o madre que les acompañe, que está sirviendo
al gobierno para esquivar un problema que es mucho más complicado. Por
desgracia también es usual escuchar en ámbitos más cercanos “algo habrán
hecho para estar en esos centros” sin recaer en algo tan básico como que
sólo están ahí porque estaban, a juicio de una autoridad judicial o la
comisión de tutela de la Comunidad de Madrid, en situación de desamparo.
Cuando he conocido a estos chicos y chicas, algunos
de ellos precisamente los que hoy duermen en el parque, no me ha dejado de
sorprender su fortaleza con la que se enfrentan sus propias vidas. Algunas
de ellas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres, otras han
tenido que sufrir su abandono o su suicidio, otros han visto como el estado
retiraba la tutela a sus padres porque son pobres a pesar de que la ley sea
clara en que no se puede retirar custodia o tutela por una cuestión
económica. Otros, como estos chicos extranjeros, llevan años de viaje y han
cruzado la frontera debajo de un camión, no tienen familia pero traen una
espada de Damocles que les han puesto sus familias marroquíes para que
tengan un futuro mejor de lo que les esperaba allí y lleven dinero a casa.
Son casos muy diferentes y desde luego realmente
complejos, pero si hay un común denominador es que son de los que nunca se
habla y que al salir de ahí tampoco lo tienen fácil (sólo el 27% sale con la
E.S.O. ). Y a pesar de todos los intentos por menospreciarlos y
considerarles más objetos que sujetos de derechos demuestran lucidez a la
hora de enfrentarse a la brutalidad del mundo que les ha tocado vivir.
Estos días que por fin se habla de ellos necesitamos
dar respuesta desde las propuestas políticas. Tengo claro que es imposible
el desarrollo y el crecimiento de estas personas en macrocentros, sin
vínculo familiar ni persona de referencia, sin expectativas porque al salir
no tendrán permiso de trabajo o ni siquiera permiso de residencia, en donde
a pesar de estar supuestamente protegido/a, lo que puedes hacer y lo que no
lo ordena un vigilante de seguridad, a veces a base de palizas. Yo le
pregunto a cualquier político, empresario, o trabajador o persona que
defienda este sistema de protección para la infancia más vulnerable si él o
ella misma sería capaz de crecer en este ambiente y ser feliz o incluso
preferiría estar en la calle durmiendo entre cartones.
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