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Diez claves de la educación concertada sobre las que la
derecha no quiere debatir
Educación
Lo que está en juego no es "la libertad de enseñanza" ni
tampoco "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa", sino si el dinero público tiene que financiar la educación
religiosa por un criterio de coste
La respuesta desproporcionada de la derecha y de la
jerarquía católica ante las palabras de la ministra Isabel Celaá demuestra lo
mucho que les importa controlar la educación de las élite
Curso de formación de profesores de Religión en la
Diócesis de Valladolid. Foto: Ángel Cantero
Madrid 19 de noviembre 2019
IGNACIO ESCOLAR
1. España es
uno de los países con menos escuela pública y más educación concertada de toda
Europa.
2. El origen
histórico de esta anomalía está en los años 80. El Gobierno de Felipe González
se apoyó en esta medida para poder universalizar
la educación obligatoria hasta los 16 años, cuando no había dinero para
construir todos los colegios públicos necesarios.
3. Los
conciertos educativos suponen alrededor de seis mil millones al año. Son más
habituales en las autonomías ricas que en las pobres. Y en algunas de ellas
–Madrid y País Vasco– pronto habrá más alumnos en la educación concertada y
privada que en la pública.
4. Los
conciertos educativos son una opción más económica para el Estado. El coste por
alumno es
mucho más barato en un colegio concertado que en uno público. Con el 17,7%
del gasto público en Educación, la concertada escolariza al 29% de los alumnos.
Salen más baratos para el erario público por
tres motivos. Porque los profesores suelen trabajar en peores condiciones
laborales: menos salario, más horas y más alumnos por clase. Porque los colegios
concertados no atienden a las zonas rurales, donde este servicio público es más
caro, ni tampoco algunas necesidades especiales. Y porque los centros privados
no solo cubren su presupuesto con fondos públicos. Muchos de ellos los financia
parcialmente la Iglesia –que tiene su especial interés en educar cristianos–. Y
también cobran a las familias una aportación mensual extra.
5. ¿Cuánto
pagan las familias? Depende del centro, pero la media suele estar entre los 60 y
100 euros mensuales por alumno. En algunos casos extremos –el
colegio Saint Paul's School, en Barcelona– llega a los 850 euros al mes.
Que haya que pagar tasas extra implica que la escuela
concertada no esté al alcance de todos. Es decir, que el dinero público sirva
para segregar
a los alumnos y separar a los ricos de los pobres. En los centros públicos,
un tercio de los estudiantes provienen de entornos socioeconómicos humildes. En
los privados y concertados, es solo el 7,5%.
6. El número de
repetidores en la escuela pública es mucho mayor que en la concertada: porque
los centros públicos asumen casi en exclusiva la integración de los niños de
clases desfavorecidas. Un alumno pobre tiene 5,5 veces más probabilidades de
repetir curso que uno rico.
7. En Madrid
–la segunda región con mayor
segregación escolar de toda Europa– la probabilidad de repetir entre los
alumnos pobres es aún mayor: diez veces más. El paso del aguirrismo por el
Gobierno autonómico ha sido determinante en este ascenso de la desigualdad
educativa. No solo era una cuestión ideológica: también servía para las
mordidas. Uno de los negocietes corruptos de Francisco Granados consistía en cobrar
comisiones a cambio de ceder terreno público para estos colegios.
8. La gran
mayoría de los alumnos de la concertada estudia en colegios religiosos: el 70%.
Algunos de estos centros segregan a los alumnos por sexo con la ayuda del dinero
público: una decisión que el
Tribunal Constitucional avaló , a pesar de que fomenta
los estereotipos machistas.
9. Lo que está
en juego en el debate sobre la concertada no es "la libertad de enseñanza" ni
tampoco "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones",
que protege el artículo 27 de la Constitución. Es quién lo paga: si el dinero
público tiene que financiar la educación religiosa por un criterio de coste. O
si, por el contrario, es prioritaria la igualdad de oportunidades y el derecho a
una educación de calidad, también para quienes tienen menos renta; aunque
garantizar estos derechos suponga un coste mayor para el erario público.
10. La
respuesta de la derecha ante las
palabras sobre este asunto de la ministra de Educación en funciones es
completamente desproporcionada. Isabel Celaá no ha cuestionado ni el modelo de
conciertos, ni tampoco el Concordato con la Iglesia. Ojalá en algún momento se
abra ese melón, pero por ahora no ha pasado.
La reacción desmesurada del PP, Vox y la jerarquía
católica ante este debate demuestra dos cosas: lo mucho que les importa
controlar la educación de las élites económicas y el tipo de oposición
crispada que nos espera.
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