19/11/2015
Una de las aulas
de la ONG Digmun durante una de sus clases/ Fotografía: Gonzalo Testa
Le prometieron
hace un año que su hija podría ir al colegio pero, un curso más, Amina
se ha visto obligada a llevarla cada mañana a las clases
extraoficiales impartidas por una ONG para que reciba alguna
formación. "Me pregunta por qué su prima puede ir al colegio y ella
no",
lamentaba su madre en noviembre de 2014. La respuesta sigue siendo
la misma: el Ministerio de Educación bloquea la escolarización de los
niños a los que no permiten empadronarse, la mayoría hijos de padres
marroquíes que viven en Ceuta y Melilla de forma irregular.
Aunque durante las
últimas semanas el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha
hecho hincapié en diversas entrevistas en la importancia de la
integración de los migrantes en la sociedad española, el Gobierno aún
no ha tomado medidas para solucionar un limbo legal que lleva años
dejando a menores fuera de las aulas. El Ministerio de Educación -con
competencia en las ciudades autómas- y el Ayuntamiento de Ceuta - con
capacidad para arreglar una serie de trámites que desbloquearían la
situación- vulneran el derecho a la escolarización de al menos 30
niños en Ceuta que, debido a un limbo administrativo, no pueden ser
censados. A su vez, debido a la falta de empadronamiento, no permiten
su matriculación en los colegios.
La mayoría son
hijos de marroquíes que viven en la ciudad autónoma de forma irregular
porque, aunque tienen permiso para trabajar, hacer compras o buscar
empleo en la localidad española, no pueden dormir en Ceuta. Esta
situación incumple la normativa nacional: la Ley de Extranjería y la
Ley Orgánica del Menor establece que todo menor que se encuentre en
España puede acceder a un colegio público, independientemente de su
estatus administrativo.
A quién afecta
Los perfiles son
variados pero en su mayoría son hijos de los llamados "trabajadores
transfronterizos". Aunque no cuentan con permiso de residencia, miles
de marroquíes pueden cruzar el perímetro ceutí cada día por razones
laborales. Debido a diferentes motivos, algunas de estas personas
acaban viviendo en la ciudad autónoma de forma irregular.
Sus hijos, algunos
de ellos nacidos en España, se encuentran en un limbo jurídico que
bloquea su acceso a la educación reglada, según explica la Asociación
por la Dignidad de Mujeres y Niños (Digmun), una ONG local que se ha
visto obligada a ocupar el vacío estatal y, sin contar con fondos
públicos -tan solo recibe ayuda de la organización Educo-, cada día
imparte clases extraoficiales a parte de estos niños. En la actualidad
atienden a unos 30 menores y tienen una lista de espera de 10 niños
más, aseguran.
Ante el silencio y
la falta de soluciones aportadas a través del Gobierno central, las
Consejerías de Educación y Asuntos Sociales de Ceuta se comprometieron
en junio a explorar la posibilidad de, con informes de trabajadores
sociales, certificar que los niños no escolarizados viven en la ciudad
aunque no figuren en el padrón, para lo que se exige el permiso de
residencia en vigor desde 2013, según informó la agencia Europa Press.
Pero tampoco. Esa vía todavía no ha dado resultados.
Todos los niños y
adolescentes afectados tienen en común que no están empadronados
debido a que, según han alegado desde el Consistorio en diversas
declaraciones públicas, no está demostrado que residan en la ciudad
autónoma. La ONG denuncia que, por más que lo intentan, su registro en
el censo es denegado. La falta de este trámite es lo que impide su
matriculación ya que la Administración la exige a pesar de no estar
recogido en la legislación.
Desde la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación defienden que todos los menores
"que cumplían los requisitos" para ser escolarizados -vivir en la
ciudad autónoma y estar empadronado- podían matricularse. El problema
es que se les impide uno de las condiciones: censarse. El Ayuntamiento
no ha explicado a
eldiario.es estas trabas burocráticas. El Ministerio de Educación
tampoco ha respondido las preguntas de
eldiario.es aunque sí confirmó la existencia de un grupo de niños
para los que es imposible recibir educación reglada.
Mientras, las
únicas dos aulas de Digmun continúan repletas de niños con diferentes
niveles y edades. Unos saben hablar bien español, otros no. Los
profesores de la ONG tratan de enseñar a estos menores cada día, pero
reconocen que no pueden equipararse a la educación reglada en estas
circunstancias.
"La hija de Amina
tiene muchas ganas de aprender. Es muy responsable, muy correcta y
habla un perfecto español. Pero, claro, en estas clases es imposible
avanzar de la misma manera que en un colegio. Se quedan muy atrás...",
describe a
eldiario.es una integrante de Digmun. "Este año, como ha pasado
con la mayoría, no hemos logrado matricularla. Solo hemos conseguido
que aceptasen a cuatro de nuestros alumnos", apunta. La pequeña tiene
diez años y ha acudido a las aulas de la ONG durante cinco cursos.
Amina se crió en
Ceuta hasta los siete años, subraya, pero solo cuenta con la
nacionalidad marroquí. Hace cerca de ocho decidió regresar a la ciudad
española, donde también residen su madre y sus hermanas.
Denuncia a la
Fiscalía
Después de
confirmarse el bloqueo de la matriculación de estos menores en el
curso escolar 2015-2016, la coalición Caballas registró una denuncia
ante la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma instando al Ministerio
Público a intervenir para "garantizar el cumplimiento de la legalidad
vigente en materia de protección de menores" con los menores que, pese
a residir en Ceuta, el Ministerio de Educación se niega a escolarizar,
según el escrito difundido por Europa Press.
Según asegura el
diputado de la ciudad que presentó la denuncia y también profesor de
Secundaria, Juan Luis Aróstegui, la Dirección Provincial del
Ministerio ha rechazado las solicitudes de matriculación de los
jóvenes afectados alegando "falta de documentación" porque "a su
criterio" es "obligatorio" presentar el "certificado de
empadronamiento". Este requisito, afirma, "no está amparado por
ninguna norma vigente".
La negación de
acceso a la educación no sucede en el caso del resto de migrantes. Los
hijos de cualquier inmigrante que resida en Ceuta de forma irregular
tienen asegurada su matriculación en un colegio ceutí. Los menores
extranjeros no acompañados (MENAS), aquellos que llegan solos y son
tutelados por la ciudad autónoma, también.
Los hijos de los
marroquíes con permiso de entrada a Ceuta —no de residencia— y otros
perfiles concretos están excluidos. El limbo que administrativo que
rodea a su figura provoca que muchos de ellos se estén quedando fuera.
Digmun tiene documentados únicamente los casos que les han llegado
—cerca de 30—, pero podrían ser más. "Sabemos que no son los únicos,
aunque no podemos estimar el número exacto", señala la asociación en
una queja presentada ante la Defensora del Pueblo.
Diferentes perfiles de afectados
A pesar de que
todas los niños afectados tienen en común las dificultades impuestas a
la hora de empadronarse en Ceuta, ser descendientes de marroquíes y
tener denegado el acceso a la escolarización, existen diferentes
perfiles dentro de los menores excluidos de la educación pública en la
ciudad autónoma.
-Hijos biológicos
de familias que residen en Ceuta por
motivos laborales o familiares.
-Niños de origen marroquí que nunca han llegado a adquirir su
nacionalidad en Marruecos y, por tanto, son
apátridas. Son menores que no
aparecen en los libros de familia, ni tienen pasaporte porque, según
explica Digmun, "por diversas circunstancias sus familias no han
inscrito a sus hijos en los registros" del país vecino.
-Menores acogidos
a través de la
kafala, una institución
recogida en el derecho islámico que no es equiparable a la adopción.
Aunque algunas familias de kafala tienen nacionalidad española, la
administración no reconoce este tipo de acogimiento lo que, según la
ONG local, "dificulta aún más el empadronamiento y la escolarización".
