Un total de 26
mujeres y un hombre dedican toda la jornada escolar a ser "el puente
de comunicación entre el alumnado sordo y el profesorado", entre estos
estudiantes y sus compañeros oyentes. Son los intérpretes de lengua de
signos que trabajan en los institutos públicos de la provincia de
Málaga. Y, como ellos mismos subrayan, suponen una "pieza clave en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un modelo educativo que
pretende ser igualitario e inclusivo". Sin embargo, sus condiciones
laborales dejan mucho que desear. La empresa concesionaria del último
concurso público celebrado hace dos años les bajó el sueldo unos 400
euros al mes y cobran 3,88 euros la hora. No tienen pagas extras y en
junio les cortan el contrato, que no recuperan hasta mediados de
septiembre. Hoy se encierran en la sede de la Delegación de Educación
para protestar por su precariedad laboral.
La reivindicación, a la que han sido invitados la Marea Verde y los
sindicatos docentes que apoyan la Educación Pública, pretende poner el
acento en una situación que temen que empeore aún más con el nuevo
concurso público que tiene que realizar la Consejería de Educación
este verano. Por tanto, solicitan que los pliegos de condiciones
reconozcan "la función del intérprete de lengua de signos dentro de
los centros educativos como personal laboral, puesto que desempeñamos
nuestro trabajo codo con codo con el profesorado en los institutos
públicos de Andalucía y exigimos también dejar de ser ese paquete que
va de empresa en empresa", demandan las afectadas en un manifiesto.
En el texto también exigen "que no jueguen con nuestros derechos, que
no jueguen con nuestras vidas, con nuestras familias, con la formación
de las personas sordas". Esta treintena de profesionales cobra 843
euros al mes y pasa en los institutos seis horas al día. Son
subrogadas una y otra vez por las concesionarias que, para ser
competitivas en el concurso, les recortan el precio que pagan por las
horas. "También nos cambiaron de categoría laboral y eso afecta a las
cotizaciones", dice una portavoz. "Somos mujeres con cargas familiares
que estamos sometidas a una gran inseguridad e inestabilidad laboral,
ya que estamos a merced del afán lucrativo de la empresa privada, lo
que va en detrimento de nuestros derechos laborales y que afecta
directamente a la calidad del servicio que ofrecemos", agregan las
intérpretes.
El colectivo, según explica, fue ganando una serie de mejoras que se
cortaron de raíz en el último concurso. "Llegamos a conseguir 1.100
euros al mes con dos pagas extras y ahora no tenemos ni derecho
retribuido para ir al médico de cabecera en nuestro horario de
trabajo, se nos descuenta del sueldo", agrega la portavoz. Aseguran
que la Agencia Pública de Educación y Formación no se ha querido
sentar con ellas y que tampoco han recibido respuesta en las puertas a
las que han llamado. Por ello, desde las 19:30 hasta la madrugada se
encerrarán en el edificio negro con la esperanza de que su
reivindicación sea escuchada.
