23/06/2014
Carta de la
Comunidad de Madrid sobre el punto preferente del colegio María Martín de
Navalcarnero.
Sandra del Río quería
que su hijo, de dos años, empezara su etapa educativa en el colegio público
de su barrio en Navalcarnero, el María Martín, pero se ha quedado a las
puertas. Su mayor indignación radica en el punto preferente que el colegio
otorga para acceder a sus aulas:
que los dos padres del niño estén trabajando. Las quejas a la Dirección
Territorial de las familias excluidas han obtenido una respuesta por carta
en la que la Comunidad resuelve que el criterio "no adolece de
ningún tipo de consideración".
"Es discriminatorio",
afirma con enfado Del Río en una conversación telefónica. A pesar de que la
escolarización en la Comunidad de Madrid depende de un sistema de puntos en
el que se tienen en cuenta varios criterios, la decisión del centro María
Martín para el punto de libre elección de cada centro ha indignado a los
afectados.
Del Río está en paro,
como
casi seis millones de personas en España, según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año. Desde
hace un año y medio, cuando finalizó su contrato en la cocina del Hospital
12 de Octubre, no ha conseguido otro empleo. En su casa, el sueldo de su
marido –que no llega a 1.500 euros– es el sustento de la pareja y sus dos
hijos. Además, como en muchos otros hogares, hacen frente a una hipoteca y a
un préstamo, que en total restan unos 850 euros a su presupuesto mensual.
"Los padres que no
tenemos trabajo vamos a tener que pagar o llevar a nuestros hijos a colegios
más alejados, con el gasto de gasolina que eso supone", apunta con enfado.
En su caso, la Comunidad de Madrid le ha notificado la concesión de una
plaza en el colegio concertado Nuestra Señora de la Concepción, por el que
debería pagar "700 euros en gastos en
septiembre", y luego 100 euros cada mes, según le notificaron en el
centro a la familia. Del Río ha rechazado la plaza porque no se la puede
permitir. "Es el colegio o comer", dice.
Lo que esta madre no
puede pasar por alto es que su situación de desempleo sea el motivo que ha
provocado la negación del punto preferente a su hijo. Varias familias se han
movilizado contra la elección del colegio María Martín, con la recogida de
firmas
por Internet y en papel, que pretenden presentar ante la Dirección
Territorial Madrid Sur.
La consideración de
que ambos progenitores trabajen no adolece de ningún tipo de
discriminación, mediante este criterio el centro ha tenido en cuenta un
factor sociológico en el acceso a la educación
De momento, la respuesta
de la división territorial de la Comunidad de Madrid ya ha dado la razón al
colegio. En una carta a las familias que presentaron la queja, a la que ha
tenido acceso
eldiario.es, los argumentos de la Consejería de Educación concluyen que
el punto en cuestión no vulnera los dos requisitos exigibles: que sea
público y objetivo.
En este segundo aspecto,
la respuesta oficial recoge que "la consideración de que ambos progenitores
trabajen no adolece de ningún tipo de discriminación". Establece que el
centro ha tenido en cuenta " un factor
sociológico" que "comparte la misma naturaleza" que otros
establecidos por la nueva ley de educación (LOMCE).
Entre estos otros criterios, la carta
cita tener hermanos matriculados en el mismo centro escolar, un domilicio
próximo al colegio, la renta de las familias solicitantes y la discapacidad
del menor o de sus padres; "factores sociológicos sin que por ello se los
pueda tachar de discriminatorios", concluye el escrito.
Sandra del Río, cuyo hijo se ha quedado sin plaza en el colegio
público María Martín.
Con incertidumbre hasta
septiembre
El hijo de Sandra del
Río se encuentra en el limbo hasta septiembre, cuando se resolverá si hay
alguna plaza para el pequeño en los centros públicos del municipio
madrileño. Según un portavoz de la Consejería de Educación, a pesar de que
la Educación Infantil es una etapa educativa opcional, la Comunidad tiene el
compromiso de "escolarizar al cien por cien de los niños solicitantes".
Además, el responsable
de la cartera dirigida por Lucía Figar afirma que "
las cuotas no son obligatorias". Por lo tanto, un colegio
concertado (que recibe fondos públicos) no puede exigir el pago de ninguna
cantidad para que sus hijos asistan al centro. Sandra del Río, en cambio,
enfatiza en la obligatoriedad del uniforme y otros gastos complementarios
que sí imponen los colegios concertados. "Nos dijeron que se suele comprar
tres uniformes. Cada uno vale 150 euros; con ese dinero pago la ropa de mis
dos hijos de todo un año", dice.
Beatriz Calderón tampoco
pudo matricular a su hijo en el colegio María Martín, pero no quiere
arriesgarse a que el niño se quede en casa en septiembre. Inscribirá a su
pequeño en el colegio concertado Villa de Navalcarnero, con un coste de 50
euros al mes. "Sé que no es una etapa obligatoria, pero no quiero que quede
en desventaja con otros niños que ya comienzan su educación", cuenta. El
próximo año intentará cambiar al niño de centro porque "50 euros suponen un
esfuerzo grande" para su familia.
Calderón perdió su
empleo hace tres años. Antes trabajaba como decoradora y, en su opinión, el
criterio del centro sí es excluyente. "Tal vez no se lo parece a los que no
tengan ningún miembro en paro". En su caso, la escolarización del niño le
facilitará mucho la búsqueda de un empleo.
Este viernes, UPyD
presentará dos preguntas escritas en la Asamblea de Madrid sobre la decisión
del colegio. "Ese punto es un disparate completo", indica Ramón Marcos,
diputado de la formación en Madrid. Quieren que la Comunidad dé
explicaciones al respecto y llevarán varias propuestas. "Pediremos
la supresión de las tasas en los
colegios públicos en la etapa de 0 a 3 años y también la del
cheque-guardería", añade Marcos.
El cheque-guardería es
una ayuda de la Comunidad a los beneficiarios de una plaza en centros
privados. "En el caso en el que la oferta pública no satisfaciese la
demanda, consideraríamos adecuado que el cheque-guardería se conceda a las
rentas más bajas", continúa. En la actualidad, familias con ingresos
abultados, como
la propia consejera Lucía Figar, se benefician de este apoyo monetario.
