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La Iglesia católica sigue
controlando la educación en España
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falla
contra la reducción de horas de religión y la Conferencia Episcopal reclama
estar presente en las reuniones para el nuevo Pacto Educativo
06/02/2017
La influencia de la Iglesia
católica en la educación ha
sido mucho más importante que en otros ámbitos de nuestra sociedad. Durante el Franquismo los
eclesiásticos tenían el control absoluto de los centros educativos, fueran
católicos o no. Ellos diseñaban los planes de estudio y la presencia de la
religión en éstos era constante. Se adoctrinaba a los estudiantes desde temprana
edad tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista
religioso, se les hablaba de la grandeza de España y
se mitificaba a héroes que aún hoy son señas de identidad españolas cuando,
desde un punto de vista histórico, no fueron otra cosa que mercenarios vendidos
al mejor postor o genocidas patológicos; se les adoctrinaba en los preceptos de
la religión católica.
La llegada de la democracia y
la aprobación de la Constitución no mejoraron la situación. El artículo
16 de la Carta Magna dice lo
siguiente: “1.- Se garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto de
los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que
la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley; 2.-
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias;
3.-Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones”. Ya existe una contradicción en la propia redacción del artículo
16.3: Si la propia Constitución determina que España es un Estado aconfesional,
¿por qué se cita expresamente a una confesión en concreto? ¿Por qué se pone por
encima de las demás confesiones a la católica?
Apenas
había pasado un mes desde la aprobación de la Constitución que señalaba la
“aconfesionalidad” del Estado español cuando se hizo público el nuevo Concordato entre
el Reino de España y el Vaticano. Este nuevo marco de relación entre los dos
estados llevaba negociándose, al margen de cualquier escenario democrático,
desde el año 1976 por políticos católicos muy vinculados al Opus
Dei y a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas. Ya solo este hecho debe
provocar el rechazo de los demócratas, dado que dicho acuerdo se negoció al
margen de cualquier órgano democrático y, sobre todo, al margen de la
Constitución que se aprobó en 1978, texto que señala la aconfesionalidad del
Estado mientras que el Concordato lo que genera es una especie de «confesionalidad
encubierta» del Estado.
la
Iglesia impuso que la enseñanza de sus creencias fuera equiparada a la
ciencia o a la historia
La asignatura de religión
El
Concordato también otorga privilegios
en el ámbito educativo. Esta es una de las mayores hipotecas que
tiene un Estado democrático como España, una hipoteca que va en contra de
los propios principios señalados en el artículo 16 de la Constitución. El
Reino de España está obligado por el Concordato a que toda la educación
impartida en los centros públicos sea respetuosa con los valores cristianos.
A esto se añade la obligación
de impartir en la enseñanza primaria y secundaria de la asignatura de
religión católica,
equiparándolas a otras disciplinas como las matemáticas, la física, la
literatura o la historia, es decir, que la Iglesia impuso que la enseñanza
de sus creencias fuera equiparada a la ciencia o a la historia.
A pesar de
que no es una asignatura obligatoria y que se da una opción alternativa, es
sintomática la imposición por parte de la Iglesia de su catecumenado en la
educación pública y que el Estado esté obligado a su impartición. Los
profesores de religión católica son elegidos por la autoridad académica pero
sólo del grupo de candidatos elegidos por el Ordinario Diocesano. Sonmiembros
de pleno derecho de los claustros de profesorado. Los contenidos
lectivos son impuestos por la jerarquía, cosa que parece lógica,
pero lo que no lo es tanto es que se permita en centros públicos o
concertados la celebración de ceremonias religiosas u otras actividades
complementarias.
LOMCE y Conferencia Episcopal
La semana
pasada, el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura ha
dictado tres sentencias en las que da la razón a los recursos planteados por
la Asociación
de Padres de la Escuela Pública de Extremadura, la archidiócesis
Mérida-Badajoz, las diócesis
Coria-Cáceres y Plasencia (a
las que se sumó la archidiócesis
de Toledo) y la Asociación
de Docentes de Religión de la Escuela Pública contra
el decreto de la Junta
de Extremadura que
reducía el número de horas lectivas de la asignatura de religión católica.
La Junta va a recurrir al Tribunal Supremo porque esa reducción de horas no
incumple ninguna ley ni Tratado Internacional.
la
LOMCE aprobada en solitario por el Partido Popular privilegiaba a la
asignatura de religión católica
En la LOMCE se
incluía un currículo de Religión diseñado por la propia Conferencia
Episcopal Española (CEE)
donde se enfatizaba el aprendizaje de la doctrina católica desde la visión
del creyente y no desde un punto de vista histórico-cultural, se eliminaban
las referencias a otras creencias religiosas, se evaluaba el aprendizaje de
oraciones y rezos en los primeros años de Primaria (“se
debe valorar si el niño memoriza y reproduce fórmulas sencillas de petición
y agradecimiento”) o que el alumno supiera expresar fórmulas orales
y gestuales de acción de gracias a “Dios por su amistad”. Además, la LOMCE
aprobada en solitario por el Partido Popular privilegiaba a la asignatura de
religión católica respecto a otras opciones y, lo que es más sorprendente,
le devolvía su plena validez académica al computar plenamente en el
expediente de los alumnos al mismo nivel que asignaturas tan necesarias como
las matemáticas, la historia, la física, la literatura, la biología o la
filosofía.
Aun así, la
Iglesia Católica no se sentía satisfecha con el modo en que se había
impuesto la asignatura en la LOMCE. La Conferencia Episcopal se felicitaba
porque el número de alumnos de la asignatura de Religión se hubiera
incrementado en más de un 150% en algunos centros. Este hecho no tiene nada
que ver con que los alumnos hubieran recuperado la fe, sino porque el hecho
de que compute para la nota media en el expediente ha generado que sean
muchos los estudiantes los que han optado por una
asignatura que es una “maría”.
Los concertados católicos
La Iglesia
Católica tiene mucho poder en el sistema educativo español. Una de las
razones es el
control que tienen de los centros concertados, ya sea a través de
órdenes o congregaciones, ya sea a través de organizaciones como el Opus
Dei. Estos centros reciben de las Administraciones Públicas un 35,8%
del presupuesto de educación en Primaria y un 34,3% en la Secundaria
Obligatoria. En muchos de estos centros no sólo se enseña, sino que
se adoctrina con lapresencia
de símbolos católicos en las aulas, la obligatoriedad para los
alumnos a asistir
a ceremonias religiosas o
participar en la celebración
de ritos, algo que debería estar prohibido porque los centros
concertados tienen que funcionar del mismo modo en que lo hacen los de
titularidad pública. Muchos de estos centros católicos, además, segregan
por sexo a sus alumnos,
lo que va en contra de las políticas de igualdad de género.
Con el nuevo reparto parlamentario en el que hay
mayoría de fuerzas políticas contrarias a la injerencia eclesiástica en los
planes educativos la Iglesia teme perder sus privilegios y su control sobre
la educación. Por eso el portavoz de la Conferencia Episcopal José María Gil
Tamayo ha exigido la presencia de los obispos y de las asociaciones de
padres de colegios católicos en las reuniones del nuevo Pacto Educativo.
Incluso el ministro de Educación Íñigo
Méndez de Vigo se reunió
con el obispo de Segovia, César
Franco, y con el Director del Secretariado de la Comisión Episcopal
de la Enseñanza, José
Miguel García Pérez, para que le expusieran su opinión acerca de si
era conveniente un nuevo Pacto Educativo o no. ¿Qué Gobierno de un país
democrático y “aconfesional” pide consejo a los representantes de una
confesión religiosa?
Ni la Iglesia Católica ni sus representantes ni las asociaciones
dependientes de ella tienen el derecho de inmiscuirse en un tema tan serio
como es la educación. Los obispos siempre ponen encima de la mesa el
artículo 27 de la Constitución olvidándose del artículo 16 y, como un mantra,
repiten que hay un Concordato que es un acuerdo internacional que el Estado
tiene la obligación de respetar, un Tratado negociado al margen de la
Constitución por representantes del Opus Dei y de la Asociación Católica y
que no se hizo público hasta que nuestra Carta Magna fue refrendada por los
españoles para, de este modo, darle una categoría
legal que no tendría si se hubiera presentado antes del 6 de diciembre de
1978.
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