El caso se refiere a un chico llamado Rubén, hoy mayor de edad, pero que tenía 10 años en 2009, año hasta el que según la investigación del comité había mantenido buenas relaciones con sus compañeros de clase y maestros en una escuela ordinaria de León, donde contaba con un asistente de educación especial. Ese año, en el que Rubén comenzó el cuarto curso, la situación comenzó a deteriorarse, se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su maestro, el alumno comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar y un informe del centro mencionó un "retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down" del niño.

En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres, según especifica la ONU en el relato de los hechos. Una decisión de las autoridades educativas que su familia recurrió sin éxito sin éxito y denunciaron posibles abusos que no fueron investigados, por lo que elevaron el caso ante el comité de la ONU en el año 2017, que se encarga de evaluar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los países.

Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité ha llegado a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva, según informa este lunes. "No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén", explica el miembro del comité Markus Schefer. El organismo ha solicitado a nuestro país que garantice que Rubén, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen las denuncias de abuso presentadas por sus padres. Por otro lado, ha instado a España a que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.