POR RAFAEL A. AGUILAR. CÓRDOBA.
«Si su madre se va a Marruecos dos
semanas a buscar trabajo y lo deja aquí con un amigo de su total confianza,
eso es abandonarlo, pero si la Junta mete al niño en un centro de menores
tres meses y lo aleja de su familia y de su círculo de relación no pasa
nada, resulta que eso está bien». Quien se expresa con una voz tan crítica
es José Luis Calvo, portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño y de
la Niña (Prodeni), una entidad de ámbito nacional que tiene su sede en Málaga.
Calvo tiene muchas dudas de que sea
acertada la actuación que está llevando a cabo la Consejería de Igualdad
y Bienestar Social en el caso de Latifa El Barrahi. «¿Por qué la Junta de
Andalucía no dispone de medios para ayudar a personas como ella antes de
realizar un viaje como el que inició en Marruecos, de manera que se hubiera
podido garantizar la atención del menor y no dar lugar a esta supuesta
situación de abandono?», se pregunta Calvo.
El portavoz de Prodeni está
convencido de que en la historia de la madre marroquí «hay un
condicionante social tremendo». Calvo vuelve a hacerse una pregunta: «Si
un inmigrante no tiene familia en la ciudad, ¿con quién queremos que deje
al menor si no es con un amigo, que luego no cumple con su compromiso de
cuidarlo». El representante de la entidad que vela por los menores es de la
opinión de que «no se puede enjuiciar el comportamiento de Latifa desde la
ramita del bienestar en el que nos encontramos nosotros».
La crítica de José Luis Calvo va más
allá y se centra también en la funcionalidad de los centros de menores. «La
Junta olvida que cuando ingresa en ellos a un niño lo está integrando en
otro circuito de riesgo, porque en estos recintos no están con su familia,
sino con extraños», afirma.
Y añade: «No es verdad que la Junta
tarde tres meses en resolver un expediente para ver si le quitan la tutela a
unos padres, porque el trabajo de investigación y de redacción de los
informes se realiza en pocas semanas». «Tres meses es el plazo que ellos
se marcan, pero no quiere decir que estén todo ese tiempo trabajando: el
que sí está separado de su familia todo ese tiempo es el menor»,
concluye.
Por su parte, la abogada Aurora Genovés,
especializada en el Derecho de Familia, cree que el asunto que está
acaparando la actualidad de la ciudad esta semana «se está enfocando
demasiado hacia la madre». «¿Es que el padre no tiene responsabilidad en
la atención al menor?», se pregunta la letrada, que advierte que su
conocimiento del caso se reduce a las noticias que publican los diarios de
la capital.
«Hay que tener en cuenta, de
cualquier modo, de que se trata de una persona con unas costumbres y con una
cultura muy diferentes a las nuestras», señaló Genovés, que precisó que
este hecho, sin embargo, no la exige del cumplimiento de la ley.
De otro lado, el portavoz de la
Asociación Pro-Inmigrantes (Apic), José Manuel Fernández, dijo que «nos
parece que el comportamiento de esta mujer ha estado marcado por la
irresponsabilidad, y lo de menos es que sea inmigrante».
