https://www.eldiario.es/desalambre/Espana-Marruecos-edad-funcionaria-aconsejo_0_907459833.html
El Gobierno expulsó a Marruecos a un menor de edad al
aplicar la nueva fórmula exprés de devoluciones en Ceuta
Fronteras
Ibrahim Diallo acababa de cumplir 15 años cuando
logró entrar en España a través de la valla de Ceuta, pero fue devuelto con la
nueva fórmula exprés
Una trabajadora del CETI le aconsejó mentir sobre su
edad porque iba a ser separado del grupo y enviado a un centro de menores, según
su testimonio
Las ONG alertan de las vulneraciones que pueden
ocurrir con estas expulsiones de decenas de personas en 24 horas, pero el
Gobierno defiende que se cumplen "todas las garantías"
Marta Maroto
11/09/2019
Ibrahim Diallo, el menor de edad que el Gobierno
expulsó a Marruecos, cuando llegó a Rabat.
Ibrahim Diallo participó en el salto a la valla
fronteriza en Ceuta el pasado 22
de agosto, aquel en el que el Gobierno desempolvó un acuerdo con Marruecos
de 1992 que los gobiernos del PP nunca llegaron a utilizar y que permitió la expulsión
exprés de los migrantes subsaharianos que lograron cruzar. De origen
guineano, Ibrahim acababa de cumplir 15 años. Fue devuelto pese a ser menor
porque, al igual que la mayoría de los que consiguen llegar, no dijo su edad
real para no acabar en un centro de menores. Nadie sabía que un dispositivo
extraordinario de rechazo exprés tras un salto sería puesto en marcha por
primera vez esa misma noche y nadie comprobó que, efectivamente, entre los
expulsados había un menor de edad.
"Cuando caí al suelo, la Guardia Civil se acercaba para
atraparnos, pero huí y comencé a correr, ya en España. Así fue", Ibrahim
acompaña con gestos su relato del salto mientras responde a las preguntas de
eldiario.es desde Rabat, donde vive ahora. Aprovechando la distensión del primer
rezo del Aid al-Adha, la fiesta del Cordero, un grupo de más de 200 personas
salió de su escondite en el bosque para precipitarse sobre los seis metros de
altura de la triple valla fronteriza que separa España de Marruecos.
Después del salto, la Policía acompañó a los inmigrantes
hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para los registros y
trámites pertinentes. Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer
periodistas y se difundieron grabaciones en las que Ibrahim muestra las heridas
que se hizo saltando la valla, como en este
vídeo de Euronews en el que aparece con la
cara y el pecho ensangrentado y con los zapatos rotos. Ya en el CETI, que él
llama "campo", "nos recibieron bien, nos lavamos, comimos y nunca nos dijeron
que nos iban a devolver, jamás", cuenta.
Mientras esperaban a ser identificados, una trabajadora
de las instalaciones le llamó aparte "específicamente" a él y le aconsejó que no
dijera su verdadera edad porque entonces, recuerda Ibrahim, no le llevarían con
el resto del grupo a la Península y tendría que quedarse en un centro de menores
en Ceuta. "Era la primera vez en mi vida, desde que nací, que entraba en Europa.
Si alguien me dice que hay que hacerlo así, yo lo hago así", reflexiona.
La persona a la que Ibrahim identifica como "trabajadora
del centro" llevaba, según él, "un chaleco verde con letras en la espalda", por
lo que podría haber sido personal de la contrata que gestiona la seguridad del
centro, deducen fuentes de ONG próximas al CETI que estuvieron presente durante
el salto. Estas mismas fuentes añaden que no tienen constancia de que personas
relacionadas con el CETI hagan este tipo de recomendaciones.
Por lo general, tras un salto a la valla, los adultos que
logran entrar en la ciudad autónoma son identificados –la ley marca un plazo de
72 horas–, se les abre un procedimiento de expulsión y pasan al CETI. Desde
allí, pueden ser trasladados a la península o bien para su internamiento en un
CIE e intentar proceder a su deportación o a través de la vía humanitaria, en
centros de ONG. No ocurre lo mismo con los menores de edad, que pasan a ser
tutelados por las ciudades de Ceuta y Melilla y no pueden continuar su trayecto
hasta que cumplen 18 años, por lo que muchos tratan de escaparse de los centros
–a menudo denunciados por sus condiciones– e intentan colarse en ferris para
cruzar a la península.
Así, "es absolutamente normal" que los menores de edad no
digan que lo son, explica Patricia Fernández, abogada de la ONG Coordinadora de
Barrios. Por sus redes de contactos, las personas que intentan cruzar la valla
suelen saber que los menores se quedan a cargo de los servicios de protección de
las ciudades autónomas hasta que cumplen la mayoría de edad. Muchos quieren
continuar su viaje a países francófonos o del norte de Europa, por lo que evitan
a toda costa quedarse bloqueados en Ceuta o Melilla, agrega Pilar
Alba Díaz, de la organización Elín.
Por esta razón, cuando llegó su turno y la Policía le
preguntó por su nombre, su nacionalidad y su edad, Ibrahim insistió en que
tenía 20 años: "La señora me dijo 'di la verdad' y yo dije que era verdad.
Mentí, como me dijo la mujer [trabajadora relacionada con el CETI], porque si
decía mi edad verdadera me quedaría allí. Siempre dije 20". Ibrahim no llevaba
consigo ningún tipo de documentación, como la mayoría de los migrantes que
atraviesan el Sahel para alcanzar Europa, y tampoco le hicieron ninguna prueba
médica para averiguar su edad, de acuerdo con su testimonio. La entrevista "no
llegó ni al minuto", asevera Ibrahim, que no tuvo conocimiento de si el
procedimiento fue supervisado por algún abogado, como marca la ley.
El testimonio del joven coincide con la desconfianza
de organizaciones sociales y letrados que en su momento denunciaron el
procedimiento seguido para la devolución exprés. Pusieron en duda que se
hubiesen respetado todos los pasos para ofrecer una asistencia adecuada e
individualizada en las apenas 24 horas en las que se atendió a los 116
migrantes. Desde el Ministerio de Interior reiteran las palabras que el Gobierno
ya pronunció en su momento afirmando que se cumplieron todas las garantías,
"tuvieron asistencia letrada e intérprete", aseguran a eldiario.es fuentes de la
cartera dirigida por Grande-Marlaska.
Cuando un migrante declara ser menor de edad o se
sospecha que puede serlo, existen unas pruebas oseométricas con las que se trata
de estimar su edad, aunque han sido muy criticadas por su amplio margen de
error. La Ley
de Extranjería establece que si las autoridades hallan a un adolescente sin
documentación cuyo aspecto físico haga dudar de su minoría de edad, debe ser
derivado a los servicios de protección y se practicarán estas pruebas médicas
por orden de un fiscal. Es decir, cuando un adolescente como Ibrahim dice ser
mayor de edad, la clave está entonces en si las autoridades sospechan por su
apariencia física de que puede tratarse de un menor, lo que pesa sobre la propia
autodeclaración.
Pantallazo de un vídeo de Euronews en el que Ibrahim
muestra las heridas que se ha hecho al saltar la valla.
"A los menores no se les expulsa, si hay sospechas puede
pasar que se hagan las pruebas [oseométricas] para confirmar", defienden desde
Interior. Estas mismas fuentes no confirman que se llegara a encargar algún
examen para comprobar la minoría de edad aquel día. Otros dos chicos menores,
que llegaron al CETI minutos más tarde que Ibrahim y que sí dijeron su edad
real, no fueron devueltos. "No sabíamos que al final nosotros íbamos a salir de
allí y ellos se iban a quedar", lamenta el joven.
Ibrahim ha enviado a eldiario.es el único documento que
acredita su edad: la partida de nacimiento que guarda el colegio al que acudía
en su país de origen, Guinea Conakry. En el escrito, que ha tenido que pedir y
fotografiar un amigo de su infancia, figura que nació el 10 de agosto de 2003.
En el CETI, las autoridades españolas registran a los migrantes que logran
cruzar la valla y les dan un documento con fotografía. Este papel, en el que no
aparecería la edad real de Ibrahim, le fue requisado en la comisaría de Tetuán a
la que llegó tras la expulsión. Puede haber constancia de su fecha exacta de
nacimiento en el centro de menores marroquí al que fue destinado después y al
que teme regresar y ser reconocido, porque se escapó.
Documento oficial que acredita la edad de Ibrahim.
La rapidez con la que se llevó a cabo el proceso y la
falta de garantías denunciadas en su momento, explican, a juicio de las
distintas voces consultadas, la cadena de errores que habría terminado en la
expulsión de un menor. También se achaca a la falta de tiempo y de
información que ninguno de los 116 migrantes pidiera asilo, lo que podría
haber paralizado la expulsión mientras dure la resolución de su solicitud.
"Me cuesta creer que en este tiempo se haya podido
respetar y aplicar el procedimiento de devolución establecido en la ley, con
asistencia letrada e intérprete", sostuvo entonces la catedrática de Derecho
Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla. Los
doce abogados de oficio, en los que el Gobierno se escuda para defender el
operativo, aseguraron que no sabían que sus defendidos iban a ser devueltos
al país vecino escasas horas después, por lo que se limitaron a explicar el
procedimiento habitual. Decidieron interponer un recurso de alzada contra las
resoluciones de devolución.
Después de pasar la noche en una sala aparte del CETI,
comenzaron las devoluciones. En grupos de entre 12 y 15 personas y esposados,
les montaron en un autobús. "Subían a unos pocos al bus, los devolvían y volvían
para devolver a más. Pero nosotros no sabíamos nada, no teníamos ni teléfono
para comunicarnos con el resto de nuestros amigos", recuerda Ibrahim. "Si nos
hubieran dicho que nos iban a devolver podríamos haber dicho que queríamos
abogados. No habíamos hecho nada. No nos dijeron nada, solo nos devolvieron",
continúa.
Una devolución que el Gobierno justificó por
"violencia"
Una vez en Marruecos, el grupo de 116 personas tuvo
conocimiento de que se había activado un "antiguo" acuerdo entre España y
Marruecos para devolver a los "inmigrantes que entraran por la fuerza o lanzaran
ácido contra los policías", relata Ibrahim. El Gobierno se amparó entonces en la
"violencia inaceptable" para justificar la aplicación del acuerdo y las
devoluciones exprés. La Policía acusó a los migrantes de utilizar cizallas y
objetos cortantes para romper la valla, cal viva, ácido de baterías, excrementos
y orín. Ibrahim esconde una carcajada. "Eso es una locura", indica. "¿Cómo vamos
a tener ácido? (...) Si no tenemos ni ganamos nada para comer", sostiene.
Sí llevaron, dice, unas tijeras grandes que habían podido
comprar en Castillejos, la ciudad más cercana a la valla fronteriza, para
intentar cortar la alambrada y evitar tener que saltar los más de seis metros de
altura llenos de concertinas. Entre muchos lograron reunir el dinero suficiente
y alguien se acercó al pueblo a comprarlas. Sin embargo, apenas apareció la
guardia marroquí cuenta que tuvieron que echarse a correr y dejar las tijeras.
También reconoce que algunos de sus compañeros rellenaron
botellas con orín para distraer a la Guardia Civil. Y si alguien tiró piedras,
Ibrahim considera que tuvieron que ser pocas porque se necesitan las dos manos
libres para trepar. De todas maneras, apostilla en relación a los agentes, ellos
tienen gases lacrimógenos, cartuchos de fogueo y "pistolas con las que disparan
pero con las que no vas a morir". "Te dejan mal, pero no vas a morir", repite
Ibrahim. "Nunca hemos usado ácido, eso te lo puedo jurar", sentencia.
Vuelta a Marruecos
Ya en territorio marroquí, los 116 expulsados corrieron suertes
distintas. Una parte del grupo fue trasladada forzosamente a ciudades en el
sur como Tiznit. Este tipo de prácticas por parte de las autoridades marroquíes
son muy habituales, como confirmó en una entrevista con
este medio el jefe de fronteras de Marruecos. De ahí, muchos se marcharon a
ciudades como Rabat o Casablanca, explica Helena Maleno, de la ONG Caminando
Fronteras, que ha intentado seguir la pista a las personas expulsadas. Un grupo
de guineanos fueron deportados a sus países de origen, así como algunas personas
de Camerún. La activista confirma que su organización ha podido contactar con al
menos 16 personas deportadas a Guinea Conakry.
Por otra parte, una veintena de personas fueron
juzgadas por un Tribunal de Primera Instancia de Tetuán, acusados por las
autoridades marroquíes de inmigración irregular y violencia contra las fuerzas
de seguridad. Entre ellos había un
menor de edad, Ibrahim, según informó la Asociación Marroquí para la
Integración de los Inmigrantes, que facilitó abogados defensores a varios
migrantes en el juicio.
"En Marruecos [a Ibrahim] sí le identificaron como menor
de edad", remarca Maleno. La Policía marroquí le reconoció porque aparece en
muchos de los vídeos difundidos del salto, y esta vez él sí dijo que era menor.
"Cuando salí de España me dije que a partir de ese momento iba a decir la
verdad. No iba a mentir nunca más", confiesa con gesto serio. "Me llevaron a la
prisión, donde pasé dos meses y tres semanas antes de salir", recuerda Ibrahim.
Durante ese tiempo, según explica, acudió hasta tres veces a declarar frente a
un tribunal marroquí que resolvió trasladarle a un centro de menores en Temara,
una ciudad costera al sur de Rabat. Apenas duró un día.
"Allí había niños pequeños que bebían y fumaban hachís",
relata Ibrahim, que describe un ambiente muy degradado. "Vi una puerta abierta y
no lo pensé. Allí no había futuro y por eso continué mi camino. Si me quedara
allí con todo el mundo fumando quizás un día me iban a convencer para fumar",
explica. Así que puso rumbo a Rabat. Ahora vive en un barrio en las afueras de
la capital, una zona que él reconoce como peligrosa y en la que han intentado
robarle varias veces. Ha pensado en volver a la frontera e intentar saltar de
nuevo, pero la experiencia de la devolución y las malas noticias que le llegan
de allí le mantienen en Rabat.
Habitación en la que duerme Ibrahim, en un barrio a las
afueras de Rabat.
No se plantea volver a casa con su madre, una aldea en
Guinea Conakry de la que salió en febrero de 2016. El camino fue largo. Atravesó
el desierto de Mali y cruzó a Marruecos desde el norte de Argelia. Ha cruzado
errante varias ciudades del país alauí y ahora piensa en quizá mudarse a Nador,
donde le han contado que puede estar mejor. Porque en Rabat, confiesa, las cosas
no le van muy bien. "No veo cómo voy a cumplir mis sueños o cómo voy a salir
porque yo soy muy pobre", dice sonriendo mientras cuenta que apenas tiene
trabajo y que los días pasan vacíos, con poco que hacer. También ha perdido
contacto con las personas con las que compartió meses en la frontera.
Termina de contar su historia y pide un poco más de
tiempo antes de colgar. "Me gustaría preguntar una cosa". Ibrahim habla ahora
con susurros: "Si vuelvo a intentar entrar en España, ¿me van a devolver otra
vez?".
|
