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La ONG Prodein registra 100.000 firmas en el
Ministerio de Educación para exigir la escolarización de 160 niños sin
papeles
Según denuncia la ONG, Educación impide ir al colegio
en Melilla a 160 menores porque sus padres, de origen marroquí, viven en la
ciudad de forma irregular
"¿Dónde se ha visto que sean los niños los que pidan
al Gobierno ir al colegio y que este se lo impida?", ha afirmado José
Palazón
La Ley de Extranjería y del Menor establece que todo
menor tiene derecho a la Educación independientemente de su estatus
administrativo
Gabriela Sánchez
24/04/2018

Los activistas José Palazón y Maite Echarte momentos antes de entregar en
el Ministerio de Educación las 100.000 firmas recogidas para exigir la
escolarización de 160 menores que, según denuncian, no pueden ir al
colegio en Melilla. G. S.
Los activistas José Palazón y Maite Echarte,
fundadores de la ONG Prodein, han presentado en el Ministerio de Educación
100.000 firmas para exigir la escolarización en Melilla de 160 niños que,
según denuncian, no pueden ir a la escuela a pesar de vivir en la ciudad
autónoma.
"¿Dónde se ha visto
que sean los niños los que pidan al Gobierno ir al colegio y que este se lo
impida?", se ha preguntado Palazón a las puertas del Ministerio de
Educación.
Los menores que no
pueden acceder a la escuela, la mayoría nacidos en Melilla, son hijos de
familias de origen marroquí que no cuentan con residencia legal en España. El Gobierno
central exige su empadronamiento para poder matricularse en la escuela, pero
la Ciudad de Melilla niega la emisión del padrón a sus padres, denuncia el
activista.
Palazón ha acompañado
a muchas de las familias afectadas en el proceso de empadronamiento y en sus
múltiples intentos de solicitar el acceso a la educación. "He entregado las
solicitudes, con partidas de nacimiento y con toda la documentación que
acredita que son niños que han nacido en Melilla, que viven allí
habitualmente, cuyos padres trabajan allí. Pero no les dan el padrón",
apunta el activista.
Esta situación deriva
en un limbo no contemplado en la legislación. Tanto la Ley de Extranjería
como la Ley de Protección del Menor es tajante: todo menor tiene derecho a
la educación en España, independientemente de su estatus administrativo.
"Son niños que ven
como los amigos se van al colegio y ellos se quedan en casa. Nos dicen: 'Por
qué ellos van al colegio y yo no", señala Palazón. El ministro de Educación,
Íñigo Méndez de Vigo respondió a esa pregunta en febrero, durante su última
visita a la ciudad autónoma. "En Melilla no hay ningún ningún niño sin
escolarizar que tenga unos padres que puedan acreditar que viven en la
ciudad", afirmó el responsable de su escolarización.
El activista niega que sus familias no puedan
documentar su residencia habitual en la ciudad. "Tienen toda la
documentación que acredita que viven en Melilla porque la he presentado yo.
No hemos acompañado a todos, pero son más de 20 como dice el Gobierno.
Tienen documentación que acredita que viven allí, que han nacido allí. Sus
madres tienen cursos, su domicilio, algunas reciben ayudas de ONG...", ha
asegurado el fundador de Prodein.
"Tener padrón marca la
diferencia entre ser o no ser. Y a los hijos de marroquíes no se lo dan. Es
un apartheid", ha sentenciado Palazón
momentos antes de entregar 100.000 firmas recogidas en la campaña que exige
la escolarización de estos menores, apoyada por Oxfam Intermón.
Un caso similar tuvo
lugar en Ceuta durante años, cuando decenas de familias de origen marroquí
residentes en España de forma irregular denunciaban
que sus hijos no podían ir a la escuela porque tampoco se les permitía
empadronarse. En 2015, la
Fiscalía de Menores les dio la razón y solicitó al Ministerio de
Educación la escolarización de 20 menores.
Desde febrero, decenas de madres y sus niños han
salido a las calles melillenses para recabar apoyos con el objetivo de
visibilizar su imposibilidad de cursar estudios oficiales. "¿Mañana vamos a
ir al colegio?", preguntan a sus madres. Con el objetivo de conseguir
responder esa pregunta de forma afirmativa, la ONG melillense
presentará también las firmas recogidas ante el Defensor del Pueblo y la
Fiscalía de Menores.
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