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DIARIO La Opinión de Tenerife

El problema de la inmigración en Canarias

Los menores deben ser escuchados y tener abogado antes de su expulsión

El Poder Judicial analiza en Tenerife la situación de los niños extranjeros

BELÉN MOLINA / SANTA CRUZ DE TENERIFE

29/06/2006

Los menores, en caso de repatriación, deben ser escuchados antes de que se decida si les conviene la expulsión; deben contar con un abogado que defienda sus intereses (no los de la comunidad autónoma) y debe existir un informe previo de los servicios sociales del país de acogida a favor de la repatriación. Estas normas incumplidas fueron expuestas ayer en unas jornadas sobre menores inmigrantes.

Los derechos básicos de los menores no acompañados no son atendidos como marcan las leyes y los convenios internacionales firmados por España, de acuerdo con la exposición que ayer realizó el magistrado de Menores de Ávila, Luis Carlos Nieto García, en la primera sesión del curso Los derechos de los menores extranjeros, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería canaria de Presidencia y Justicia en el hotel Mencey de la capital tinerfeña.

Nieto García, que además es el director del curso, explicó que, de acuerdo con la legislación vigente y el mismo reglamento de la actual Ley de Extranjería, los menores "no tienen más estatuto jurídico que el de la protección", aunque hayan violado la norma administrativa de entrada ilegal.

Nieto señaló, al igual que hizo el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Justino Zapatero, que para que un menor pueda ser repatriado, deben darse unas garantías previas: que el menor sea escuchado y un informe previo de los servicios sociales del país de acogida, en el que quede constancia de a quién o qué institución es devuelto. También tiene derecho a ser representado por un abogado, diferente que el que defiende los intereses del Gobierno regional.

Derechos obviados

"La audiencia al menor es obviada, el informe es obviado y no se les permite nombrar un representante legal", resumió el magistrado de Ávila, quien se refirió a varias sentencias contencioso-administrativas de Madrid que han acotado estas formas de actuar por parte de la Administración del Estado.

El magistrado recordó que la Convención de los Derechos del Niño de 1989, suscrita por España, puntualiza que menor es aquel que no ha cumplido 18 años. "Es una convención universal y tajante, que no deja lugar a la instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2003, que pretendía la repatriación de menores desde los 16 años, al considerarles emancipados", subrayó Nieto, quien se refirió al propio reglamento de la Ley de Extranjería, que por un lado afirma que el menor debe ser entregado a las autoridades de frontera una vez que ha sido localizada su familia, y por otro lado, destaca el interés superior del mismo menor".

Para Nieto, es un error entregar a los menores a las autoridades policiales. "Ha habido problemas realmente importantes con los menores repatriados a la luz de la instrucción de la Fiscalía General del Estado de 2003. Quedaron en las calles de Tánger, con la intención de viajar en los bajos de camiones para volver a Europa", y Naciones Unidas informó de los malos tratos que estos menores recibieron en las comisarías tras su devolución.

Instrucción "bochornosa"

El fiscal del Tribunal Superior de Madrid Justino Zapatero Gómez, se refirió a la instrucción del anterior fiscal general del Estado sobre la repatriación de los mayores de 16 años en términos de "bochorno".

"Avalancha de menores"; "ser conscientes de que los recursos no son ilimitados", "desbordamiento del sistema de protección español" eran, según explicó Zapatero, algunos de las expresiones de la instrucción que enfrentó a los fiscales con su propia ética de hacer cumplir la legislación y los convenios internacionales.

En la inauguración del curso, el viceconsejero de Justicia, Díaz Brito, resaltó que es el Estado el que debe desarrollar políticas de coordinación e integración de estos menores que impliquen a las comunidades autónomas, ya que es un problema que concierne a España".