En los últimos tres meses los jueces han hecho bajar del avión a tres menores marroquíes que estaban a punto de ser repatriados desde la Comunidad de Madrid a sus lugares de origen. Los jueces argumentan que los niños no han sido escuchados por la Delegación de Gobierno y que no existen informes que acrediten que el regreso a Marruecos sea lo mejor para ellos. La última de las repatriaciones abortadas ocurrió ayer.

La juez encargada del caso decidió parar la expulsión del menor cuando se hallaba en el interior del avión. Se trata de una medida cautelar hasta que la magistrada termine de estudiar el caso y decida si lo mejor para el joven es volver con su familia. Para ello tendrá que escuchar a ambas partes: al joven, que no quiere regresar a Marruecos, y a la Comunidad de Madrid, que es la institución encargada de la tutela del menor y que está a favor de llevarlo con su familia.

El pasado jueves, otro juez paró la expulsión de un menor, de casi 17 años, cuando estaba a punto de ser embarcado. Ayer, el magistrado dictó un auto en el que expone las razones para suspender la repatriación. En primer lugar, considera que, según la ley de extranjería, sólo se debe devolver a Marruecos a los menores "si se dan las condiciones para la efectiva reagrupación". Y se afirma que no hay garantías de que la situación que el menor "se encuentre a su regreso a Marruecos sea mejor que la que aquí deja".

El auto critica que en todo el procedimiento de repatriación no se haya hecho ninguna averiguación para saber cuál es la situación personal y familiar del joven en Marruecos, ni por parte de la Comunidad de Madrid -tutora del menor y quien propuso que se iniciara el procedimiento de repatriación- ni por la Delegación del Gobierno -que es quien finalmente decide que vuelva-.

Intereses contrapuestos

La ley establece la obligación de que el menor sea oído en el procedimiento de repatriación. En este caso, la única vez que el menor habló con las autoridades fue en una entrevista que le hizo la Comunidad cuando llegó a España, para constatar si estaba en situación de desamparo y asumir su tutela. El juez señala que esa entrevista no puede ser usada como la audiencia del menor en el proceso de repatriación y afirma que hay "un cierto grado de incumplimiento de las normas procedimentales".

El magistrado concluye que los intereses del joven se contraponen con los de sus tutores, la Comunidad de Madrid. Él quiere quedarse y la Comunidad prefiere llevarlo con sus padres. El auto asegura que la ley permite al menor formular alegaciones para defenderse.

La otra ocasión en que los jueces decidieron parar una repatriación se produjo el pasado 5 de abril. Ésa fue la primera vez que se evitó la expulsión de un menor marroquí en la Comunidad de Madrid. En los tres casos, los jóvenes fueron defendidos por una red de abogados voluntarios que está en contacto con los educadores de los centros de menores. Los letrados denuncian la situación en el momento en que se enteran de la repatriación. Uno de ellos, Diego Lorente, aseguró ayer que sólo han recurrido esos tres casos porque eran los únicos en los que tenían datos suficientes para evitar la expulsión. Los abogados y más de 65 asociaciones denuncian que las repatriaciones se están realizando en Madrid de forma sistemática y sin respetar los derechos de los menores.

La Delegación de Gobierno señaló ayer que en su actuación cumple estrictamente con lo dispuesto en la ley, y asegura que la fiscalía de menores está recurriendo algunos de estos autos de paralización de repatriaciones.