La Orotava, 18 de diciembre de 2006

Unas mil personas, aproximadamente, se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava en solidaridad con la niña "Piedad" (nombre supuesto) para que continúe en el seno de la familia que la acogió en adopción desde hace dos años, después de haber permanecido en un centro de menores desde los ocho meses por situación de desamparo por parte de su madre biológica. Un clamor unánime del que participaron las autoridades locales y entidades presentes en el acto, entre los que se encontraban los tenientes de alcalde de CC, Francisco Linares García y Candelaria Delgado Taoro, y el concejal de IPO Agapito de Cruz, así como representaciones de Prodeni (Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña) y DAGA (Defensa, Amparo y Garantías en Adopción y Acogimiento). La finalidad: arropar a Soledad Pérez en su lucha en defensa de su hija adoptiva para que permanezca con ella y así librarla de nuevos episodios de sufrimiento.

Según ha podido saber EL DÍA, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa abordará en breve el informe de la Comisión de Servicios Sociales sobre la situación de la niña y ratificará el apoyo unánime de las fuerzas políticas a la familia que la acoge.

En la convocatoria de ayer se difundieron sendos informes sobre la situación legal de la niña "Piedad". Soledad Pérez leyó un manifiesto ante el público congregado en la plaza en el que expuso su agradecimiento a la sociedad y a las autoridades locales por el apoyo brindado. Indicó que "sin ustedes, en la última fase de este absurdo calvario, hoy no nos mantendríamos en pie. Mi familia se ha engrandecido aún más en este duro caminar, con cada tristeza compartida, con cada lágrima arrancada y con la furia de la indignación y de la impotencia convertida en solidaridad. Gracias, por lo tanto, en nombre de mi niña, de mi familia y de cada menor que pueda vivir una experiencia semejante. Gracias a todos por darnos un trocito de corazón para construir nuestra esperanza".

Soledad Pérez indicó que "el amor es lo único que no tiene precio en esta vida; en él late la sonrisa de un niño, su carcajada, la confianza en si mismo, el cariño inmenso a los suyos, sentimiento recíproco que aumenta cada día que transcurre". "Defendemos eso -añadió-, nada más y nada menos, que cuesta tanto conseguir. Defendemos mantener y conservar su equilibrio, sus deseos, sus sueños y su estabilidad, considerando ésta sagrada ante cualquier tipo de interés".

Agregó que "intentamos evitar un sufrimiento atroz causado por la sinrazón, un desengaño inmenso que no cabe y que no encontrará explicación jamás en su cabecita de ángel".

Expresó un ruego por "los buenos principios y valores, por la justicia y su justa aplicación y por caridad, que dejen vivir en paz a quien ya ha alcanzado con su esfuerzo la paz, el amparo y la protección en su vida".

Subrayó que la sentencia judicial que le obliga a reincorporar a la niña a la madre biológica "no es imparcial". A su juicio, desoye los informes técnicos y de instituciones y casas donde ha estado acogida la niña sobre las consecuencias negativas que tendrá devolverla al escenario que motivó su "desamparo".

Conviene recordar que la familia adoptante compareció el 23 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción para declarar por la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial por negarse a cumplir las resoluciones que determinan que la menor "Piedad" viva en el domicilio de la madre biológica, la abuela y otras personas.

La Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni) ha remitido un escrito al Fiscal General del Estado en el que le pide que interceda y actúe en favor de Piedad para que no se ejerza violencia o fuerza mayor contra ella y que no se apoye un cambio radical de familia que suponga un rechazo frontal de la niña y la consiguiente expectativa de riesgos y daños que ello implique.

Quejas contra el fiscal

Prodeni expresa la queja de la actuación del fiscal en Las Palmas, al no amparar en las actuaciones del juzgado la dignidad y el interés superior de "Piedad", "permitiendo que se vulneren derechos de modo flagrante, como el de no haber sido escuchada, como el que no tengan en cuenta sus especiales circunstancias y los informes profesionales, médicos y psicológicos que desaconsejan la medida, así como el hecho de que vaya a ser arrancada a la fuerza y con riesgos en su propio hogar, lo que, según los técnicos, ocasionarán en la niña daños que pueden ser irreversibles".

En este escrito, la entidad sostiene que "nuestras leyes amparan los derechos de Piedad, pero no así la Fiscalía, cuando está permitiendo la inaceptable presión que se ejerce sobre esta niña, máxime si se lleva a cabo la brutal separación de su familia, como todo indica que va a suceder en las próximas horas, si nadie lo remedia".

La familia de "Piedad" y los ciudadanos que apoyan a la niña temen en las próximas horas "una actuación desmesurada del Juzgado para llevarse a Piedad a la fuerza y con todas las consecuencias". De producirse esa actuación, indica Prodeni, "estaríamos ante una acción impresentable y de escándalo que produciría la lógica alarma en la ciudadanía, que heriría nuestra sensibilidad y concepción sobre el Estado de Derecho, pues arrasaría la dignidad y derechos de la persona, dignidad y derechos que consagran nuestra Constitución y ordenamiento jurídico. Si el Juzgado se llevara a Piedad por la fuerza, quedaría en entredicho la credibilidad del sistema y la niña entraría en una fase deprivativa en su entorno y familia, cayendo en depresión y afectando a su sistema orgánico".

"Piedad" tiene cinco años de edad. Con siete meses (mayo de 2002) fue declarada en situación de desamparo y la Comunidad Autónoma de Canarias asumió su tutela. La niña se encontraba con su madre biológica acampada en la calle, en solicitud de un piso. Hasta febrero de 2005, más de tres años, estuvo en un centro de acogida de menores.

La madre biológica inició un procedimiento judicial contra el desamparo que fue archivado por no formalizar la demanda. Posteriormente, emprende un nuevo procedimiento judicial a comienzos de 2004, en el Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas, número 5, que tarda dos años en dictar sentencia. En febrero de 2005, fue constituido el acogimiento familiar preadoptivo de "Piedad". La familia acogedora tiene conocimiento del procedimiento judicial en marzo de 2006, cuando el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria acuerda la realización de un informe pericial sobre la madre y sus consecuencias.

Por un error judicial, que el juez se niega a subsanar, la familia acogedora no es citada a la celebración del juicio oral, las partes piden la suspensión y el juez la deniega, estimando que no debían estar en el procedimiento.

En el proceso no se realiza ninguna evaluación de la situación personal de la menor, ni de las circunstancias en las que vive en la actualidad.