En un comunicado, el Arzobispado ha señalado que desde el primer momento en el que tuvo conocimiento de las acusaciones que pesaban sobre el citado sacerdote, hace más de dos años, procedió a realizar una investigación previa hablando con él. Posteriormente, se entrevistó con las víctimas y testigos y recogió pruebas que, junto con las conclusiones de investigación fueron enviadas a la Congregación para la Doctrina de la fe. Esta institución, que se encarga de la asuntos de disciplina de los sacerdotes, "en vista de la gravedad de los hechos denunciados" autorizó en junio de 2014, la imposición de una serie de medidas cautelares previstas en el Derecho Canónico para asegurar la buena marcha de la investigación y del proceso administrativo penal. El pasado 20 de febrero, la Congregación para la Fe emitió un decreto por el que se solicitaba al Santo Padre la aplicación del "Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela" y el 6 de marzo, el Papa procedió por tanto a la expulsión del estado clerical del Padre Chus, decisión que ya le ha sido notificada. En el comunicado se asegura que se han salvaguardado "en todo momento el derecho de protección de las víctimas, el derecho de defensa del sacerdote acusado y su presunción de inocencia hasta el dictamen final de la Santa Sede". El Arzobispadode Oviedo ha trasladado también "su profundo dolor por unos delitos que han supuesto un daño enormemente lesivo tanto en personas adultas, como especialmente en menores de edad según la legislación eclesial". Asimismo, pide "perdón por la conducta reprobable de este sacerdote y expresa su voluntad de seguir velando por el bien de todos los fieles, especialmente los menores y más desprotegidos".