El juez declara responsable civil al Arzobispado en el ‘caso Romanones’

El arzobispo de Granada, Javier Martínez. // CHARO VALENZUELA

Primera victoria procesal importante de las víctimas de los presuntos abusos sufridos cuando eran menores a manos de sacerdotes de la diócesis de Granada. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación a los hechos que investiga de supuestos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes.

En un auto fechado este martes 8 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado considera que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada.

Así, señala que “precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia”.

La acusación particular había solicitado en agosto pasado al Juzgado que decretara la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada. La acusación entendía que se habían infringido varios cánones del Código de Derecho Canónico que obligan a labores de vigilancia y control sobre los párrocos sacerdotes de la diócesis. Entre ellos, aludía expresamente al canon 524 del citado Código, que obliga al obispo a asegurarse de que provee como párroco a una “persona idónea”.  

Además, la acusación particular pedía que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, fuera llamado a declarar como testigo después de que este enviara al instructor, por mandato judicial y tras nueve requerimientos, una copia del expediente canónico. En esa documentación, según la acusación particular, “se evidencia la existencia de un grupo organizado, virulento, perfectamente conocido por el arzobispo de Granada”, formado por diez sacerdotes y dos laicos. El escrito aludía a tres sacerdotes y un seglar como supuestos autores de los abusos, y a otros ocho (siete curas y un laico), como cómplices de los hechos, tal y como admite el arzobispo en una comunicación que forma parte de la investigación preliminar de la Iglesia.

La acusación particular se remitía a un escrito del prelado granadino, incluido en el expediente canónico, en el que consideraba que los ‘romanones’ formaban un grupo “compacto, hermético y virulento” y subraya que ese grupo, supuestamente, “cometió el delito de corrupción de menores” en la persona del joven denunciante, “amén de los delitos de abuso sexual continuado”.

CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO

Ahora el juez entiende que, “por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual que se originan desde la parroquia”, se cumplen todos los presupuestos expuestos para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado.

Según el auto “no cabe duda” de que los imputados, especialmente al padre Román M.V.C., cabeza visible del grupo de sacerdotes imputados, aprovechando la condición de la víctima como monaguillo en la iglesia que regía”, contaba con una gran “ascendencia” sobre él, invitándole a quedarse a dormir en su casa y “a participar en actos comunales del grupo” de sacerdotes, recoge Europa Press.

El magistrado matiza que, si bien es cierto que la mayoría de los actos libidinosos se realizaron en la casa de los curas, éstos se produjeron por la condición de sacerdotes de los imputados y por el reclutamiento y aprovechamiento de la víctima o víctimas en la sede y en la casa parroquial de la parroquia de San Juan María de Vianney.

INCUMPLIMIENTOS DEL ARZOBISPO

En el auto también expone el juez que el máximo representante del Arzobispado de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez, “habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimientos necesarios y recomendados por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal para evitar la comisión de unos hechos por parte de un grupo de sacerdotes además muy conocido en una ciudad como Granada” y por el propio arzobispo.

Por todo ello, ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación a estos hechos, si bien la cuantía de dicha responsabilidad civil se determinará en el momento procesal oportuno, según ha detallado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Además, está previsto que el 15 de septiembre la Audiencia vea el recurso planteado por las acusaciones –particular y popular, ejercida por Prodeni– a la decisión del juez instructor de declarar prescritos todos los delitos salvo los atribuidos al principal acusado, el padre Román.

EL ORIGEN DEL CASO

El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el considerado líder del grupo, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas –diez religiosos y dos laicos–.

Todo se precipitó después de que un joven comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ‘ipso facto’ denuncia contra todos los implicados.

El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que “la verdad es la verdad” y “no debe esconderse”. El ‘caso Romanones’ también provocó una imagen del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” que afectaban entonces a la Iglesia.