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La chica contó un relato verosímil
ante los servicios sociales de la Comunidad
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La Fiscalía del Estado dice que lo
podían haber comunicado y la de Madrid lo niega
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El juez ordena el ingreso en
prisión del supuesto autor de las agresiones sexuales
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Dimiten el director y el jefe de
estudios del colegio Valdeluz
F. Javier Barroso
Madrid
14 FEB 2014
Entrada del colegio Valdeluz Agustinos, en
Fuencarral. / fernando alvarado (efe)
La
Comunidad de Madrid atendió durante un año a una de las menores que
supuestamente fue
agredida por el profesor de Música y Filosofía del centro
concertado Valdeluz Agustinos, en Madrid, Andrés Díez Díez. La
Consejería de Asuntos Sociales aseguró en su informe final que había
verosimilitud en los abusos sexuales que decía haber sufrido la
joven y los trabajadores del servicio de intervención en abuso
sexual infantil recomendaron a los padres que denunciara los hechos.
Los padres no lo hicieron y la Comunidad tampoco acudió a la
Fiscalía para poner en conocimiento lo que había ocurrido. Una
portavoz del Gobierno regional asegura que el Código Penal se lo
impide al tratarse de un delito semiprivado (contra la libertad y la
integridad sexual), cuya denuncia solo le corresponde a los
progenitores de la menor. Fuentes de la Fiscalía del Estado
consultadas por este periódico lo negaron ayer y apelaron a la
máxima protección de la joven. Aseguraron que se podrían haber
evitado más agresiones en el centro Valdeluz. Hay alrededor de una
decena de denuncias.
De izquierda a derecha, el profesor Andrés Díez,
el exjefe de estudios Juan José de Cossío y el exdirector Eustaquio
Iglesias.
Según confirmaron fuentes policiales, la menor tenía 17 años cuando
acudió en enero de 2007 con sus padres al Centro Especializado de
Intervención en Abuso Sexual Infantil, dependiente del Instituto del
Menor y de la Familia y la Consejería de Asuntos Sociales. Los
especialistas de este servicio la atendieron hasta febrero de 2008,
cuando emitieron un informe. Destacaron que la menor (que ahora
tiene 24 años) sí sufrió abusos sexuales, supuestamente, por parte
de Andrés Díez Díez. En ese caso, los técnicos le explicaron que
podía denunciar el caso.
A
partir de ahí, se abre un debate en el que los especialistas en
menores y en Derecho Penal no se ponen de acuerdo. Según fuentes de
la Fiscalía del Estado, la Comunidad de Madrid podría haber
informado al responsable de menores del Ministerio Público para que
investigara lo que ocurría en el colegio. “Al pasar estos datos se
está poniendo sobre aviso a la autoridad para que investigue si es
el único caso o, al revés, hay más víctimas”, reconocen fuentes de
la Fiscalía.
El
fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, defendió ayer la opinión
contraria. Afirmó que los abusos sexuales entran dentro de los
llamados delitos semiprivados, que recoge el artículo 191 del Código
Penal. Este recoge que “para proceder por los delitos de agresiones,
acoso o abusos sexuales, será denuncia de la persona agraviada, de
su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará
ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima
sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la
denuncia del Ministerio Fiscal”. Según este precepto legal, solo la
propia víctima o los tutores legales pueden denunciar. “Si los
padres no denunciaron, la Comunidad de Madrid no podía acudir a la
Fiscalía”, sentenció Moix.
Un
catedrático de Derecho Penal, que prefirió permanecer en el
anonimato, se basó precisamente en el citado artículo 191 del Código
Penal para defender justo la tesis contraria: “El fiscal pudo
recibir una simple información de todo lo que ocurría por parte de
la Comunidad de Madrid y a partir de ahí ponerse a trabajar sobre el
caso. Podría haber intervenido sin ningún problema”. Este
catedrático puso como ejemplo al médico que atiende a una mujer
víctima de malos tratos o de violación.
Fuentes de la Comunidad de Madrid destacaron
que el centro de intervención es “un servicio de ayuda y apoyo
psicológico y de orientación jurídica”, entre cuyas funciones no
está el acudir a la fiscalía en caso de que se encuentren con la
eventual comisión de un delito. Según una portavoz, este organismo
siempre aconseja acudir a los tribunales. “La Comunidad solo puede
denunciar cuando los abusos que sufre el menor los cometen los
propios padres o la víctima se encuentra en desamparo. En ese caso
se apresura a hacerlo para defender al menor”.
La
fiscalía regional insiste en que los trabajadores no podían dar
cuenta
El que fue durante años fiscal de Menores,
Félix Pantoja, conoce bien el artículo del Código Penal que
mencionan en la Comunidad, pero también cita el 158 del Código Civil
“que obliga a actuar a cualquier persona que conoce la comisión de
un delito” y la Ley de Protección Jurídica del Menor, “que dice que
el interés de estos prevalece ante cualquier otro que pueda
concurrir”, afirma. Opina que debieron informar de la situación al
fiscal, que habría sabido actuar con las cautelas suficientes para
proteger a la chica y a otras posibles víctimas que pudiera haber en
el colegio. “Creo que la Comunidad debió denunciar. Claro que las
cosas tienen consecuencias, pero no haber denunciado también las ha
podido tener”, afirma.
Mientras, Andrés Díez Díez ingresó
en prisión provisional preventiva y sin fianza ayer por la
tarde, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número
13 de Madrid, Hermenegildo Barrera Aguirre, decretara esta medida
cautelar. Su declaración comenzó a las 11.30 de la mañana en el
juzgado de guardia de la plaza de Castilla y se prolongó hasta las
14.30. La gravedad de los delitos y su reincidencia a lo largo de
ocho años son dos puntos en los que se ha basado el magistrado,
según fuentes judiciales.
“El interés del menor
prevalece ante cualquier otro”, asegura Pantoja.
La policía continúa con las investigaciones
para ver si hay más víctimas de este profesor, al que se le acusa de
haber agredido sexualmente tanto en el centro de estudios Valdeluz
como en la escuela de música Melodía Siglo XXI, que regenta en un
local contiguo al colegio.
Esta decisión judicial llega prácticamente a
la vez que la dimisión presentada
por el director del colegio, Eustaquio Iglesias, y el jefe de
estudios, Juan José de Cossío, ambos religiosos, según informó el
Valdeluz ayer en un comunicado. “La renuncia ha sido aceptada por el
consejo provincial de los agustinos”, relata el escrito. “Se está
procediendo a investigar internamente el alcance de los hechos con
el objeto de establecer las medidas oportunas con la mayor
transparencia”, añade el comunicado.
Asesoría para los padres
Si el colegio Valdeluz Agustinos apoyó
desde el primer momento al profesor Andrés Díez y aseguró que en
los 20 años que trabajó en él no hubo ningún problema, ayer dio un
giro copernicano: “Los supuestos hechos son contrarios al ideario
y a los principios, valores y conductas que sustentan esta
institución, tales como el desarrollo integral de la persona, la
búsqueda de la verdad, la autonomía personal y el respeto a la
dignidad humana”.
El
centro ha puesto a disposición de los padres y alumnos “un
gabinete de asesoramiento psicológico para quien eventualmente
quiera solicitarlo”. También afirmaron que en el día de ayer se
estaban impartiendo las clases con total normalidad.
Las opiniones continuaban ayer enfrentadas entre los padres de los
alumnos del Valdeluz. Algunos defendían a capa y espada al
profesor detenido y a los directivos dimitidos, mientras que otros
se quejaban de que el centro no hubiera puesto medidas para evitar
los abusos en ocho años.
