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30 de septiembre del 2000

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España

Reclaman que el niño de Soria no vaya a un centro de acogida

El pequeño lleva quince meses viviendo con la familia adoptiva
Unas 500 personas se manifestaron ayer en Soria para solicitar que Diego, el niño que vive con sus padres preadoptivos en El Royo, no ingrese en un centro de acogida y pueda continuar en la localidad soriana. La agrupación protectora de los derechos de los niños (Prodeni) participó en el acto de protesta, que se desarrolló entre la plaza Mayor y la sede territorial del Gobierno autonómico.

Autor del comentario:
EFE

Localidad:
SORIA

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WIFREDO GARCÍA

Tras una pancarta en la que se leía «Diego no quiere ir a un centro» se inició la marcha, en la que 500 manifestantes corearon gritos de protesta como «Diego duerme, el pueblo te defiende» para evitar que el niño sea ingresado en un centro de menores.

La manifestación concluyó ante la sede la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, donde un representante del Ayuntamiento de El Royo leyó un manifiesto en el que se pidió que los jueces aplacen la ejecución de la sentencia, que obliga a ingresar al menor en un centro de acogida. Los manifestantes reclamaron que los padres biológicos _que padecen enfermedades mentales_ puedan visitar al niño, pero que Diego siga «viviendo feliz» con la familia actual.

Patologías paternas

La Junta de Castilla y León, administración que tutela al menor, retiró la custodia a los padres del pequeño por las patologías psíquicas que padecen _transtorno bipolar de tipo uno, la madre, y esquizofrenia, el padre_, e inició un contrato de acogimiento con fines preadoptivos con el matrimonio que acoge al niño desde hace quince meses.

Los padres de acogida, Carlos de Francisco y Raquel Gómez, manifestaron ayer que van «a luchar con todos los medios hasta el final para evitar que Diego vaya a un centro» y añadieron que ejecutar la sentencia «es una medida que le puede perjudicar».

El vicepresidente de Prodeni, Juan Pedro Oliver, solicitó que en el proceso judicial se permita personarse a los padres de acogida, y se refirió a la idoneidad de que la Junta de Castilla y León presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En este sentido, solicitó que sería conveniente el informe de un psiquiatra infantil que reconozca al menor y pueda valorar el daño que se le haría al retirarlo de su hogar soriano, y puso al juez como responsable del futuro de Diego.

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