En una semana van a cumplir sus bodas de plata. 25 años juntos, más tres de novios, en los que no han podido cumplir una de sus mayores ilusiones: ser padres. Al principio, Antonio y Francisca no querían tener hijos “porque éramos muy jóvenes cuando nos casamos”. Era el año 1984 y tenían 23 y 22 años. Dos años después creyeron que ya les llegó el momento, que nunca se produjo.

Lo han intentado todo. Su último recurso: la adopción. Ahí es donde depositaron “todas las esperanzas”, pero 11 años después lo único que han conseguido es terminar “quemados y humillados” por un proceso administrativo larguísimo y plagado de “irregularidades”, tal y como reconoce un juez en una sentencia en la que asegura que la pareja es apta para adoptar.

A Francisca lo que más le duele es que la Junta se haya “comido” los años de su vida, porque dejó de someterse a tratamientos de fertilidad por la adopción e incluso su trabajo. “Llegamos a intentar hasta en tres ocasiones la fecundación in vitro”, pero no funcionó. Entre tanto, a final de 1998 decidieron solicitar la adopción. Fue entonces cuando se inició su largo calvario.

A partir de ahí, el único contacto que tuvieron con la Delegación de Igualdad y Bienestar Social fue una reunión en la que se informó a todas las parejas solicitantes de los requisitos y del proceso. Luego, no tuvieron más comunicación hasta el año 2003, cuando tuvieron que pasar “varias entrevistas para determinar nuestra idoneidad”. Cuatro años y medio de “dilaciones inexplicables”, según dice la sentencia del Juzgado de Familia número 7. Tras estas entrevistas, las visitas domiciliarias y el correspondiente aporte de toda la documentación obtuvieron un primer informe de idoneidad a fecha 23 de mayo. En ese momento, el perfil que solicitaban del menor era el de uno o dos hermanos menores, aceptando trastornos de conducta y etnias gitanas y árabe.

Pero aún así, la respuesta no llegaba. Así que, “ siguiendo el consejo de los técnicos”, explica Francisca, decidieron ampliar el perfil para niños de entre cero y dos años, de las mismas etnias e incluso con anticuerpos VIH. Era diciembre de 2003 y también fueron considerados idóneos.

Sin embargo, el hijo que esperaban no llegaba. Ellos aseguran que eran conscientes de la dificultades que implica adoptar a un menor: el rechazo de éste, el que sea sólo temporal y vuelva con sus padres... Pero “para todo estábamos preparados”, aunque “no para el trato humillante que recibimos”, asegura Antonio, mientras Francisca recuerda que las técnicos le decían “que me iba a arrepentir por no haberlo tenido en mi vientre” o que “nunca nos iba a querer”. “Nos decían que era para ponernos en situaciones límites porque los niños nos ponen en situaciones así”, agrega Antonio.

Francisca tuvo que acudir al psicólogo, “primero para poder aceptar lo de la maternidad y luego me ayudó con estas entrevistas porque me decía que no tenía por qué recibir ese trato”. Esta terapia continuó e incluso la pareja la utilizó para prepararse “para todas las situaciones que nos encontráramos con el niño”.

Pero pasaron uno, dos y hasta tres años más sin que Antonio y Francisca pudieran cumplir su “sueño”. Fue en el año 2006 cuando decidieron acudir al Defensor del Pueblo Andaluz “para quejarnos del trato que habíamos recibido, no para que nos dieran un niño de inmediato”, aclara Antonio. Entonces, la Junta inició con ellos, diez años después, un nuevo procedimiento.

Otra vez a partir de cero. Más entrevistas y de nuevo un proceso “machacante”, en el que para su sorpresa fueron declarados “no idóneos”. El motivo: les consideran racistas. A este respecto la sentencia del juzgado, que la Junta ha recurrido a la Audiencia, deja muy clara la contradicción, pues la pareja en su perfil incluía niños de varias etnias.

En julio de 2008, la pareja también solicitó la adopción internacional. Volvían las entrevistas, esta vez con una empresa subcontratada por la Junta, con la que han pasado hasta “nueve entrevistas de cuatro horas” y en las que la psicóloga aseguraba que ellos eran idóneos antes de cerrar el procedimiento. Sin embargo, tras el proceso judicial, “el documento que firmamos al finalizar desapareció”, por lo que la Junta les envió una nueva carta para iniciar el proceso, cuyo plazo de presentación se cumplió ayer. “Hemos decidido no seguir con la adopción porque sabemos lo que vamos a pasar”, dice Antonio.

Una decisión “dura”, pero ahora ya sólo confían en que la Audiencia les dé la razón. “Ya veremos qué hacemos, porque estamos muy quemados y un niño necesita que estemos al 100%”, indica Francisca, que teme que la edad de ambos (47 y 48 años) sea ahora el impedimento. En la sentencia, el juez les insta a pedir una indemnización, aunque ellos aún no se lo plantean pese a que “han jugado con nuestras vidas e ilusiones”.