Sus contratos habían finalizado el 31 de diciembre de 2004, pero siguieron trabajando en el Servicio de Protección de Menores, dependiente de la Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía, sin firmar prórroga ni documento alguno y sólo con el compromiso verbal de responsables de la Administración de que estarían seis meses más, es decir, hasta junio.

El pasado 24 de enero, dos días después de que este periódico publicara que la Inspección de Trabajo había levantado varias actas de infracción en este mismo servicio por emplear a estos trabajadores como autónomos aunque en realidad realizaban el mismo trabajo que los funcionarios, llegaban los documentos que prorrogaban los contratos. En los mismos se indicaba que la fecha de inicio de esta prórroga era el 1 de enero, aunque los documentos se entregaran 24 días después. La duración de la misma, en la mayoría de los casos era, tal y como se había anunciado, de seis meses más. Los trabajadores decidieron firmar, pero poniendo la fecha real en la que habían rubricado los contratos, y los devolvieron a la Delegación, para que fueran firmados por su responsable, Ana Paula Montero.

Según han informado a este periódico varios empleados de este servicio, horas después de devolver estos contratos se les comunicó verbalmente que en los mismos no podía aparecer junto a la firma fecha distinta al 1 de enero y que volverían a enviar de nuevo los documentos para que los rubricaran, pero sin poner fecha.

Las prórrogas llegaron el pasado viernes 27 de enero y, para sorpresa de los afectados, en la mayoría de los documentos la fecha de finalización de la misma ya no es el 30 de junio, sino el 31 de enero. Los contratos han sido firmados por los trabajadores, que han vuelto a poner la fecha real en la que lo hicieron.

Diferentes expertos en Derecho Laboral han indicado a este periódico que el modo de proceder de la Delegación de Igualdad es irregular y que el hecho de haber remitido los contratos 24 días después de la fecha real de su inicio les convertiría en trabajadores indefinidos en caso de seguir la vía legal.

Por su parte, un portavoz de la Delegación ha indicado que efectivamente los documentos se enviaron el día 24, pero que no hay problema alguno, porque la delegada había firmado la resolución de la prórroga el 27 de diciembre, con fecha de finalización de 31 de enero. Esta misma fuente explica que el retraso en la entrega de los contratos para su firma responde a un mero trámite.

En cuanto a las modificaciones realizadas en los contratos que se entregan por segunda vez y que reducen el tiempo de permanencia del 30 de junio al 31 de enero, esta fuente asegura que hubo «un error administrativo», que posteriormente se subsanó.

Sea como fuere, lo cierto es que ahora los trabajadores tienen un contrato firmado por seis meses y otro, por sólo un mes y ambos se rubricaron mucho tiempo después de la fecha de inicio que se lee en ellos.

Sin carta de despido

Ayer, los trabajadores que firmaron prórrogas con fecha de finalización de 31 de enero se presentaron en el departamento de Personal de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social y obtuvieron las mismas explicaciones dadas a este periódico. Además, pidieron una carta de despido, que les fue negada bajo el argumento de que se trataba de contratos administrativos y que, por tanto, bastaba con la fecha de finalización que indicaban los mismos. Según ha podido saber este periódico, los afectados interpondrán una demanda de despido nulo.

Unos 13 profesionales -abogados, pedagogos, psicólogos y auxiliares administrativos- habrían estado trabajando en estas dependencias durante este mes sin haber firmado documento alguno. Trabajo ya levantó actas de infracción indicando que la función que realizaban y el horario que tenían era el mismo que el resto de funcionarios, por lo que consideraba que su relación laboral no era de autónomos sino de trabajo por cuenta ajena.