María tenía apenas 12 años cuando tuvo
a su bebé en la Maternidad Martin. El niño, nacido en agosto
de 2014, fue dado en adopción con la intervención activa de la
Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, incluso
cuando la familia ampliada —tías maternas y abuela— se
oponían. Pese a querer conocerlo meses más tarde, María pasó
más de un año sin ver a su hijo y sin tener asesoramiento
legal, un derecho garantizado por la Convención de los
Derechos del Niño. Ahora la joven de 13 años y su mamá, Luisa,
exigen la revinculación del bebé con su familia de origen.
El caso llegó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que en abril pasado
a través de una resolución exigió al Estado argentino que
garantizara la asistencia jurídica e informara sobre el caso,
poniendo bajo la lupa la actuación no sólo del Tribunal de
Familia Nº 5, sino también de la defensora de Niños, Niñas y
Adolescentes, Analía Colombo. Ahora, en la Legislatura
provincial, un pedido de informe del diputado Carlos Del Frade
también busca que el gobierno santafesino dé cuenta de las
actuaciones de la Defensoría, que intervino en proceso de
adopción "en circunstancias poco claras".
En mayo de 2014, la nena de 12 años supo que estaba embarazada
—como consecuencia de "juegos sexuales" con otros dos menores—
y comenzó a ser asistida en la Maternidad Martin. Allí,
atendida por un equipo interdisciplinario, empezó a sugerirse
la posibilidad de dar al niño en adopción y en el mismo
efector "les hacen firmar un escrito en que tanto la nena como
su mamá dan al bebé en adopción, lo que ya es una
irregularidad en sí misma porque un bebé por nacer no puede
darse en adopción", contó Carmen Maidagan, abogada de Luisa.
Es por eso que la Dirección de Niñez de
la provincia rechaza ese documento, y es así que María y su
mamá llegan a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes que
participa en el proceso judicializando el caso y pidiendo la
intervención del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con
fines Adoptivos (Ruaga), una medida que se toma incluso cuando
la familia ampliada del bebé por nacer, es decir la abuela de
María y sus tías maternas, dejó en claro su oposición a la
adopción y su disposición a hacerse cargo del niño.
En agosto de 2014, cuando Mariano
finalmente nace, el Tribunal de Familia Nº 5 autoriza a una
pareja a internarse con la nena en la maternidad y llevarse el
bebé una vez que es dado de alta. "Eso es autorizado por la
jueza a través de un decreto y sin presentar fundamentos
algunos", destacó la letrada.
Vulnerada."Por una cuestión cultural o de clase existe
el preconcepto de que el nene que iba a estar mejor si era
adoptado, pero eso no es lo que marca la ley y deben agotarse
las instancias para que los niños crezcan en su familia
biológica", planteó la abogada, y recalcó que en este caso "a
María no se le dio el espacio de asumir lo que pasaba y a
definir libremente".
Tal es así que apabullada por la
situación y sin asesoramiento jurídico, en diciembre de 2014 y
a cuatro meses de haber nacido su bebé, María es evaluada por
el médico forense que determina que atraviesa "un bloqueo
emocional", y comienza a manifestar que quiere ver a su hijo.
Recién allí Luisa y María piden un
representante legal para la niña, revocan todos los
consentimientos dados y reclaman ante la Justicia la
revinculación con el niño, que actualmente tiene un año y
nueve meses.
Revinculación. "Lo primero que pedimos es un encuentro
de María con su hijo y un régimen de visitas", recordó
Maidagan, y detalló que ante la demora se elevó el caso a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para "garantizar
que se conozcan hasta tanto la Justicia local resolviera la
cuestión de fondo".
En abril pasado, la Cidh determinó que
el Estado argentino debía garantizar la asistencia jurídica
para María y la revinculación con su hijo. El Tribunal de
Familia Nº 5 dio lugar a los encuentros y actualmente son
semanales, aunque el bebé sigue estando con la familia. "Ese
es un tema, porque aún no se resolvió en carácter de qué el
niño está con los adoptantes, del mismo modo que le fue
entregado en un principio sin haber pedido una guarda
preadoptiva", indicó Maidagan sobre las desprolijidades del
caso.
La
defensora. La abogada no sólo criticó la actuación del
Tribunal, sino que además puso bajo la lupa la actuación de la
defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. "El organismo debe
actuar ante el pedido de un niño y no puede hacerlo ante el
pedido de instituciones, como fue la Maternidad Martin; y en
todo caso, debería haber intervenido velando por los derechos
de María en lugar de judicializar el trámite", se quejó la
letrada.
Ahora el diputado por el Frente Social y Popular presentó un
pedido de informe donde plantea que la defensoría deberá
responder sobre la resolución del 12 de abril pasado de la
Cidh y, específicamente, sobre si la defensora propició la
designación de un abogado para María —tal como lo establecen
la Convención Americana, la Convención de los Derechos del
Niño y la ley de protección integral nacional—, por qué no
acompañó el pedido de la niña de conocer a su hijo y cuáles
fueron los fundamentos para no apoyar el pedido de la familia
ampliada de hacerse cargo del niño.
