Una
pontevedresa, Rebeca Araceli Pereira Mouriño, y su hijo de 8
años podrían tener que abandonar en breve el piso que
perteneció a su familia y en el que llevan residiendo algo más
de cuatro años. La vivienda pasó por herencia a la
congregación de las Hermanas Servidoras de Jesús de Cottolengo
del Padre Alegre y estas iniciaron un procedimiento para
desahuciarlos.
Fue
la propia afectada la que relató ayer cómo, a la muerte de su
tía abuela hace unas dos décadas, esta dejó en herencia el
piso -de 133 metros cuadrados y ubicado en pleno centro de
Pontevedra- a las monjas, con la condición de que su hermana
pudiese disfrutarlo hasta su fallecimiento. Hace algo más de
cuatro años, Rebeca y su hijo se mudaron con su abuela. «Mi
abuela pagó todo, estuvo viviendo ahí y hace un año y medio
que murió [...]. Fuimos pagando todo. Se estropeó el baño,
pagué lo del baño, lo de la vecina de abajo, puse radiadores,
pinté... Como si fuera mi casa, la cuidé como si fuera mía»,
explicó.
En
octubre del 2012, la pontevedresa recibió un carta remitida
por el representante legal de la congregación. Su primer
párrafo, toda una declaración de intenciones: «Nos ponemos en
contacto con usted en nombre de nuestro buen cliente Hermanas
Servidoras de Jesús de Cottolengo del Padre Alegre,
propietarias del piso que usted está ocupando de modo ilegal,
para exigirle que desaloje el inmueble a la mayor brevedad».
Rebeca acudió a una abogada y, en un momento dado, esta, según
su versión, «me dijo que no pagara más comunidad y dejé de
hacerlo». Y el pasado mayo se formalizó la demanda de
desahucio de precario que debería dirimirse en unas semanas.
Entre otros argumentos, se esgrime que la joven no es titular
de la vivienda, que no abona renta alguna y que «tampoco hace
frente a los pagos de la comunidad ni a los daños producidos a
terceros por averías en las instalaciones de la vivienda».
Este extremo es negado taxativamente por la pontevedresa,
quien no discute la propiedad de la casa. «El piso es de
ellas, pero que tengan un poquito de corazón», dice, al tiempo
que entiende que los desperfectos referidos tendrían que haber
sido abonados, en todo caso, por las propietarias. En su
lugar, «lo pagamos todo de nuestro bolsillo. Tendrían que
acarrear con todos los gastos, pero no lo hicieron».
En
cualquier caso, apela a la caridad cristiana para que le dejen
algo de margen para buscar una vivienda con una renta que se
ajuste a su bolsillo -«si me echan, que lo hagan, pero que me
dejen un margen para buscar algo que entre dentro de mi
economía, tengo un niño...»- o que le impongan el pago de un
alquiler social. Y mientras se aproxima la fecha del juicio,
Rebeca ha tenido que acudir a la justicia gratuita para
encontrar otro abogado que la represente en la vista oral de
diciembre.
«Deberían tener caridad. Los bancos ya sabemos que es un
negocio, pero la Iglesia...», sostiene un conocido de la
joven.
