PRODENI
|
|
“ Ni a un animal se le trata peor de cómo me ha tratado a mí”
La niña de Benamaurel reclama a la Junta un millón de euros por presunto maltrato y abandono
María Ángeles, conocida como “la Niña de Benamaurel” protagonizó en noviembre de 1998 una de las movilizaciones más importantes en España en defensa de los derechos de una niña. Tenía doce años y residía en Benamaurel (Granada) con una familia en régimen de acogida después de haber estado en otras dos familias e internada en tres centros de menores. Una decisión “desafortunada” de la Audiencia Provincial de Sevilla, en palabras de Juan Pedro Oliver Jiménez, Presidente Nacional de PRODENI y abogado de María Ángeles, para que fuera internada en otro centro y obligada a regresar con la familia de Bormujos (Sevilla) de la que había sido retirada por la Junta en 1992, cuando tenía seis años. Ante esta situación PRODENI se posicionó a su favor y provocó la movilización de su pueblo y de la opinión pública haciendo inviable la medida. Pero María Ángeles ya es mayor de edad e interpuso una demanda ante la Junta de Andalucía el pasado día 3 de Abril por los daños sufridos mientras estuvo tutelada por la entonces “Consejería de Asuntos Sociales”.
María Ángeles en un extenso y pormenorizado escrito asegura: “La Consejería de Asuntos Sociales tardó tres años en intervenir mientras sufría los malos tratos de la familia con la que residía”. Así, las denuncias comenzaron en 1989 y no fue hasta 1992 cuando la Junta la retiró de aquella familia. Pero el infierno de María Ángeles continuaría debido a las irregularidades del procedimiento de desamparo, pues después de un año de estancia en un centro de menores y de tres con una nueva familia, en la que se acababa de recuperar y normalizar, un Juzgado de Familia de Sevilla dictó su internamiento en un centro de acogida para preparar su vuelta a Bormujos con la familia que la maltrató. La causa, explica el abogado, es que la Junta “no había acreditado el desamparo de la menor al haberse despreocupado de elaborar el informe correspondiente después de no considerar válido el primero que había emitido el Ayuntamiento de Bormujos por venir suscrito por un graduado social”. La Audiencia Provincial se basó en todo momento en el vacío existente al no haber una resolución administrativa de desamparo que justificase la retirada de la menor en 1992.
Después de haber residido tres años con una familia en la que “se sentía feliz”, refiere en su escrito María Ángeles su infierno personal en un centro de menores de Sevilla. Más tarde fue trasladada a otro centro de menores en Granada y finalmente pasó a su actual familia de Benamaurel. La niña acusa a la Junta de desinterés ya que “en ningún momento la Junta veló por ella, se interesó por ella, ni siquiera con llamadas telefónicas, siendo despreciada también cuando solicitó el apoyo de Asuntos Sociales de Granada para los trámites de adopción, de lo que no obtuvo ninguna respuesta”, señala.
La principal causa de que María Ángeles no fuese retirada de nuevo en 1998 y en 1999 es la denuncia pública de PRODENI, la presión de los medios de comunicación, la movilización popular de Benamaurel, y “la sensibilización general y el buen Juez D. Francisco Serrano (Familia nº 7 de Sevilla) que fue el único instrumento legal, apoyado por el Ministerio Fiscal, que escuchó a María Ángeles” continúa el abogado “y que en aplicación de la legalidad decidió suspender una y otra vez las órdenes de internamiento dictadas por la Audiencia Provincial, comportamiento que luego el Tribunal Constitucional ratificó al revocar el auto de la Audiencia Provincial”.
Actualmente María Ángeles sigue viviendo con su familia de Benamaurel “la que le han dado siempre y le siguen dando un gran cariño, gracias a los cuales ahora está aprendiendo a ser feliz y a superar los profundos traumas sufridos en su infancia”. María Ángeles sufrió un maltrato institucional de parte de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre todo de la Administración, asegura:“Tenía la obligación de protegerme y defenderme y me llevaron a una situación de desesperación y abandono real”.
Asimismo acusa al Servicio de Atención al Niño, hoy “Servicio de Protección de Menores”, refiere: “No se ha preocupado de mí. No hay nadie de ese servicio que haya preguntado por mí. No se han desplazado a mi casa para ver como me encontraba. No han pedido informes acerca de mi situación. No me han ofrecido apoyo psicológico y cuando pedí que se me tramitara mi adopción no se ha hecho nada para llevarla a cabo. Ahora, esta adopción, al ser mayor de edad, la estoy tramitando por mi cuenta.” “En definitiva, parece que para el Servicio de Protección de Menores dejé de existir hace mucho tiempo. Ni a un animal se le trata peor de cómo me ha tratado a mí el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. Para ellos no he sido persona, sino un problema que había que resolver de la forma que fuera y quitárselo de en medio cuanto antes.” Por todo ello, María Ángeles, fija el daño recibido, sin perjuicio de una posterior valoración, en un millón de euros, que reclama a la Junta.
COMENTARIO DE PRODENI Por su parte la Asociación PRODENI apoya la demanda de María Ángeles por considerarla “justa y proporcionada a los daños sufridos, pues aún cuando ya no es posible una reparación de los errores cometidos y del abandono institucional que ella denuncia, al menos que se haga justicia y se compense a la víctima. Desde siempre nos ha impresionado el caso de María Ángeles, que ya conocimos antes de Benamaurel cuando fue retirada de la segunda familia e internada contra su voluntad en un centro de menores”. PRODENI denuncia que el caso de la niña de Benamaurel no es único en Andalucía, y recuerda las condiciones de los niños Sara e Iván por el que la Junta ha sido condenada a pagar más de un millón de euros a la madre. Además critican los “frecuentes errores y actuaciones perversas del sistema de protección de menores andaluz en los últimos años”. Málaga, 5 de Abril 2006.
|