Bienvenida la propuesta
institucional de impulsar la reforma de un sistema de protección de
menores que hace aguas por todos lados, un auténtico desastre que hemos
venido arrastrando más de dos décadas sin que gobiernos centrales y
autonómicos hayan hecho otra cosa que enredar más la madeja y causar
inmensos daños a niños y familias, fomentar la corruptela, el negocio
lucrativo, en una gestión en manos privadas sin controles ni
seguimientos.
Durante los últimos años no han cesado de aparecer quejas y denuncias de
familias, de educadores, de menores, incluso de entidades de tanto
prestigio como Amnistía Internacional o el Defensor del Pueblo (Unicef
España miró para otro lado), y hemos vivido dramas como el de la niña
Piedad en Canarias, Diego, el niño de El Royo en Castilla y León, Mariángeles,
la niña de Benamaurel en Andalucía, por citar los más emblemáticos, en
representación de cientos de casos que nunca serán conocidos, en cada
una y en todas las comunidades autónomas. Y, sin embargo, nunca jamás
autoridades administrativas, responsables políticos centrales y autonómicos,
Administración de Justicia, Ministerio Fiscal... reconocerán sus propios
fracasos, que han sido y siguen siendo inmensos porque no se ha querido
creer en en principio fundamental del interés superior del niño, viga
maestra de la Convención de de 1989, ni tenerlos en cuenta y escucharlos,
en un ejercicio notable de soberbia institucional que quedará impreso en
las páginas negras de la historia de los derechos del niño en nuestro país.
Y lo de esos técnicos del sistema de protección, y educadores, y
gestores que les siguen la corriente y que aun son más verdugos que sus
amos (cómo nos duele lo que le hicieron a la niña Piedad).
Felicitémonos pues, de que se
empiece a hablar de niños y niñas en clave de sus derechos fundamentales
y se comience a poner fin a despropósitos y corruptelas, gracias a la
iniciativa del senador socialista Mario Bedera, no lo olvidemos, de llevar
a cabo un estudio profundo sobre la adopción nacional y temas afines
(sistema de protección) a lo largo del 2009, en el que Prodeni tuvo una
destacada intervención, en cuanto a que lo que ahora acontece, lo que el
gobierno propone y lo que saldrá del Parlamento, tiene su origen y raíz
en aquella Comisión del Senado, que aunque hayan pasado casi cuatro años
nunca es tarde.
Ahora bien, en lo que venimos
leyendo y escuchando hay dos elementos claves que echamos naturalmente en
falta: el de que se incluya en el Código Civil una mención más explícita,
más determinante, del interés superior del menor, con referencia a su
significado de "plena satisfacción de sus derechos", y un claro
pronunciamiento en favor de que se respete y garantice que sean oídos, de
verdad, en todas las instancias donde se adopten decisiones que les
afecten. Dos apartados de indudable importancia que deben figurar como
enseña y guía de la presente reforma y que intentaremos hacer ver a los
grupos políticos y responsables institucionales, ahora que se nos
presenta la ocasión.
PRODENI