Los métodos que la Junta emplea con los menores, rozan el maltrato”
Víctimas de la Junta

Laura Pérez
l.perez@lacalledecordoba.com

APDH y Prodeni critica la dejadez de la administración con las familias en situación de riesgo y la ligereza con la que retiran la patria potestad. Además, denuncian que la separación se ejecuta de “forma traumática.

Sólo cuando la integridad y seguridad de un niño corran peligro es imprescindible arrancarlo de su familia de forma inmediata. Sin embargo, cuando lo que desata la voz de alarma son carencias o dificultades en la atención que recibe un menor, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social -principal responsable de la protección de los menores en Andalucía- en colaboración con las administraciones locales, debe volcar sobre las familias todas las actuaciones y recursos sociales disponibles para cubrir las necesidades que tenga el niño y evitar así, que en el peor de los casos, una situación de riesgo pueda convertirse en un expediente de desamparo que terminará separando al pequeño de sus padres.

En Córdoba esta labor preventiva está en manos de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento que desde los centros cívicos en primer lugar y con los Equipos de Tratamiento Familiar después, deben agotar todos los cartuchos para ayudar a las familias antes de derivar el expediente a Protección de Menores, donde las medidas cautelares están a sólo un paso.

De hecho, las críticas se ceban con el abuso que la Junta de Andalucía hace de la retirada de menores de forma indiscriminada, denunciando la ineficacia del trabajo que se lleva a cabo con las familias para paliar sus necesidades y evitar que los problemas se agraven. Así, y aunque desde la delegación de Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, se asegura que cuando se llega a la retirada del menor ya se ha hecho todo lo posible con la familia para evitarlo, el vocal de la comisión de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos Córdoba, Lorenzo Ochoa, resalta que sólo se trata de la visión particular de un técnico de los Servicios Sociales Comunitarios. “Son funcionarios los que aseguran que ya han hecho lo imposible y su visión se toma como buena, sin cuestionarse en absoluto”, explica.

La separación pudo evitarse

En concreto este año, según los datos facilitados a este semanario por la Unidad de la Policía Autonómica en Córdoba, un total de 98 niños han sido apartados de sus familias. El Servicio de Protección de Menores de la Junta estaba detrás de la retirada de 62 de estos menores, sobre los que pesaba un expediente de protección, una cifra que en 2006 alcanzó los 77 niños. Las 36 intervenciones restantes se debieron a iniciativa propia de esta unidad policial tras detectar una situación de riesgo en el menor. Cifra que en 2006 alcanzó las 34 actuaciones en Córdoba.

Pero sin cuestionar aquellos casos en los que realmente la vida del niño corría peligro, el vocal de la comisión de marginación de APDH-Córdoba, Lorenzo Ochoa, critica que muchas de estas retiradas podrían haberse evitado si “hubiera una voluntad real para ayudar a las familias pues, hablamos de darles una vivienda adecuada, que los padres reciban un tratamiento para la toxicomanía cuando sea necesario, o que se actúe en los colegios para evitar el fracaso de estos niños. Se trata de darles los recursos adecuados para sus necesidades”.

En Córdoba, para este trabajo actúan los cuatro Equipos de Tratamiento Familiar que deben hacer todo lo posible para que la familia funcione de manera adecuada y los niños estén correctamente atendidos. Sin embargo, como denuncia Ochoa, “tenemos casos en la ciudad donde directamente, casi con la excusa de no trabajar con la familia, se ha derivado el expediente a Protección de Menores para instar la retirada y evitar tener que intervenir con ellos”. Según el portavoz de Asociación Pro Derechos de Niños y Niñas (Prodeni), José Luis Calvo, esta dejadez de los servicios sociales está causada por “una saturación y falta de personal que los lleva a abandonar sin que lleguen a hacer todo lo posible por las familias”.

Una vez que los expedientes llegan al Servicio de Protección de Menores son derivados a una de las cuatro unidades tutelares que actúan en la provincia. Este equipo, formado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado, tiene tres meses para resolver el expediente. Durante ese tiempo, según ha podido saber este semanario, los profesionales trabajan en busca de pruebas que les den la fotografía de la situación real del menor y que los ayude a tomar una decisión. Sus fuentes, entre otras, son los propios Servicios Sociales Comunitarios, los Equipos de Tratamiento Familiar e incluso el centro educativo del niño.

Tras este periodo de evaluación, el expediente de protección llega a la Comisión de Medidas de Protección donde se toma la decisión de declarar al menor en desamparo o si por el contrario, seguirá con sus padres.

Retiradas muy traumáticas

Aún cuando está justificada la separación de un niño de sus padres, las formas que el servicio de Protección de Menores emplea en la mayoría de los casos para efectuar la retirada del niño “rozan el maltrato y provocan en los niños efectos devastadores que podrían evitarse”, según el portavoz de Prodeni,

De hecho, y aunque las familias tienen el derecho a ser informadas previamente de que Protección va a recoger a sus hijos, según ha podido saber este semanario, suelen hacerlo de improvisto, “irrumpiendo cuando la familia está desayunando a primera hora del día, incluso por la noche o llevándose al niño del mismo hospital”, añade Calvo. Algo que, a su juicio, “son métodos represivos que no están justificados por muy grave que sea la situación”. Por el contrario, explica Ochoa, las retiradas “deberían ser más sociales y educativas, preparar al menor de alguna forma para evitar que deje secuelas en ellos".

Sin embargo, excepto en los casos en que los padres entregan de forma voluntaria a sus hijos, cuando el trabajador social va a recoger al niño suele ir acompañado de la Policía Autonómica para evitar posibles conflictos con las familias.

Para colmo, otro de los lugares elegidos por Protección de Menores para la retirada de los niños son los centros educativos. Como ha podido conocer este semanario, hace unas semanas varias patrullas de la Policía Autonómica acordonaban un centro de la provincia para efectuar la retirada de un menor, cuyos padres fueron informados más tarde del lugar al que había sido llevado su hijo.

Situaciones como éstas son calificadas de “barbaridad” por APDH pues, como explica Lorenzo Ochoa, sobre todo en los centros de zonas más problemáticas se hace un esfuerzo impresionante para que los padres tengan confianza en los colegios y los niños vayan a clase. Sin embargo, añade, “saber que pueden llevarse a sus hijos del centro crea desconfianza, ninguna madre que tenga una situación delicada llevará a sus hijos sabiendo que quizás no vuelvan”.

Recursos ineficacesUna vez que los menores se convierten en hijos de la Junta de Andalucía, los servicios sociales tienen la obligación de seguir trabajando con las familias para intentar subsanar las causas que llevaron al desamparo y buscar la reintegración del niño en su entorno familiar. Sin embargo, como denuncia Calvo, “muchos menores pasan años en centros o familias de acogida sin que se haga nada para que la madre o el padre solucionen las carencias que tenían para poder recuperar a sus hijos”. En este sentido, añade, “los recursos son ineficaces. Los servicios sociales están saturados, es seguimiento no es suficiente”. Por el contrario, explica Ochoa, “los padres se ven muy solos, tienen toda la carga de demostrar que pueden ser padres y en muchas ocasiones, a pesar de los esfuerzos no lo consiguen”.

A este semanario le ha sido imposible conocer la versión de la delegada de Igualdad y Bienestar Social sobre los métodos que se emplean para la retirada de menores en Córdoba.

Familias destrozadas por un error
A Rocío le concedieron la acogida permanente de su sobrina hace un año y medio. Sin embargo, el camino que esta jóven de 23 años ha tenido que vivir hasta llegar aquí no tiene precedentes. Rocío tiene un hogar, es militar y pese a su corta edad, basta con hablar con ella para apreciar que está perfectamente cualificada para ser madre. Sin embargo, el servicio de Protección de Menores no opinó lo mismo después de valorarla para resolver la idoneidad que tenía para hacerse cargo del cuidado de su sobrina.

“La valoración consistió en una hora con el psicólogo y una visita de la trabajadora social, sólo de ahí dedujeron que yo era emotiva, que tenía muchos traumas infantiles y que no pensaba con la cabeza. El resultado fue que en quince días tenía que entregar a la niña”. Esta joven tuvo que mover cielo y tierra para buscar sus propios informes que refutaran la visión que habían dado el psicólogo y el trabajador social del servicio de Protección de Menores. “El pediatra de la niña y la directora de la guardería me redactaron documentos en los que aseguraban que mi sobrina es una niña sana y que siempre la han visto féliz”. Informes que Rocio añadió a la segunda valoración que le hizo personal ajeno a la delegación. Esta vez, recuerda, el psicólogo pasó con ella toda una tarde y le realizó varios test de valoración. Además, la trabajadora social la visitó durante cuatro días, la vió cómo se comportaba con la niña y valoró con qué recursos contaba para atender a la pequeña.

Gracias al empeño de Rocío, la Junta reconoció su derecho y su idoneidad para cuidar de su sobrina, sin embargo, como ella misma denuncia, “estoy segura de que hay muchas familias destrozadas por el error de una persona”.