María
Dolores Talavera y Luis Gil, abrazan a su hija María Luisa, tras
recuperar su custodia. / José Poyatos (Diario
Jaén)
“Ha sido una barbaridad,
no le deseo a nadie el calvario vivido en este tiempo”, señalaba este
viernes, aún emocionada, Dolores Talavera que, junto a su marido, Luis
Gil, no paran de abrazar a su hija, de 11 años, algo que no han podido
hacer en los últimos tres meses. Esta pareja de Úbeda (Jaén) ha
recuperado la custodia de la menor que le fue retirada de forma cautelar
el pasado mes de febrero al entender los médicos que las heridas en la
piel que tenía la niña eran fruto de quemaduras de cigarrillos causadas
por sus padres.
Ahora, la justicia les ha
dado la razón al constatarse que las lesiones se debían a una patología
dermatológica que sufría la niña, y que no advirtieron ni los
profesores ni los médicos que la atendieron. Los padres, que en su día
fueron detenidos e imputados
por un delito de malos tratos y recibieron una orden de alejamiento de
su hija, vuelven a respirar.
La familia ubetense cree
que la retirada de la custodia se debió a un cúmulo de “graves
errores”, por los que iniciarán acciones legales y reclamarán daños y
perjuicios. Todo empezó cuando un profesor del colegio donde la niña
cursa estudios de primaria advirtió que tenía marcas superficiales en el
cuerpo. Instaron a la familia a que la niña se sometiera a un
reconocimiento facultativo, pero, ante su negativa, se saltaron su
autorización y contactaron con un médico para que la viera. Según el
abogado de la familia, Luis Fernando Salido, la exploración de aquella
doctora se hizo desde la distancia, observando a la pequeña mientras
jugaba en el patio del colegio, y “de una manera poco rigurosa”.
Y así fue como, tras
relacionar las heridas con quemaduras de cigarrillos, se dio parte a los
servicios sociales y al juzgado de guardia. Activado el protocolo, la Junta
de Andalucía declaró el desamparo de la menor y otorgó la tutela a
un tío suyo, residente en la vecina localidad de Sabiote, aunque en un
primer momento llegó a plantearse internarla en un centro de menores más
alejado.
“Ha sido un cúmulo tras
otro de errores por el empeño de varios profesionales en jugar a médicos
y policías”, declaró el letrado de la familia, que ha podido probar cómo
las lesiones de la menor se debían a picaduras de mosquito, que le hacían
rascarse de forma compulsiva y le provocaron una dermatitis escoriasis
nerviosa.
Para Salido, se trata de
una afección que “se evidencia como si se tratara de quemaduras, pero
una cosa es que los síntomas sean similares y otra que los padres la
quemaran”.
El abogado cree que faltó
mayor diligencia y rigurosidad entre los profesionales educativos y
sanitarios, como ha quedado demostrado en declaraciones posteriores ante
el juez de dermatólogos y del pediatra, que ya seguían esta afeccion
dermatológica de la niña. “No repararon en que la niña solo tenía
lesiones adonde le llegaban las manos, no en la espalda”, apuntó
Salido. Además, lamenta que la menor fuera incluso sometida con
posterioridad a exámenes ginecológicos ante la sospecha de que podría
haber sufrido abusos sexuales de sus progenitores.
El
Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda
ha archivado ahora el proceso judicial abierto en su día, según informó
diario Jaén, por el que se acusaba a los padres de haber causado hasta
200 quemaduras a su única hija. La niña volvió el miércoles a
reencontrarse con su familia, que teme las secuelas de este alejamiento
forzoso durante tres meses. “Era una niña muy brillante en los estudios
pero ahora vemos que se ha venido abajo”, indicó el abogado , que alude
a un informe psicológico que revela el “trauma” que sufre la menor.
También
los padres han pasado lo suyo: separados de su hija tres meses, tuvieron
que cerrar su tienda de alimentación ante el impacto que causó entre el
vecindario la detención de la pareja por supuestas agresiones a su hija.
Agresiones que ahora la Justicia ha dictaminado que no existieron.
Desde
el colegio Sebastián de Córdoba, donde la niña asiste a clase, se
defiende, sin embargo, la actuación seguida. “Respetamos lo que diga el
juez, pero hicimos lo que teníamos que hacer”, indicó su director, Ángel
Fernández, que niegan que el rendimiento académico de la alumna se haya
resentido tras ser separada de sus padres. Estos tramitan el cambio de
colegio para su hija por el trato recibido en el actual.
Mientras
tanto, la Junta de Andalucía no ha querido valorar el comportamiento
seguido desde los servicios sociales y sanitarios. “Se actuó según lo
que marca el protocolo en estos casos y a instancia del juez”, indicó
un portavoz de la Delegación
del Gobierno andaluz en Jaén.
El
caso de esta pequeña de Úbeda guarda similitud con otro denunciado en
Segura de la Sierra en 2002 (Jaén), cuando la Junta andaluza también
retiró la custodia por presuntos malos tratos a la hija de nueve años de
un matrimonio. Luego se demostraría que las lesiones fueron a
consecuencia de una caída. Aunque la familia reclamó a la Junta 1,8
millones en compensación por los daños sufridos, el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó en 2011 que no cabía indemnización
porque la actuación de la Administración fue correcta.